- ** La ministra Loretta Ortiz Ahlf.
- ** El SNTE nacional frente a la crisis que vive la Sección 58.
- ** No comunicados generales, sino acciones concretas.
En México, las decisiones que más daño causan rara vez se toman desde la escasez. Se toman desde el privilegio. Desde escritorios blindados, ingresos asegurados y certezas vitales que contrastan brutalmente con la realidad de miles de trabajadores que viven al día. El caso del ISSSTEZAC es un ejemplo claro de ello.
En el centro del debate aparece la figura de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya influencia jurídica —directa o indirecta— podría incidir en el rumbo de un sistema de pensiones estatal hoy colapsado. El problema no es sólo el peso de su investidura, sino la distancia social, económica y humana desde la que se pretende decidir el futuro de maestras y maestros zacatecanos.
La información pública disponible muestra que la ministra cuenta con ingresos anuales millonarios, provenientes no únicamente de su salario como juzgadora, sino de otras fuentes legítimas declaradas. Esa condición, sin ser reprochable en sí misma, marca una asimetría profunda frente a quienes hoy dependen del ISSSTEZAC para subsistir: docentes en activo, pensionados y jubilados que no tienen margen de error, ni reservas, ni segundas oportunidades.
El ISSSTEZAC no es una cifra en un expediente. Es el ingreso mensual de quienes ya cumplieron con décadas de servicio público. Es la tranquilidad —o la angustia— de familias enteras. Es la diferencia entre llegar a fin de mes o caer en la precariedad. Cualquier resolución que ignore esta dimensión humana convierte la técnica jurídica en violencia institucional.
Resulta especialmente delicado que, bajo el discurso de la viabilidad financiera, se normalice la idea de revisar, reducir o condicionar derechos adquiridos, trasladando a los trabajadores el costo de malas decisiones administrativas acumuladas durante años. El principio de progresividad de los derechos laborales no admite interpretaciones convenientes: los derechos no se negocian cuando el Estado falla.
Hoy, el magisterio zacatecano enfrenta una vulnerabilidad estructural: salarios erosionados, incertidumbre pensionaria, desgaste emocional y un sistema que parece diseñado para resistir sobre los hombros de quienes menos pueden cargarlo. Y frente a ese escenario, las decisiones que se toman desde el poder judicial deben ser observadas con lupa, porque no todo lo legal es necesariamente justo.
A esta fragilidad se suma un factor que no puede ignorarse: la ausencia de un acompañamiento público, firme y visible del SNTE nacional frente a la crisis que vive la Sección 58. No se trata de imputar intenciones, sino de señalar efectos. La falta de posicionamiento claro debilita la defensa colectiva, reduce márgenes de negociación y profundiza la percepción de abandono entre los agremiados.
El SNTE es una organización nacional por una razón fundamental: para que ninguna sección enfrente sola conflictos estructurales. Por ello, hoy resulta legítimo exigir presencia, respaldo jurídico y claridad política. No comunicados generales, sino acciones concretas que acompañen a quienes hoy ven amenazado su futuro.
La defensa de los derechos laborales no puede ser selectiva ni intermitente. La unidad sindical se demuestra en los momentos de mayor riesgo, no cuando el costo político es mínimo.
Si el magisterio zacatecano hoy se percibe vulnerable, no es por falta de organización, sino por la desigualdad de fuerzas frente a decisiones que se toman lejos del aula y del territorio. En ese contexto, la responsabilidad de los liderazgos —judiciales y sindicales— no es simbólica: es ética y estratégica.
Porque cuando las decisiones se toman desde el privilegio y el silencio acompaña desde arriba, el problema deja de ser financiero o jurídico. Se convierte en una crisis de confianza, y esa, tarde o temprano, termina cobrando factura.
Tres para ti Doc.
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VÍCTOR HUGO GARCÍA / Tercera Fuerza / Zacatecas, Zac. / 13 / diciembre / 2025.
