• ** El ISSSTEZAC fue creado con un propósito profundamente social.
• ** La pérdida de confianza institucional genera consecuencias profundas.
• ** El ISSSTEZAC nació para proteger el retiro de los trabajadores.

«La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales.»
John Rawls

Durante años, el debate sobre el ISSSTEZAC se desarrolló principalmente en los espacios políticos: el Congreso del Estado, los sindicatos, los medios de comunicación y las mesas de negociación. Ahí se confrontaban diagnósticos, responsabilidades y propuestas. Sin embargo, los acontecimientos recientes muestran que el conflicto ha entrado en una etapa distinta: la del control judicial de las decisiones públicas.

Ese cambio no es menor.

Cuando un conflicto político termina en los tribunales, significa que la discusión ya no depende únicamente de mayorías legislativas, discursos o correlaciones de fuerzas. En adelante, el parámetro será la legalidad, la constitucionalidad de los procedimientos y la protección del interés público.

En una democracia madura, ese tránsito debería ser visto como un mecanismo institucional de equilibrio y no como una derrota de la política.

Una institución que nació para proteger

El ISSSTEZAC fue creado con un propósito profundamente social: garantizar seguridad social y pensiones a los trabajadores al servicio del Estado de Zacatecas. Su existencia responde al principio de solidaridad intergeneracional, mediante el cual los trabajadores activos financian, junto con las aportaciones gubernamentales, las pensiones de quienes concluyeron su vida laboral.

Como explican Nicholas Barr (2001) y Peter Diamond (2004), los sistemas públicos de pensiones sólo conservan su legitimidad cuando existe confianza en tres pilares fundamentales: suficiencia financiera, reglas estables y administración transparente.

Cuando alguno de esos pilares se debilita, comienza a deteriorarse no solamente el sistema financiero, sino también la confianza social que sostiene a la institución.

Eso parece haber ocurrido durante décadas en Zacatecas.

No se trata de atribuir responsabilidades anticipadas ni de construir culpables desde la opinión pública. Los problemas financieros del Instituto son resultado de múltiples factores acumulados: transformaciones demográficas, incremento en la esperanza de vida, insuficiencia de aportaciones, decisiones administrativas, reformas legales parciales, presiones presupuestales y modelos de gestión que distintos especialistas han documentado como causas recurrentes de crisis pensionarias en diversos países (Mesa-Lago, 2008; CEPAL, 2020).

Del patrimonio institucional al debate jurídico

En los últimos meses, una parte importante de la discusión pública se ha concentrado en la posible desincorporación y eventual enajenación de bienes pertenecientes al patrimonio del Instituto, entre ellos el Hotel Parador.

Sus promotores sostienen que dichas medidas buscan generar liquidez para enfrentar obligaciones pensionarias inmediatas.

Sus opositores argumentan que vender activos estratégicos puede comprometer la viabilidad futura del Instituto y que toda decisión debe cumplir estrictamente con los procedimientos constitucionales y legales aplicables.

Precisamente por esa controversia, diversos actos relacionados con este proceso han sido impugnados mediante los mecanismos jurídicos previstos por el orden constitucional mexicano. Como consecuencia, órganos jurisdiccionales han intervenido para revisar aspectos del procedimiento, emitiendo determinaciones cautelares en tanto se analiza el fondo de los asuntos.

Este hecho tiene una enorme relevancia institucional.

No corresponde al periodismo anticipar el sentido definitivo de las resoluciones judiciales. Tampoco corresponde sustituir el análisis de los jueces.

Lo que sí corresponde es advertir que, cuando un patrimonio destinado constitucionalmente a garantizar derechos sociales es objeto de litigio, la sociedad tiene derecho a exigir el máximo nivel de transparencia, motivación y rendición de cuentas.

El costo psicológico de la incertidumbre

Como psicólogo social, hay un fenómeno que merece especial atención.

Las crisis prolongadas producen fatiga institucional.

Cuando durante años los trabajadores escuchan que el Instituto está «quebrado», que «ya no alcanza», que «hay que vender», que «habrá reformas» o que «todo depende del siguiente gobierno», comienza a instalarse un estado emocional colectivo de incertidumbre permanente.

Niklas Luhmann afirmaba que la confianza funciona como un mecanismo para reducir la complejidad social.

Cuando esa confianza desaparece, las personas dejan de planear el futuro y comienzan a vivir desde el miedo.

Eso explica por qué el debate sobre el ISSSTEZAC rebasa los aspectos financieros.

Lo que realmente está en juego es la confianza de miles de familias que durante décadas aportaron parte de su salario esperando recibir, al final de su vida laboral, una pensión digna.

La pérdida de confianza institucional genera consecuencias profundas: disminuye la legitimidad del Estado, fortalece el escepticismo ciudadano y alimenta la percepción de que las instituciones ya no pueden cumplir la función para la cual fueron creadas.

La responsabilidad de todos los actores

En momentos como éste, resulta indispensable distinguir responsabilidades.

Los jueces deben resolver conforme al derecho.

El Congreso debe legislar pensando en las próximas generaciones y no únicamente en la coyuntura política.

El Poder Ejecutivo debe garantizar información completa, verificable y técnicamente sustentada.

Los sindicatos tienen la responsabilidad de defender derechos sin renunciar al diálogo institucional.

Los medios de comunicación debemos informar con rigor, verificando documentos, evitando descalificaciones personales y diferenciando claramente entre hechos, opiniones e hipótesis.

La ciudadanía, por su parte, tiene derecho a conocer no sólo las decisiones finales, sino también las razones jurídicas, financieras y técnicas que las sustentan.

La verdadera discusión apenas comienza

Quizá el mayor error sería creer que la discusión termina con una votación legislativa o con una suspensión judicial.

No.

La verdadera discusión apenas comienza.

Porque el problema de fondo no consiste únicamente en vender o no vender un inmueble.

La pregunta mucho más profunda es ésta:

¿Qué modelo de seguridad social quiere construir Zacatecas para los próximos treinta años?

Mientras esa pregunta no tenga una respuesta seria, técnica y socialmente consensuada, cualquier solución será apenas un paliativo.

Las instituciones sobreviven cuando son capaces de recuperar la confianza de quienes les dieron origen.

El ISSSTEZAC nació para proteger el retiro de los trabajadores.

Su mayor patrimonio nunca ha sido un edificio, un hotel o un terreno.

Su verdadero patrimonio siempre ha sido la confianza de quienes depositaron en él una parte de su vida laboral.

Y esa confianza —como toda confianza perdida— no se recupera mediante discursos.

Se recupera con legalidad, transparencia, responsabilidad pública y verdad.

Y Recuerda que… Entre Todos, La Familia.

Tres para ti Doc.

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Twitter: @GarciaVicko

VÍCTOR HUGO GARCÍA / Tercera Fuerza / Zacatecas, Zac. / 16 / julio / 2026.