L. Gabriel Gayosso Berman / La Cicuta / San Luis Potosí, S.L.P.
En todo el mundo los políticos son muy partidarios de la revolución, de la razón y de deponer las armas – pero ¡sólo tratándose del enemigo, no de uno mismo! Hermann Hesse (1877-1962) Escritor y pintor suizo de origen alemán.
La madrugada del 27 de abril de 2013, el Centro de Reinserción Social “La Pila”, en la capital el Estado de San Luis Potosí, se convulsionó internamente, y dio inicio de la peor MASACRE de la que se tenga memoria, en la historia del sistema penitenciario de esta entidad.
“La Pila”, como coloquialmente se le llama al principal centro estatal de reclusión, ha tenido circunstancias que han dado de que hablar, desde una construcción deficiente, hasta el sistema de autogobierno de los reos, pasando por todo tipo de actos de corrupción, fugas, infraestructura obsoleta, hacinamiento, tráfico de influencias, de alcohol, de drogas y de todo aquello que es prohibido, “suicidios” y “muertes naturales” cuestionadas, hasta el tráfico de las preliberaciones y dispendio de los recursos financieros asignados para su sostenimiento.
Pero jamás se había tenido un saldo tan trágico como hace un año, en cifras oficiales, más de una decena de muertos y un medio centenar de heridos. En cifras extraoficiales, cerca de 40 muertes violentas, y un centenar de heridos por golpes, armas blancas, contundentes y armas de fuego.
Ante la común y continua opacidad del gobierno del estado, por conducto de su área de seguridad, los rumores propagados por los familiares de los internos, de los custodios, de los propios elementos policiales que participaron en el operativo y sobre todo, por parte de los comentarios de las redes sociales, fueron y son, la versión más creíble de lo sucedió, aunque a veces raye en la fantasía.
Según el Gobierno del Estado, representado por el medico gobernante y su Secretario General de Gobierno (real gobernante); la situación se debió a que un grupo de internos, cansados de los atropellos, vejaciones, secuestros, robos y demás abusos cometidos por otro grupo de reos, identificados con una organización criminal con orígenes en el estado de Tamaulipas; violaron la seguridad interior y tomaron venganza por propia mano contra sus compañeros de reclusión, con el resultado fatídico de las muertes y los heridos.
La responsabilidad de quienes hicieron o permitieron los hechos, poco se ha sabido, unos cuantos internos puestos a disposición de los jueces penales, algunos custodios también, sin precisar su carga, un director dizque destituido cuando había renunciado con anterioridad y reacomodado en la Dirección de Servicios Periciales de la PGJE en la zona altiplano, y ¿los responsables directos de la masacre?: Impunes y gozando de libertad, sueldo y prerrogativas, apareciendo como héroes de esta trágica y macabra historia.
Desde que un individuo, hombre o mujer, menor o mayor de edad; presunto responsable de un delito, es detenido, asegurado o aprehendido por la autoridad, queda él, su integridad y su propia vida, bajo la tutela del Estado y éste es el responsable de integridad física y emocional.
Constitucionalmente, el responsable de los individuos en internamiento o reclusión es el Ejecutivo, a través de las instancias correspondientes, y es su responsabilidad salvaguardar su integridad física, su vida y desarrollar las acciones necesarias para su readaptación y posterior reinserción en el tejido social.
Desgraciadamente, el Gobernador Fernando Toranzo, el Secretario General de Gobierno, Cándido Ochoa Rojas; el Secretario de Seguridad Pública, Joel Melgar Arredondo; la Directora General de Prevención y Reinserción Social, María Concepción Tovar Monreal; el Procurador General de Justicia, Miguel Ángel García Covarrubias; el Director General de Seguridad Pública del Estado, José Luis Urban Ocampo, y hasta el personal de Seguridad y Custodia, siguen en su lugar, sin responsabilidad alguna y sin ser molestados por estos hechos.
La propia Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación al respecto, señalando que, aunque se declaró oficialmente que los homicidios fueron por golpes y armas punzocortantes, existieron decesos por armas de fuego; que a un año, todavía algunos internos viven y se encuentran segregados en “El Túnel”, lugar improvisado para darles seguridad.
El autogobierno, el tráfico de influencias y de todo tipo de artículos y drogas, siguen vigentes en el penal, como se ha dado constancia en las propias redes sociales, y ahora, la Dirección General de Prevención y Readaptación Social; no sabemos asesorada por quien; ha iniciado una serie de Tours dentro del Centro de reclusión, para desmentir lo que es de todos sabido, y para lo cual ha convocado a los reporteros de los medios de comunicación y a los legisladores locales.
Desgraciadamente, los testimonios de internos y familiares, desmienten toda acción y confirman lo que es de todo sabido, la Prevención, la Readaptación y la Reinserción Social son un fracaso y solo existen en el texto de las leyes y el discurso político.
Los muertos ahí quedan, el recuerdo de los abusos policiales y de los fuerzas castrenses, quedan en la memoria de los reos que vivieron la masacre y de sus familiares, en las notas periodísticas y en los anales políticos para ser utilizados en su momento apropiado; en la memoria histórica de la sociedad y en el resguardo de las autoridades federales, para sacar provecho posteriormente.
El medico gobernador cargará en su conciencia la muerte de estos individuos en reclusión, sus expresiones nimias de justificación, pueriles de inicio, abyectas de un gobernante, solo han servido para consolidar el repudio popular, incluidos sus propios compañeros de partido, como se ejemplifico en la pasada inauguración del Festival de San Luis, o su presencia ante un grupo de estudiantes en Ciudad Valles.
Los tiempos avanzan, se acerca el próximo proceso electoral, las campañas soterradas están en todo su auge y en todos los partidos políticos; el cobro de facturas de hace eminente y los aciertos (si es que los hay) se minimizan y los defectos y desbarres se magnifican. Y si a todo eso, los gobernantes, legisladores y munícipes se ayudan, pues bien vamos a estar.
La descomposición gubernamental ha alcanzado niveles críticos, la ausencia del gobernador en palacio; la notoria presencia, manipulación y autoridad del Secretario General de Gobierno; el enriquecimiento de funcionarios, empleados y, hasta cuñados y amigos de la pareja gobernante, es ampliamente conocido; la descomposición alcanza a la iglesia católica local y se hace eminente. Pobre San Luis, no se lo merece.
Comentario 1: La comparación de la Feria de la Enchilada en Soledad de Graciano Sánchez, con el Festival de San Luis Potosí, es perniciosa y tendenciosa. Ambos eventos tienen calidad diferente, una es popular y una inmensa cantina y gran negocio; el otro, se supone un acontecimiento cultural. Ambos, aderezados con un alto contenido político electoral.
Comentario 2.- Los sucesos fatídicos sucedidos en la zona huasteca en los últimos días, habla del fracaso de las políticas criminológicas implementadas o declaradas por el gabinete de seguridad. El descredito en la policía estatal, la ministerial y las policías municipales es mayúsculo, y así seguiremos, no se ven aspectos de mejoramiento.
