En tráfico de influencias y nepotismo incurre Ricardo Gallardo Cardona y su gobierno, denunció Francisca Reséndiz Lara, tesorera del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado (SITTGE), y aseguró que la presidenta estatal de DIF, Ruth González Silva; el Secretario de Salud, Daniel Acosta Díaz de León; y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Guzmar Ángel González Castillo, pudieron ingresar a la nómina estatal a familiares directos.
En conferencia de prensa, consideró que la realidad contradice el discurso oficial de la reducción de personal para bajar el gasto en recursos humanos, despidiendo ilegalmente a integrantes de organismos gremiales, para supuestamente dedicar el recurso ahorrado a gasto social, pues evidenció que de los más de 850 empleadas y empleados estatales que han cesado, el titular del poder ejecutivo ha ingresado al triple, es decir, a por lo menos 2,500 personas cercanas.
Denunció que Gallardo Cardona ha colocado a su tío, Ricardo Cardona Reyna en la Secretaría de Desarrollo Social Regional, él es hermano de su mamá, María del Pilar Cardona Reyna; también dio empleo a su otro tío, Manuel Cardona Reyna, en la Dirección General de Ejecución de Medidas para Menores; y además colocó a un tío más, José Concepción Gallardo Martínez en la Dirección General de Gobernación Estatal. “En todos los casos los puestos asignados son de alto nivel, precisó.
Refirió que Ruth González Silva “no se queda atrás”, porque tiene a su tío, Juan Carlos Torres Cedillo como titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, e instaló a otro tío, David Silva Cruz, en la Dirección General de Ejecución de Medidas para Menores.
En otros casos de nepotismo citó al secretario de Salud, Daniel Acosta Díaz de León, quien colocó a su hijo Emanuel Acosta en el Servicio Médico de Oficialía Mayor; y al titular de Seguridad, Guzmar Ángel González Castillo, quien colocó a su hija, Mayela de los Ángeles Gonzáles en la misma área.
La Tesorera del SITTGE aseguró que el titular del área jurídica del Centro de Reinserción Social de Ciudad Valles, Arturo Cervantes Juárez, instaló a su novia, Lorena Rodríguez Silva como custodia. Lo mismo hizo la titular del área jurídica del Centro de Prevención y Readaptación Social de La Pila, Juana Adriana Ángeles Aguilar, quien metió a su sobrino, Uriel González Aguilar, también como custodio, resaltando que ambos recomendados, sólo realizan labores administrativas, no trabajo de vigilancia.
Reséndiz estimó que el mandatario estatal y los funcionarios cometen actos que podrían encuadrarse en el delito de tráfico de influencias, según el artículo 221 del Código Penal Federal, así como en nepotismo, que si bien no es sancionable legalmente, sí lo es moralmente.
Consideró que el gobernador “quiere engrosar la nómina para tener una base política en el Gobierno del Estado que le permita ser candidato a la Presidencia de la República por el Partido Verde Ecologista de México, utilizando los espacios laborales estatales como base, y los programas sociales”, dijo.
Reiteró que para este fin político ha metido a más gente a trabajar en el gobierno, así, instaló a 300 en la Secretaría de Desarrollo Social Regional para manejar tales programas sociales; a 33 personas en el Parque Tangamanga I; a 13 en la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios; a 25 en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; así como a 84 en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo que contradice la austeridad que pregona.
Puntualizó que el titular del Ejecutivo persiste en atacar al Sindicato, porque éste no se somete a su poder, ni le sirve “como tapete” y calculó que ha gastado en demeritar la imagen del SITTGE y sus miembros, tanto, que ya superó el monto de los adeudos plasmados en las demandas laborales y que el gobierno estatal se comprometió a resolver al firmar la minuta del 8 de abril pasado, con lo que “gasta los pesos para ahorrar los centavos”, añadió al asegurar que tarde o temprano va a prevalecer la verdad y la ley.
