Muchas décadas este país ha venido padeciendo servidores públicos que al amparo de sus cargos unos por elección y otros por designación, realizaron en el mejor de los casos jugosos negocios con socios o prestanombres y en los peores desviaron recursos sin en el más mínimo recato, acciones que vinieron en detrimento del patrimonio de las Instituciones.
Es cierto que en fechas muy recientes, aun observamos con asombro casos que esa naturaleza, sin embargo la herramienta constitucional de la transparencia y la rendición de cuentas, ha permitido a los ciudadanos contar con información cuyo acceso antes era prácticamente imposible de obtener, lo que ha conducido a que se conozcan puntualmente datos y cifras relacionadas con el manejo de los recursos públicos.
Así, a partir de los movimientos sociales y del activismo ciudadano se han logrado transparentar instituciones públicas, en los aspectos más elementales, como son los sueldos de los funcionarios, los presupuestos, en que se gastan los recursos públicos y como funcionan las Instituciones que son patrimonio de todas y todos.
En esta lógica, es importante desatacar el compromiso que debemos asumir todos los servidores públicos, y es el de hacer válido el Principio de Máxima Publicidad, es decir, darle a conocer a todas las personas lo que tenemos, lo que percibimos durante el encargo y lo que dejamos a nuestro paso por la Instituciones, considerando que el servir es un privilegio, que de ninguna manera nos coloca por encima de ninguna persona, pues ajustándonos a la máxima Juarista, la función pública permite vivir en una honrosa medianía.
Luego entonces, el perfil del servidor público del siglo XXI, el que exige la ciudadanía, debe necesariamente no perder su cercanía con la gente, debe ser un trabajador más que cumple como todos con un horario y con los compromisos propios de su cargo, llegar primero y ser el último en irse, pero también ser una persona a quien se puede encontrar por la calle paseando con sus hijos, comiendo igual en una taquería que en un restaurante, asistiendo a un evento deportivo, a la practica de su culto religioso, manejando su coche o utilizando el transporte público.
Muchos dirán que estas prácticas asemejan al populismo, pero no es así, hoy los ciudadanos quieren servidores públicos cercanos, atentos, sin frivolidades, pero sobre todo transparentes, que las Instituciones en las que tenemos el honor de servir se conviertan en “cajas de cristal”, donde cada peso y cada centavo se utilice para los fines y propósitos para los que la Constitución y la Ley les tiene destinados.
Transparencia es, además de un derecho fundamental, la fórmula más exitosa para legitimar un cargo público, un derecho de los ciudadanos y una obligación para los servidores públicos, sí a la 3 de 3, sí a las declaraciones y a las cuentas públicas abiertas, sí a que todas y todos conozcamos el trabajo de las Instituciones, para que sean bienvenidas las críticas, pero sobre todo para redignificar el servicio público.
Es cuanto.
JORGE ANDRÉS LÓPEZ ESPINOSA / La Opinión del Ombudsperson / San Luis Potosí, S.L.P. / Agosto 30 de 2017.
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