El abogado José Mario de la Garza cuestionó la reforma al Código Penal del Estado de Puebla, bautizada como “Ley Censura”, y puntualizó que “penalizar la palabra es propio de los autoritarios, no de quienes dicen gobernar en democracia”.
En su cuenta de X, antes Twitter, el abogado potosino cuestionó: “¿De qué va esta reforma? Castiga con prisión a quien, “a través de tecnologías de la información”, insulte, agravie u ofenda a otra persona de forma “insistente”, si esto le provoca un menoscabo emocional. El problema es que la norma castiga lo impreciso, lo ambiguo, lo subjetivo. Y eso, en derecho penal, es inaceptable”.
Si se analiza la norma desde el plano constitucional, abundó, se vulnera el principio de taxatividad penal, porque no se definen con claridad los verbos típicos. No se exige dolo específico. Se sanciona sin necesidad de un daño real ni objetivable y cuestiona: “¿Cuál es el resultado? una norma penal tan abierta que permite castigar expresiones críticas, incómodas o satíricas solo porque alguien las perciba como ofensivas”.
La SCJN ya se ha pronunciado sobre casos similares
Recordó el abogado potosino, que en la Acción de Inconstitucionalidad 29/2011, la Suprema Corte invalidó el artículo 373 del Código Penal de Veracruz, que imponía una sanción penal a quien, por cualquier medio, afirmara falsamente la existencia de amenazas públicas.
“Aquí la Corte concluyó que esa norma vulneraba la libertad de expresión, transgredía el principio de taxatividad penal y constituía una restricción innecesaria y desproporcionada para un régimen democrático”.
Sugirió que si se analiza desde el derecho interamericano, la Corte IDH ha sostenido que la libertad de expresión protege incluso el discurso “ofensivo, chocante o perturbador”.
“Revisen la OC-5/85 y el caso Kimel, Norín Catrimán, sirven de parámetro para este tipo de abusos”, publicó y advirtió que el nuevo artículo 480 no supera el test tripartito del art. 13 CADH (i) no es claro; (ii) no tiene una finalidad legítima demostrada; y (iii) es necesario ni proporcional”.
“Más que prevenir violencia digital, legaliza el castigo del disenso”.
Cerró hilo en su cuenta de X, diciéndole de frente al gobernador @armentapuebla_ y al Congreso de Puebla @CongresoPue : “penalizar la palabra es propio de los autoritarios, no de quienes dicen gobernar en democracia”.
Y concluye “Nos vemos en los tribunales, mi Gober. Ya verá que todavía quedan resquicios de jueces y juezas independientes que le pongan un freno a su nula convicción democrática”.
