Una fuerte crítica y rechazo ha despertado en redes sociales la iniciativa que pretende que los funcionarios públicos de elección popular obtengan los mismos beneficios que la burocracia de base, y aplicaría a gobernadores, alcaldes, regidores y diputados. “Ni voto, ni pensiones”, citan campañas.
La modificación que los diputados locales pretenden a la Ley de Pensiones y Prestaciones Sociales para los Trabajadores al Servicio de Estado contemplan la pensión por jubilación, la pensión por edad avanzada o inhabilitación; pensión para familiares por muerte del trabajador pensionado; devolución de aportaciones en caso de separación del servicio; devolución de aportaciones del trabajador a sus familiares en caso de fallecimiento; préstamos para vivienda; préstamos quirografarios y obtención en propiedad o renta de casas o terrenos de la Dirección de Pensiones, con facilidades de pago.
El diputado Eugenio Guadalupe Govea Arcos detalló que la iniciativa para incluir la obligación de las instituciones públicas de cubrir prestaciones sociales a todo servidor público que actualmente no tiene acceso a ella; no es una pensión, sino una cotización al sistema de pensiones durante el tiempo en el que dure el cargo.
Govea Arcos dijo “que es a todas luces inconstitucional” que los funcionarios de elección no tengan prestaciones como trabajadores del estado, entonces se pretende adecuar la ley “de tal suerte que tengan todos estos servidores públicos derecho a su prestación social”.
Agregó que operaría igual que para todos los empleados del gobierno estatal, federal, en todos sus ámbitos, “o sea, hay una aportación del servidor público y hay otra aportación igual de la institución”. La Ley obliga al Gobierno estatal a aportar también el equivalente a 5% del sueldo base del trabajador para créditos a la vivienda.
En respuesta, Ciudadanos Observando inició una campaña NO a la pensión de Gobernadores, Diputados, Alcaldes y Regidores.
Explican que se justifican argumentando que existen declaraciones universales sobre derechos humanos en las que toda persona tiene el derecho a una jubilación o una pensión, sin embargo, en la ley local no se contempla como beneficiario a los servidores públicos de elección popular.
No especifican duración, montos y será con cargo al erario público colocando a las finanzas estatales en un serio peligro.
Ramón Ortiz Aguirre dijo en su cuenta de Facebook: “Ya basta de los abusos de la gente en el poder ya sea ejecutivo, legislativo o judicial. ¿Que este grupúsculo de diputados no ha podido entender el hartazgo del pueblo?, ¡YA BASTA!”.
Libertad Márquez Evans señala: “¿Qué les pasa a estos diputadetes¡¡¡¡ no tienen llenadera, no permitamos que se sigan llenando los bolsillos de nuestro dinero, a la %&/()=?$/&%”.
Entonces que también les paguen como a cualquier trabajador y que dejen de llevarse más de 200 mil pesos mensuales al bolsillo. Que ya no les den bonos para gasolina, servicio médico, bonos por fracción; gastos médicos mayores; viáticos para todos sus viajes; y su jugoso bono de marcha. Y sobre todo, que se pongan a trabajar y no en pend)(/&%$# como esta iniciativa”.
