GABRIEL GAYOSSO BERMAN / La Cicuta / San Luis Potosí, S.L.P.
“La violencia no es sino una expresión del miedo”. Arturo Graf (1848-1913) Escritor y poeta italiano.
Los acontecimientos funestos y violentos ocurridos el pasado 26 de septiembre del año que trascurre, en Iguala, Guerrero, en perjuicio de jóvenes estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, del mismo estado, solo reflejaron, en una mínima proporción lo que acontece a todo lo largo y ancho del territorio nacional.
Lo acontecido fue la gota que derramo el vaso que, desde hace lustros, se ha estado llenado en la conciencia de la colectividad; el punto de quiebra para exigir respuestas que siempre han encontrado el cómplice silencio de la autoridad, ese silencio que desespera, que destruye la confianza y que refleja el contubernio o la intelectualidad de los delitos atroces que comete el llamado crimen organizado.
Aunado al asombro y la incredulidad de los acontecimientos, la rabia y el coraje por las lelas declaraciones de la autoridad gubernamental, la percepción de que el sistema pretende ocultar más que esclarecer los hechos, molesta la pasividad del grueso de la población que se ha vuelto deshumanizada e inmune a los sangrientos crímenes que se cometen, ahora ya no por delincuentes comunes u organizados, sino también a funcionarios públicos, particularmente a los encargados de hacer cumplir la ley, es decir, las policías.
La sociedad mexicana está exigiendo resultados, particularmente de quienes tienen la responsabilidad de la seguridad pública, de la procuración de justicia y de la impartición de la misma. Empezando por el Presidente Enrique Peña Nieto, que al parecer, al igual que el Gobernador de nuestro sufrido Gran Tunal, viven en su burbuja, apartados de una realidad cruda y cruel.
La presión internacional ha sido más poderosa de lo que se había pensado. Figuras e instituciones de una relevancia e influencia significativa se han pronunciado porque el gobierno mexicano, entendamos nuestros gobernantes, hagan todo lo que les corresponde hacer para esclarecer la desaparición, y ahora la muerte de los 43 estudiantes normalistas guerrerenses.
Instituciones y figuras como los voceros de la UNESCO, el Parlamento Europeo, la Organización de Estados Americanos y la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos; figuras como el Papa Francisco y el presidente estadunidense Barack Obama.
Hasta hace unas horas, cuando el Procurador General de la Republica, Jesús Murillo Karam, expresara su ahora famosa frase “ya me canse”, al dar la versión oficial de los hechos y concluir que los estudiantes desaparecidos fueron ejecutados, posteriormente incinerados sus cuerpos y por último, sus cenizas y restos arrojándolos en un rio; deja ver la conclusión y terminación de las investigaciones.
Dichas conclusiones, que exceden de rasgos inverosímiles y dejan muchas más dudas que certezas, no son aceptadas por los padres y compañeros de los estudiantes desaparecidos, tampoco por el grueso de la opinión publica nacional
Se toman con igual escepticismo como las explicaciones sobre las fosas encontradas en San Fernando, Tamaulipas o en Durango, o en Veracruz, o en Coahuila o en cualquier parte de nuestro México. Ya nadie les cree.
La percepción social que se tiene por el viaje del Presidente Peña Nieto a China y Tailandia, es que, para la autoridad federal, el asunto está por concluirse y casi resuelto.
La caída del Gobernador perredista Ángel Heladio Aguirre Rivero, así como la aprehensión del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Rivero y de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, esta última aparentemente emparentada con algunos conocidos narcotraficantes regionales, no soluciona la autoría material de las desapariciones, asesinatos y disposición final de los restos de los estudiantes, como determina la PGR.
Aun mas, a la autoridad ministerial se “le hizo bolas el engrudo”, como se dice coloquialmente, pues en la “implacable” búsqueda de los estudiantes desaparecidos, encontraron más fosas clandestinas con cuerpos y restos humanos, y hasta la fecha, no han sabido explicar a quién pertenecen y mucho menos, quien los asesino.
No cabe duda, cada vez están peor, apostándole a que el tiempo y/u otro nuevo suceso dejen en el olvido del colectivo social, lo ocurrido.
Ni siquiera importa la identificación de los cadáveres, cuando existen miles y miles de personas reportadas como desaparecidas y que aún hay padres, madres, esposas, hijos, hermanos en espera de tener noticias de su familiar desaparecido.
Para agravar la situación, las políticas que en materia de seguridad se han implantado por parte del Sistema Nacional de Seguridad Publica, que ha destinado una muy buena cantidad de dinero público para la capacitación, profesionalización y especialización de las policías del país, incluyendo y haciendo énfasis en las fuerzas municipales, ahora señaladas, por centésima ocasión como los autores y cómplices de estas atrocidades y muertes, han probado el fracaso de estas medidas criminológicas, dejando a las fuerzas castrenses, con sus asegunes y excepciones, como la única opción para el combate de la creciente criminalidad en el país.
Por otro lado, y dada la certeza de que algunas autoridades, servidores y funcionarios públicos tienen relaciones comerciales, laborales, de amistad y de negocios con miembros de la delincuencia organizada y la no tan organizada también, el Poder Legislativo debería aprovechar la oportunidad y el momento político para realizar las modificaciones necesarias a la legislación electoral para evitar que el poder público sea permeado por los grupos delincuenciales.
Como propusiera conocido personaje potosino, que al igual que a las policías, peritos, ministerios públicos y custodios, se les aplique a los aspirantes o candidatos a cargos de elección popular, en los tres niveles de gobierno, exámenes de control de confianza, con especial énfasis en situación patrimonial, toxicológicos y poligráficos.
Es más, de una vez, dado que los legisladores federales están tan entusiasmados con el tema de la reelección en algunos cargos públicos, que legislen en favor de la figura de “revocación de mandato”, que la sociedad civil exige sea aplicada a todos los cargos de elección popular, incluida la Presidencia de la Republica.
En este contexto, aun veremos movilizaciones y exigencias para la aclaración de los hechos, la exigencia social se hará presente y se intensificara, al igual que la presión internacional; por ende, es probable que la autoridad gubernamental no deje su postura de considerar que los hechos ya han sido clarificados y resueltos.
Debemos de estar pendientes de que no se pretenda criminalizar la protesta social, como pidiese mal pensarse a raíz de la quema de la puerta de Palacio Nacional, por supuestos manifestantes o supuestos infiltrados institucionales, pues sabemos y estamos seguros que nuestros legisladores, en cuanto se los pida el Ejecutivo, modificaran la ley penal para impedir que la sociedad se manifieste, violentando los derechos fundamentales, constitucionales y humanos.
La sociedad mexicana ya no quiere declaraciones y presentaciones mediáticas, ya no más silente actuación, ni complicidad silenciosa, no más campañas mediáticas o detenciones novelescas, sino resultados fehacientes, identificación positiva de cuerpos y restos humanos, entregar a los deudos la certeza de que sus familiares han fallecido y de que los asesinos, delincuentes y cómplices estarán pagando con prisión, por mucho tiempo, su culpa.
Que los criminales, políticos o no, tengan un juicio penal apegado a Derecho, con sentencias sólidas y congruentes que soporten todos los recursos legales que se puedan presentar y que no habrá necesidad de revocaciones de sentencias y juicios por violaciones al debido proceso.
Que seamos un país reconocido, no por sus muertes, desapariciones, ejecuciones y violencia, sino por ser una tierra de oportunidades, de trabajo, de inversión, donde la seguridad jurídica sea una constante y no la excepción.
Cuando la democracia deje de ser una partidocracia, cuando se aspire a cargo de elección popular por convicción y no por dinero, cuando se legisle de manera humanizada y se dejen de lado los intereses partidistas, nuestro país, nuestro pueblo y nuestra población cambiara.
Viene un proceso electoral. La sociedad va a cobrar facturas a los partidos políticos y sus candidatos.
En algunas regiones del país, la sociedad civil se hará presente, en otras seguirá la dictadura partidista y la corrupción rampante; pero se sienten aires de cambio, esperemos que no sean tormentas.
Comentario: La inconformidad entre los miembros activos y no activos de las fuerzas militares por las consignaciones de los elementos que participaron en los hechos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México, al parecer tienen su origen en una orden dada desde hace mucho tiempo, cuando el ejército tomo las calles para combatir la delincuencia organizada y la alta criminalidad; ¡“No traigan detenidos”!
Comentario 2: El reconocimiento, por parte de las autoridades gubernamentales locales, de la existencia de una banda de roba chicos, mas parecería una cortina de humo o una de las múltiples declaraciones descabelladas en medios de comunicación e información, que acciones claras y concretas de combate a la criminalidad. Lo bueno es que al parecer no fue raptado o robado infante alguno, lo malo es que tampoco hubo detenciones ni consignaciones al respecto. O sea, como siempre, ¡ni para sacar un perro de una milpa!
