El Impuesto del Doctor
Por Luz María Lastras Martínez/ lucylastras@gmail.com
De manera inverosímil, los potosinos hemos sido castigados con el pago de un impuesto que además de ser injusto es ilegal.
Cobros de casi el 1000% de incremento son los que tenemos que pagar en 2012, comparados con los que pagamos en 2011.
Un buen amigo me llamó alarmado, para platicarme sobre la burla de que había sido objeto, cuando al recibir por correo el recibo de pago de tenencia por su vehículo de trabajo, supuso que había un error, pues el pago realizado el año 2011 fue por el monto de $ 904.00 (novecientos cuatro pesos) y el monto consignado en el recibo 2012 era por $9,350.00 (nueve mil trescientos cincuenta pesos).
Confiado en que se trataba de un error, llamo a la Secretaría de Finanzas, en donde la persona que lo atendió le informó que no había ningún error en el recibo, que era el monto que los diputados habían determinado en la Ley de Hacienda, motivado por las iniciativas presentadas por el Gobernador Toranzo y por dos diputados.
Mi amigo al borde del infarto replica que no es posible que un impuesto se incremente en 1000% de un año al otro, además de que en Querétaro los ciudadanos ya no pagaban impuestos. La respuesta del burócrata no se dejó esperar, recomendándole que le convendría más ir al vecino estado a tramitar los documentos de su vehículo.
Como es lógico, muchas personas inconformes con el cobro de este impuesto estarán pensando en plaquear sus vehículos allá, pero el decreto contiene candados que lo impiden, al menos para los vehículos de trabajo, ya que obliga al pago de tenencias a los vehículos pertenecientes a tenedores o usuarios cuyo domicilio fiscal se ubique en el territorio potosino, y a los que hayan tramitado placas de transporte público federal ante autoridades federales competentes radicadas en el estado.
Creerá usted que estoy hablando de un vehículo de lujo último modelo, de esos que conducen solos y hasta platican. Pues no, amable lector, estoy hablando de un vehículo de trabajo, de un chasis-cabina Ram 4000 modelo 2010, de transmisión manual, seis cilindros diesel, con plataforma. Un vehículo de esos que en cualquier país desarrollado estaría subsidiado para incentivar a la pequeña empresa, pero que en San Luis no solo no tiene incentivos sino que es severamente castigado.
¿Qué hicimos los potosinos para merecer el castigo que nos imponen nuestros gobernantes? No es posible que, lejos de entrar en la dinámica nacional con el retiro de un impuesto ilegal, a nosotros nos toque, no solo seguir pagándolo, sino además, pagar con incrementos irracionales.
El gobernador se negó a desaparecer el impuesto. En su iniciativa, se niega incluso a desaparecerlo para los vehículos de más antigüedad a 10 años. Y así quedó. Finalmente los diputados, como siempre, actuaron en contra de los intereses de los ciudadanos y autorizaron el auténticamente leonino cobro.
Lo hicieron además con instrumentos que estoy segura, ni siquiera muchos de ellos entienden, pues el decreto es sumamente confuso, al grado que la propia Secretaría de Finanzas está cayendo en graves yerros en su aplicación, y está generando recibos descabellados, como el que cito en el ejemplo, que son desproporcionados incluso en vehículos similares.
Echemos un vistazo al origen de este impuesto. En el año 1962, el entonces Presidente de la República Adolfo López Mateos propuso el Impuesto sobre tenencia o uso de automóviles, como una adición a la Ley de Ingresos de la Federación de ese año, con el argumento para el cobro de dicho impuesto de que era necesario generar infraestructura y espacios adecuados para la celebración de los juegos olímpicos que se celebrarían en México en el año de 1968. Como la medida resultó altamente productiva en recaudación, posteriormente le dio forma legal, y presentó al Congreso la Iniciativa de Ley de Impuesto sobre tenencia o uso de Automóviles, argumentando las mismas razones.
El 27 de diciembre de 2006 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto en el que se reforma la Ley de Hacienda del Estado potosino, adicionando el Capítulo VI del Título Segundo, que crea el Impuesto Estatal sobre la Tenencia o Uso de Vehículos, con el fin de gravar la tenencia o uso de vehículos automotrices de más de 10 años de fabricación o ejercicio automotriz.
El impuesto federal permaneció y fue hasta diciembre de 2007 que se publica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que abroga dicha ley, a partir del1° de enero de 2012, en cumplimiento a una promesa de Campaña de Felipe Calderón.
El artículo 16 de la última Ley de Impuesto sobre la Tenencia o Uso de Vehículos faculta a las entidades federativas a establecer impuestos locales o municipales sobre tenencia o uso de vehículos, y de igual forma, la misma Ley señala que el impuesto federal puede suspenderse antes del 1° de enero de 2012 si las entidades federativas establecen impuestos locales sobre la tenencia o uso de vehículos, en suplencia del impuesto federal.
Esta maniobra la implementó el Presidente para dejar a las entidades federativas la decisión de continuar cobrando el impuesto o exentar a la ciudadanía del cobro del mismo.
En San Luis, hasta 2011 los potosinos pagamos el impuesto federal. Muchas entidades federativas optaron por eliminar el cobro de la tenencia, pero otros, como San Luis, carentes de visión para diseñar nuevos modelos impositivos, decidieron trasladar el impuesto al ámbito estatal.
En el ánimo de imponer el cobro de la tenencia en el ámbito estatal, el Gobernador Toranzo presentó una iniciativa para incorporar dentro de su legislación fiscal el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, con el argumento de que con ello evitará que las finanzas del Estado se vean debilitadas.
El diputado Felipe Abel Rodríguez Leal presentó iniciativa de decreto que modifica la Ley de Hacienda del Estado, en los artículos referentes al cobro de tenencia a vehículos con antigüedad mayor a diez años de uso o fabricación, en que plantea la inclusión del impuesto en los términos de la Ley Federal abrogada, al ordenamiento estatal, con algunas consideraciones, como la eliminación del pago de tenencia a los vehículos con 10 años de antigüedad.
El diputado Xavier Azuara presentó iniciativa que deroga el capítulo VI de la Ley de Hacienda estatal, que contiene los artículos referentes al impuesto de tenencia estatal para vehículos de 10 años de antigüedad, bajo la tesis de que éstos queden exentos de cobro, y que el impuesto federal se traslade al estado, en un texto confuso y de difícil interpretación, pero que finalmente se viene a sumar a la intención de aplicar el impuesto en el ámbito estatal.
Así lo concluye el dictamen que fue aprobado por el Pleno del Congreso el 9 de diciembre de 2011, que en su séptimo considerando consigna las coincidencias en las dos iniciativas presentadas por los legisladores, en cuanto al cobro de la contribución y que sean las autoridades fiscales de San Luis quienes ahora cobren la contribución de referencia, y coincidente también parcialmente con la del Ejecutivo, con la diferencia de que la del gobernador “continúa grabando vehículos diez años anteriores al ejercicio fiscal a una tasa del 0%, siempre y cuando se encuentren al corriente de sus pagos y además un subsidio equivalente al 50% de este impuesto a los propietarios de vehículos con valor factura de origen hasta de $150,000.00, siempre que se encuentren al corriente hasta el ejercicio fiscal 2011 en el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, Derechos de Control Vehicular y demás obligaciones fiscales tanto de carácter federal coordinado, como estatal a que se encontraren sujetos.” (Párrafo transcrito del Dictamen).
En resumen, el Dictamen presentado al Pleno el 9 de diciembre pasado concluye:
DICTAMEN
UNICO. Se aprueban, con modificaciones, las iniciativas presentadas por los Diputados Xavier Azuara Zúñiga y Felipe Abel Rodríguez Leal, así como la presentada por el Ejecutivo del Estado.
Y fue aprobado en votación nominal por 19 diputados a favor, en contra votaron 7 que son Xavier Azuara Zúñiga, Alfonso José Castillo Machuca, Pedro Pablo Cepeda Sierra, Juan Daniel Morales Juárez, José Guadalupe Rivera Rivera, Felipe Abel Rodríguez Leal, y Oscar Carlos Vera Fábregat, y la ausencia de la diputada Patricia Álvarez.
Los diputados Azuara y Rodríguez Leal votaron en contra, no obstante que presentaron iniciativas avalando el cobro, pero en otros términos.
