Por Adriana Ochoa / La Cábala / Pulso / San Luis Potosí, S.L.P.
El gobierno torancista que emitió decretos y programas ambientales donde prometía proteger la Sierra de San Miguelito, acabó impulsando obras de infraestructura favorables a los intereses de inmobiliarios que ya comercializan predios aún sin cumplir con los requisitos en materia ambiental, de desarrollo urbano ni de factibilidad de agua.
Desde 1999 el Gobierno del Estado encargó estudios e hizo gestiones para proteger la Sierra de San Miguelito, localizada en los municipios de San Luis Potosí, Mexquitic de Carmona, Villa de Reyes y Villa de Arriaga.
En el Periódico Oficial del 18 de julio de 2002, se publicó el Acuerdo Administrativo en el cual se inscribe en el Registro de Sistema de Áreas Naturales Protegidas a la Sierra de San Miguelito.
La inscripción se justificó porque la Sierra de San Miguelito es un área de recarga del acuífero para San Luis Potosí y su conurbación. A partir de esta medida, se encargó la caracterización y el plan de manejo para concretar la medida.
El 15 de julio de 2010, la administración de Fernando Toranzo Fernández hace publicar en el Periódico Oficial su Programa Sectorial del Medio Ambiente 2010-2015. En la lista de retos y metas del documento, se incluye el compromiso de dar “seguimiento puntual de los planes de manejo de las áreas naturales protegidas y la expedición de los que aún no se han elaborado”.
En febrero de 2010, Segam anunciaba que la Sierra de San Miguelito fue declarada por decreto área Natural Protegida en un documento emitido por el gobernador, Fernando Toranzo Fernández. Pero el decreto, casi cuatro años después, no se pudo concretar: un particular apareció en estrados con un título virreinal en la mano y frenó el proceso. El abogado Enrique González Ruiz ubicó detrás de ese particular a “un importante grupo de desarrolladores urbanos”.
Para entonces, Gran Peñón, un proyecto inmobiliario sobre mil 400 hectáreas de la Sierra de San Miguelito en San Luis Potosí, ya estaba en proceso. Sin cumplir con requisitos ambientales ni de factibilidad de agua, consiguió abrir mercado con una autorización “condicionada” que le otorgó el Cabildo capitalino, en el pasado Ayuntamiento.
Prácticamente, Gran Peñón ha hecho lo que le ha venido en gana. No puede ni siquiera garantizar agua potable a sus compradores, pues Interapas asegura que hasta el viernes pasado no había gestión de factibilidad de agua realizada.
Fuera de culpar al anterior ayuntamiento por esa autorización que le permitió a Gran Peñón comercializar un fraccionamiento de saliva, y reconocer que el negocio está más retorcido que el suéter de “La Chilindrina”, no hay autoridad local que se atreva a frenarlo en definitiva. Que no pueden, han dicho funcionarios municipales y estatales. Pero ni alcalde ni gobernador dicen algo (o por lo menos, a falta de gobernador, alguno de los cuatro o cinco personajes a quienes se atribuyen facultades de gobierno efectivo en este sexenio). El gobernador que publicó decretos y programas sectoriales para defender la Sierra de San Miguelito, a la hora de la verdad desaparece de escena.
Para peor: Gobierno del Estado metido a impulsar proyectos que le harán al fraccionamiento infraestructura invaluable.
LES PONEN PRESA Y CARRETERA
Enliada como está la propiedad de la Sierra de San Miguelito, sin autoridad que pueda y quiera evitar su pavimentación grosso modo, dos inversiones públicas han de convertirse en regalos del erario para los fraccionadores de la zona serrana.
La primera es una carretera de ocho kilómetros de la Junta Estatal de Caminos tiene en consideración de “obra prioritaria” y conectaría la prolongación de avenida Juárez, desde la intersección con el bulevar Rocha Cordero, hasta el Eje 140.
El proyecto, de realizarse, serviría de “columna vertebral” a las pretensiones inmobiliarias de los dueños de Gran Peñón, motivo por el cual la compañía se ofreció generosamente a ceder toda la franja de tierra necesaria con 60 metros de ancho. Gran Peñón dona o cede 650 mil metros cuadrados como derecho de vía. Y cómo no, si esa “carretera” va a acabar siendo su avenida principal para desplantar desde ahí otras vías comunicantes y servicios básicos; no verlo así es pecar de una sospechosa carencia de imaginación.
El director de la Junta Estatal de Caminos, Ricardo Fermín Purata Espinoza, todavía se puso a encomiar que los costos de los estudios y requisitos están siendo cubiertos por el desarrollador. Encantado el funcionario como novia agradecida porque le pagan la prueba de embarazo, pero que nada de parto si sale positiva, manutención de niño y mucho menos boda.
Purata Espinoza ya se había atascado en el barrizal de sus propias declaraciones cuando salió al quite el vocero de Gobierno del Estado, Roberto Naif Kuri, con otra perla abracadabrante: que siempre no hay dinero para la “prioritaria” carretera de Gran Peñón y que la Junta Estatal de Caminos sólo hace proyectos de carreteras donde se necesitan, una tarea que realizan como mulas con anteojeras, por eso ni idea tienen del entorno los muy inocentes.
El titular de la Secretaría de Gestión Ambiental, Manuel Barrera Guillén, salió a enmendarle la plana al conmovido director de la JEC: la obra no puede ser autorizada hasta en tanto no se cumplan los requisitos de ley, lo que incluye la categoría de la Sierra de San Miguelito como área vital para el equilibrio ambiental y zona de recarga del acuífero para la capital potosina.
Para 2013, se gestionó que la Federación presupuestara 30 millones de pesos para la construcción de una presa reguladora de avenidas con el fin de evitar inundaciones en la Zona Industrial. El recurso debió ser devuelto a arcas federales porque el proyecto no pudo avanzar, por los líos jurídicos generados por la aparición de Gran Peñón y su desarrollo.
La ficha técnica de la construcción de la presa para control de avenidas “La Cantera” para explicar el motivo de su presupuestación en 2013 señala que la obra debió comenzar en marzo del año pasado y concluir en diciembre.
Explica que los escurrimientos provenientes de la Sierra de San Miguelito, específicamente del arroyo “La Cantera” son intermitentes y su caudal no es extraordinario, pero debido a su pendiente muy inclinada sí es una cuenca rápida y en poco tiempo los volúmenes de agua llegan de manera intempestiva “al valle donde se encuentra la Zona Industrial San Luis por lo tanto afecta y desquicia la actividad de buena parte de las industrias”.
Menciona que un canal pluvial construido por Mexinox conduce, pero no regula, los volúmenes de avenidas extraordinarias de la Sierra, pero su capacidad es reducida y además se topa con una barrera formada por el desnivel de la autopista San Luis-México. Cuando se presentan lluvias continuas, el canal no alcanza a desalojar y el nivel sube y se desborda inundando el área. La Zona Industrial San Luis carece de drenaje pluvial.
Menciona las inundaciones han afectado en ocasiones anteriores a 144 predios, 127 de ellos donde operan industrias y 17 con empresas de servicios. Así que la presa, que tomaría el nombre del arroyo, se justifica como inversión federal “para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas” pues regulará las avenidas de agua.
La presa volvió a ser presupuestada para este año, pero es muy probable que tampoco avance. Si no es posible detener el negocio inmobiliario, a lo mejor hasta la presa sirve para crear un desarrollo residencial con club de esquí acuático, tipo Tequesquitengo o Valle de Bravo. Imaginación para lucrar no les ha de faltar, menos si el atractivo lo paga el dinero público.
Y han lloriqueado todo el sexenio con que no pueden gastar en traerse una armadora.
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