- ** ¿Cómo pudieron operar Ulises y Nancy sus antros durante un año sin ser molestados por alguna autoridad?
- ** A una semana de la tragedia del Rich, los avances en las investigaciones permanecen herméticas y únicamente se dan a conocer clausuras de negocios durante la semana que aún no termina.
- ** Los terceros pisos de plazas comerciales en el poniente de la Capital potosina, son antros y significan otros focos rojos.
San Luis Potosí, S.L.P. / LA BRECHA / Junio 14 de 2024.- De la tragedia en el Rich son responsables, según las leyes que aplican para el territorio potosino, los dueños del negocio, el Gobierno del Estado y el Gobierno Capitalino de San Luis Potosí. Este caso es el botón que sacó a relucir la corrupción que impera en los giros negros en la entidad y es la única explicación de que Ulises y Nancy hayan podido operar sus antros durante un año sin ser molestados, inclusive en el reciente periodo de “ley seca” de las pasadas elecciones, cuando trabajaron durante horas. En suma, si no hay permisos, hay «moches» que no requieren mayor trámite.
A una semana de los trágicos acontecimientos en el Rich, donde uno de los negocios que operaba sin permiso colapsó, por incumplir con las normas mínimas de seguridad y por el sobrecupo en el evento de Kevin Moreno. Anteriormente hubo otros eventos con Odette, Sebastián Esquivel y Eugenio Esquivel, Paolo Fajer y el que mencionó el papá de Manuel Alejandro la noche de la oración para los caídos en la Plaza Alttus, Fofo Bautista.
Lo que marca la ley para la solicitud de permisos:
Tomando en cuenta la legislación vigente, la administración de Ricardo Gallardo autoriza la venta de bebidas alcohólicas, y el control lo tienen la Coordinación General de Gobernación, a cargo de “Conchito” José Concepción Gallardo Martínez; la Coordinación Estatal de Protección Civil que tiene como titular a Mauricio Ordaz Flores: y vigila la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de SLP, a cargo de José Luis Ruiz Contreras, tras la renuncia en el mes de mayo de Guzmar Ángel González Castillo, por motivos personales.
La administración de Enrique Galindo, presidente municipal con licencia por el reciente proceso electoral y en este momento a cargo de Alexandra Daniela Cid González, autoriza la venta de cerveza y también le corresponde el área de Espectáculos. El control lo ejerce la Dirección de Comercio que inicialmente operó Beatriz Benavente, renunció en marzo de 2022 y en su lugar quedó Jorge García Medina, hasta que se lo llevaron a la campaña de reelección y no aparece algún titular que lo supla, aunque se supone que es Francisco Juárez; tiene su parte en esta tragedia la Comisión Permanente de Comercio, Anuncios y Espectáculos, donde figuran los regidores como integrantes de la comisión, Gustavo Mercado Garay, Alejandro Fernández, María Eugenia Castro Anguiano y Carmen Acuña; y finalmente la seguridad pública a cargo de la Dirección de Seguridad Municipal, con el Comisario Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, quien asumió el cargo en septiembre de 2021, en sustitución de Edgar Oswaldo Jiménez Arcadia.
Los dueños del negocio son los primeros responsables, Ulises y Nancy: ella es administradora y representante, salvo en el El Club Rua, ubicado en el mismo inmueble en el que está el Rich, aparece como representante legal Hermenegildo N.
Ulises, a decir de propietarios de negocios de giros negros, es un joven originario de Michoacán, que no tenía ningún vínculo ni negocios en San Luis Potosí hasta que llegó precisamente al inicio de las administraciones estatal y municipal.
Los negocios que operaron sin ser molestados son “Azul Fuego”, ubicado en Pedro Moreno y Fausto Nieto; “Central Bar”, en Venustiano Carranza; y el bar “RUA Club” en Sierra Leona, dentro de la misma plaza Alttus, donde ocurrió la tragedia del Rich. Todos han sido clausurados después de la muerte de los dos jóvenes y los 10 heridos.
Los negocios trabajaron con tolerancia en la reciente “ley seca”, ante el enfado de dueños otros giros negros en la Capital potosina. El Ayuntamiento informó en su momento, que en el caso de Azul Fuego operó hasta antes de las cero horas y que no hubo necesidad de sancionar, toda vez que el lugar fue desalojado antes de que entrara en vigor la prohibición de venta de bebidas alcohólicas.
“Personal de Inspección estuvo presente en punto de las 11:30 de la noche del día viernes 31 de mayo, corroborando que no se expidieran bebidas alcohólicas y que se iniciara el desalojo del lugar en ese momento”, informó Pulso en una nota periodística y la dependencia y aseguró que Comercio Municipal no consideró necesario emitir alguna sanción, luego de que sus inspectores verificaron que los asistentes al sitio fueron desalojados por completo, conforme a la Ley de Alcoholes del Estado de San Luis Potosí.
En ese fin de semana, los comercios, bares, restaurantes y otros giros “con licencia para la venta de bebidas alcohólicas de cualquier tipo” respetaron la veda que entró en vigor a las 00:00 horas del sábado 1 de junio, por lo que la Dirección de Comercio no emitió sanción alguna, citó la autoridad, pero ¿Y los de sin licencia?
Circulan videos donde se ve que esos mismos antros trabajaron en plena ley seca. Pero, ¿Cómo lo hacen? Y ¿Cómo lo hicieron hasta el día de la tragedia?
Omar Niño publicó que José Concepción Gallardo es el principal responsable de la tragedia del «Rich» y que el gobierno de Gallardo lo tapa, porque cada semana le lleva «los moches” y que permite que se vendan bebidas alcohólicas a menores de edad en los antros que se «mochan”.
Personal de antros aseguran que los pagos que se hacen, sin mencionar a quienes o a quien, oscilan entre los tres mil y ocho mil pesos por semana y de esta manera evitan realizar cualquier otro trámite formal. ¿Qué sentido tiene cumplir con la ley si todo está arreglado con dinero? Preguntan quienes sí cumplen con todos los requisitos, porque además, afirman que resulta un verdadero calvario poder cumplir con todo lo que exige la ley.
Así es como presuntamente operan quienes incumplen con las leyes en los giros negros. No necesitan permisos si hay buen pago de por medio, exponiendo la seguridad de quienes acuden a los negocios.
A una semana de los hechos en el Rich, la indignación se mantiene en la sociedad potosina, sobre todo porque las autoridades estatales y municipales se “echan la bolita”. La Fiscalía General asegura que pronto habrá detenciones, en tanto que J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario General del Gobierno del Estado, informó que dos jovencitas permanecen en estado grave en el Hospital Lomas, recibiendo cuidados intensivos y que el Ejecutivo estatal no escatimará en gastos para apoyar a las víctimas del colapso.
La Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV) ha erogado 800 mil pesos en servicios hospitalarios para los afectados y se asegura que este trágico incidente ha subrayado la importancia de la seguridad en eventos públicos y la necesidad de estar preparados para emergencias.
Las investigaciones continúan para determinar las causas del colapso y evitar que sucesos similares ocurran en el futuro.
El problema no radica únicamente en que los negocios tengan o no las licencias de funcionamiento, sino que antreros incumplen con medidas de seguridad, por ejemplo, además del sobrecupo, es notorio que los terceros pisos de las plazas comerciales siguen inundadas de antros y bares sin salidas de emergencia; sin embargo, querer enseñarle el “padre nuestro” a Protección Civil estatal y municipal, así como a las áreas de Inspección y cada una de las autoridades que cita la ley, sale sobrando, ellos saben qué deben hacer y si no se hizo o se hace, probablemente el “moche” sea la respuesta.
El Consejo del Patrimonio de Áreas y Centros Históricos del Estado de San Luis Potosí expresó preocupación y subraya la necesidad urgente de revisar y reforzar las normativas vigentes sobre el uso de terrazas en azoteas, en la zona centro de la ciudad, tras el lamentable suceso ocurrido la noche del viernes 7 de junio.
En junio de 2022 el Consejo del Patrimonio Estatal entregó una recomendación a las autoridades municipales de la Capital potosina, para alertar sobre los riesgos asociados con la saturación de cubiertas discordantes en las terrazas de bienes inmuebles ubicados en los Perímetros A y B de la zona de monumentos históricos e identifican a 25 negocios que operaban con el giro de restaurantes, cafeterías y bares.
La recomendación subrayaba la necesidad de vigilar y asegurar el cumplimiento de la ley para evitar daños irreparables tanto al patrimonio como a los consumidores en los perímetros considerados Patrimonio de la Humanidad (CRTA) por la UNESCO.
En el mes de octubre de 2023, se realizó otro evento en el Rich, con temática de Halloween, ese día hubo aglomeración en la puerta y se detectó que los barandales podrían caerse en caso de mayor concentración de gente, lo advirtió José Guadalupe González Covarrubias, presidente Ciudadanos Observando, .
El incidente, de acuerdo a la investigación revelada por el grupo ciudadano, fue notificado al encargado de seguridad del antro, él estuvo enterado y únicamente dijo que informaría a los dueños del negocio para que hablaran con el encargado de la plaza y lo atendieran; ahí comenzaron las omisiones.
El siguiente punto es que desde el principio permitieron la entrada a menores de edad, porque se hacen pasar como restaurante bar, en el que hay otra violación a la ley.
La indagatoria indica que la tercera anomalía detectada fue que ya con los menores de edad adentro, se les vende alcohol porque en realidad funciona como antro, y tienen lleno de menores de edad por esa causa, condición que desde entonces ya representa una anomalía grave.
Ciudadanos Observando consideró increíble que las autoridades digan que no sabían de estas anomalías y que los encargados de la plaza digan que no sabían que ese tipo de antro operaba así.
Recordó también el accidente del antro The Club, ocurrido el 27 de septiembre de 2008, donde murió la joven Alma Elena del Carmen. Es decir, ya existía un antecedente, y explica que justo ahora las autoridades actuales y vigentes dicen exactamente lo mismo que en la ocasión de aquel percance, y eso significa que nunca se aprendió la lección y que sigue habiendo corrupción.
En la última sesión de Comisión de Comercio y Espectáculos del Cabildo Capitalino, el Secretario del Ayuntamiento, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, señaló que tanto Gobierno del Estado como el Ayuntamiento son corresponsables de la regulación de los negocios nocturnos, y que no es posible que el lugar donde fueron los hechos cuente con un permiso de venta de alcohol, expedido en abril por la Dirección de Gobernación, cuando no satisfacía las condiciones de protección civil señaladas por el Estado.
La Comisión de Comercio y Espectáculos del Cabildo Capitalino acordó mantenerse en sesión permanente hasta establecer mecanismos para un mayor control y orden en la operación de antros, bares y restaurantes, además de fortalecer los esfuerzos conjuntos con las autoridades estatales, para evitar que se vuelvan a presentar incidentes que pongan en riesgo a la población.
Entre las acciones inmediatas establecidas con la Dirección de Comercio Municipal, está la integración de un censo que incluya a todos los establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas de baja y alta graduación, y que además presenten algún espectáculo, con el fin de supervisar las condiciones en que operan y que cuenten con todos los permisos en regla.
Los titulares de las áreas municipales involucradas presentaron un informe de las acciones que se llevan a cabo junto con las autoridades estatales para el control de este tipo de establecimientos.
