Ante la denuncia de las extorsiones que sufren los productores cañeros de la Huasteca, principalmente los de la zona de Ciudad Valles que abastecen el Ingenio Plan de San Luis, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona desmintió que se trate del crimen organizado y acusó a sindicatos como los responsables de los actos.
Medios de Comunicación publicaron que la delincuencia organizada, valiéndose de falsos sindicatos y federaciones obreras extorsionaban con sumas muy importantes de dinero a los involucrados en la producción de caña y azúcar; sin embargo, el Gobernador del Estado aseguró que “durante años las autoridades no les hicieron caso y para ellos era más fácil y más cómodo dar un moche. “Nosotros estamos acabando con eso, hay ocho personas señaladas con órdenes de aprehensión y se van a acabar los moches”.
El viernes pasado, Viajaron a Valles los secretarios General de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, y de Seguridad y Protección Ciudadana, general Guzmar Ángel González, así como el Fiscal General del Estado, José Luis Ruíz Contreras. En el ejido La Hincada escucharon las quejas de los afectados, quienes insistieron todo el tiempo en que ya antes las habían hecho llegar a las dependencias ahí representadas, pero que nadie les había hecho caso.
Una de las solicitudes de los productores fue el restablecimiento lo antes posible de la base de operaciones de la policía estatal que estaba desde hace tiempo frente al Ingenio Plan de San Luis, que fue desmantelada con el cambio de titulares en el Gobierno del Estado y en el Ayuntamiento vallense. Hasta este martes por la tarde no se había hecho nada.
Ante las versiones en la Huasteca, en el sentido de que la empresa Promotora Industrial Azucarera, S.A. (PIASA), parte del consorcio Arca-Continental-Femsa, considera su cierre, señalan que sería un golpe para la economía de la región.
El Ingenio Plan de San Luis, tiene 35 años de antigüedad y es considerado uno de los más modernos del país en servicio, es fuente de sustento para más de 4 mil familias en forma directa y de otras 2 mil 500 en empleos indirectos.
En la zafra anterior, los productores que abastecen al ingenio le entregaron 1 millón 430 mil toneladas de caña, que se convirtieron en cerca de 200 mil toneladas de azúcar en sus diferentes tipos.
Para la zafra en curso, a través de las agrupaciones de productores, los operadores del crimen organizado imponen una cuota especial de equis cantidad de pesos por cada tonelada de caña entregada al ingenio, que significa, según las publicaciones, por lo menos de 10 millones de pesos, únicamente por lo que hace al Plan de San Luis.
Las denuncian señalan que para controlar los volúmenes sujetos a las cuotas, los delincuentes requieren la complicidad de funcionarios y personal del ingenio que les entreguen la información necesaria, razón por la cual el consorcio dueño de la planta ha comenzado a analizar su eventual traslado a otra región fuera del estado, además, aseguran que las denuncias han sido interpuestas y que si no las conocen, es porque también desconocen el manejo de la Fiscalía.
Gallardo Cardona consideró que son 10 años dando moches y sin denunciar, producto de la corrupción dentro de la Fiscalía General del Estado, ya que al denunciar, los extorsionadores acudían a regañar a los líderes cañeros por ir a presentar su queja.
