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Protestan Comunicadores en el Congreso del Estado

El asesinato a periodistas en México, la falta de garantías para ejercer la profesión y la agilización de la instalación de la Comisión de Atención a Periodistas, fueron las razones para que miembros de medios de comunicación, protestaran en el pleno del Congreso del Estado.

Lucina López, quien encabezó el movimiento, reclamó a las autoridades locales y estatales, las condiciones en las que desarrollan su profesión y a decir de ellos, aguantando groserías y malos tratos de los funcionarios, en el marco del día fem comunicólogo.

Con pancartas y carteles, la prensa potosina acudió al Congreso del Estado para hacerse sentir y lograr un cambio para los agremiados periodistas, como parte de la protesta nacional que se desarrolla por los 11 periodistas asesinados únicamente en 2022.

Tras la protesta, los legisladores integrantes de la Junta de Coordinación Política aseguraron que no darán carpetazo a la comisión y no se instalará como mero trámite, por el contrario, buscarán hacer la diferencia entre el gremio.

«Nosotros nos damos a conocer gracias a ustedes, sin ustedes nosotros no somos nada y hoy lamentamos ver una manifestación de periodistas en el pleno, esperábamos todo menos esto», dijeron legisladores.

Los diputados y los miembros de la prensa acordaron mesas de trabajo para la instalación de la Comisión de Atención a Periodistas y emitirán un exhorto al Gobierno Federal para garantizar una profesión segura y digna.

Como dato, México es el país más peligroso sin guerra para la prensa en todo el mundo, advierte la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) y alerta sobre el aumento de la violencia contra periodistas y los altos índices de impunidad.

En su reporte Bajo Riesgo, Reporteros sin Fronteras informó que sobre las deficiencias de los mecanismos de protección a periodistas en América Latina, señala que México concentra el 42 por ciento de los asesinatos de periodistas ocurridos en Latinoamérica entre 2011 y 2021.

Asegura que las políticas públicas implementadas por el gobierno mexicano, a través del mecanismo de protección de defensores de derechos humanos y periodistas, no han sido suficientes para frenar la violencia contra la prensa.

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