Con 24 votos a favor, una abstención y un voto en contra, por mayoría, la LXIII Legislatura rechazó los informes de las cuentas públicas de la Auditoría Superior del Estado.
Dentro de de lo rechazado, incluyen los 114 informes de la Auditoría Superior del Estado (ASE), de la cuentas públicas correspondientes a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos públicos autónomos y descentralizados, los 22 organismos operadores de agua potable y las 58 alcaldías, del ejercicio fiscal 2020.
En tribuna, la presidenta de la Comisión de Vigilancia, Martha Patricia Aradillas García, propuso rechazar los informes por inconsistencias en el proceso de auditoría de todas las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2020, sin embargo, diputado Edmundo Azael Torrescano Medina respondió que por no contar con una comisión con todos los diputados, se opuso a la votación en general de todas las cuentas públicas, porque en la revisión solo se encontraban tres diputados y utilizaron solo 2 días para revisar 14 de la 114, sin que se sepa el procedimiento del resto de las auditorías.
Al respecto, el diputado Rubén Guajardo Barrera pidió votar el dictamen del Congreso del Estado porque fue diputado y miembro de la Junta de Coordinación Política, sin embargo, pidió registrar en el orden, el corregir deficiencias y sancionar a los funcionarios que no acudueron q comisiones.
El diputado José Antonio Lorca Valle informó que se ejercieron 50 mil 200 millones de pesos el año 2020, y solo devolvieron 3 millones de pesos mal ejercidos y la diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán reveló que fueron dictadas salvedades por la Auditoría Superior del Estado, sin que se cuente con la información para evaluar esas cuentas públicas, porque los entes obligados la negaron.
La presidente de Vigilancia, Martha Aradillas, explicó que fue necesario tomar una muestra de catorce expedientes de auditoría, para hacer un análisis minucioso del trabajo del órgano auditor, y para verificar el cumplimiento y observancia de la normatividad especializada en materia de fiscalización, y de los principios fundamentales de auditoría gubernamental.
Martha Patricia Aradillas explicó que se pudo constatar el ejercicio de revisión deficiente, cuyos resultados yacen sobre la base de incertidumbre y duda, a todas luces apartada la realidad, no por dichos de la Legislatura, sino de la ciudadanía y las propias administraciones de gobierno que han formulado diversidad de señalamientos sobre irregularidades detectadas en el proceso de entrega-recepción.
