Desde la Opinión 51 expresamos nuestra profunda preocupación ante el uso cada vez más frecuente de mecanismos institucionales para intimidar, sancionar y condicionar a periodistas, columnistas y ciudadanas que ejercen su derecho a opinar y cuestionar al poder.
Los casos recientes de nuestras compañeras columnistas Laura Brugés y Laisha Wilkins son una alarma que no puede desoírse.
Brugés recibió una notificación del Instituto Nacional Electoral (INE) que la amenaza con una posible multa si no revela sus fuentes periodísticas. Esta acción, además de contradecir el derecho constitucional al secreto profesional, sienta un precedente alarmante que pone en riesgo la periodística laboral en México. Laisha Wilkins fue recientemente requerida tras tuitear un comentario crítico sobre una excandidata a ministra de la Suprema Corte.
A este escenario se suman los casos de Karla Estrella , ciudadana de Sonora sancionada por cuestionar en redes a la diputada Diana Karina Barreras, y de Jorge González , periodista en Campeche penalizado por publicar columnas firmadas por autores que temen represalias. Ambos procedimientos legales para expresar sus opiniones.
Esta tendencia no es nueva. Denise Dresser, también columnista de Opinión 51, fue acusada por la diputada Andrea Chávez de ejercer violencia política de género por sus críticas. Aunque Dresser ganó finalmente el litigio, el uso distorsionado de esta figura jurídica fue una advertencia temprana del clima de censura que vivimos.
El caso más reciente es el del periodista Héctor de Mauleón, a quien el Instituto Electoral de Tamaulipas ha ordenado inscribir —junto con el diario El Universal— por cuatro años en el registro de personas sancionadas por violencia política de género. La razón: una columna crítica sobre una candidata en campaña. Esta decisión, basada en una interpretación extrema de la norma, representaría un nuevo intento de utilizar el marco legal de protección a los derechos político-electorales de las mujeres como arma para censurar opiniones periodísticas.
Reprobamos y rechazamos enérgicamente estas acciones que buscan silenciar voces críticas, castigar la disidencia y debilitar el periodismo libre. Cuando opinar se convierte en riesgo legal, la democracia se tambalea.
Opinión 51 seguirá siendo un espacio libre, plural y un pilar firme de la libertad de expresión en México. Respaldamos a nuestros columnistas y a todas las voces ciudadanas que ejercen su palabra como herramienta de conciencia y transformación. Defenderemos siempre el derecho a cuestionar, señalar y pensar en libertad.
Pamela Cerdeira, Sandra Romandia, Soledad Durazo, Sofía Guadarrama Collado eLe, Laisha Wilkins Katia D’Artigues, Laura Pérez Cisneros, Claudia Pérez Atamoros, Bárbara Anderson, Frida Mendoza, Lourdes Encinas, Yohali Reséndiz, Ilana Sod, Laura Carrera, Mónica Flores, Amy Glover, Diana Murrieta, Adela Navarro Bello, Raquel López-Portillo, Rita Alicia Rodríguez, Areli Paz, Nadia Rodríguez Lourdes Mendoza Jimena de Gortari Ludlow María Alatriste, Alejandra Latapi, Leticia González Graciela Roca, Ivabelle Arroyo, María del Carmen Alanís, Laura Pamela Sandoval, Lillian Briseño, Sonia Serrano Íñiguez Laura Manzo, Nelly Segura.
