- ** La deuda que no se ve… pero que se paga.
- ** Desde una perspectiva jurídica, el hecho es grave.
- ** Esos recursos no eran “dinero del gobierno”.
Anteriormente hablamos de la crisis del ISSSTEZAC como una deuda moral con los trabajadores y sus familias, hoy es necesario avanzar hacia el núcleo jurídico del problema: los deudores institucionales que, durante años, retuvieron cuotas y aportaciones destinadas a la seguridad social y no las enteraron al instituto.
Aquí ya no estamos frente a un debate ideológico ni a una diferencia de visiones políticas. Estamos ante un incumplimiento objetivo de obligaciones legales que ha puesto en riesgo la viabilidad de un sistema de pensiones y, con ello, la estabilidad de miles de hogares zacatecanos.
La deuda que no se ve… pero que se paga
El ISSSTEZAC no colapsó por generación espontánea. El deterioro financiero se explica, en buena medida, por adeudos históricos de entes públicos que, siendo patrones, tenían la obligación legal de retener y transferir puntualmente las cuotas de los trabajadores y las aportaciones patronales.
Desde una perspectiva jurídica, el hecho es grave: retener recursos con destino específico y no enterarlos no es una omisión administrativa menor; es una conducta que vulnera el principio de legalidad, afecta derechos adquiridos y compromete la responsabilidad patrimonial del Estado.
Desde una perspectiva humana, el daño es todavía más profundo: esos recursos no eran “dinero del gobierno”, eran ahorros diferidos de los trabajadores, parte de su salario social, destinados a garantizar su retiro. Y por eso si es una deuda que hay que saldar.
Sindicatos: defensa legítima, pero no selectiva
El movimiento sindical ha sido enfático —y con razón— en señalar que las reformas al ISSSTEZAC no deben cargar el costo de la crisis sobre los hombros del trabajador activo o jubilado. Esa postura es legítima y necesaria. Sin embargo, resulta éticamente insuficiente cuando no se exige con la misma fuerza el cobro a los deudores institucionales.
Aquí emerge una contradicción incómoda:
¿cómo exigir la intangibilidad de derechos sin exigir, al mismo tiempo, el cumplimiento estricto de las obligaciones patronales de las propias instituciones públicas?
El sindicalismo que hoy necesita Zacatecas no puede limitarse a la resistencia. Debe ejercer vigilancia jurídica, exigir auditorías, acompañar procesos de recuperación de adeudos y, si es necesario, impulsar acciones legales para que quienes incumplieron respondan conforme a derecho.
Callar frente al deudor institucional es, en los hechos, normalizar el quebranto al sistema.
El Estado frente al espejo legal
El gobierno estatal en turno ha reconocido públicamente la existencia de adeudos históricos y una institución descapitalizada. Ese reconocimiento es un primer paso, pero no suficiente.
Desde el ámbito jurídico, el Estado tiene una doble obligación:
- Como garante de derechos, debe asegurar el pago oportuno de pensiones.
- Como ente rector, debe iniciar o continuar los procedimientos administrativos, financieros y, cuando corresponda, legales para la recuperación de recursos.
No hacerlo implica un mensaje peligroso: que el incumplimiento institucional no tiene consecuencias. Y un Estado que no cobra lo que por ley corresponde, termina trasladando el costo a quien menos responsabilidad tuvo en la crisis: el trabajador.
El impacto psicosocial del incumplimiento
Cada peso no enterado al ISSSTEZAC se traduce en incertidumbre emocional, en miedo al futuro, en desgaste psicológico para jubilados y trabajadores activos. La seguridad social no es sólo un tema financiero; es un pilar de estabilidad mental y familiar.
Cuando las instituciones fallan, la ansiedad se instala en los hogares:
—¿Habrá pensión mañana?
—¿Cambiarán las reglas otra vez?
—¿Quién responde si el sistema cae?
Un Estado que permite deudas impunes erosiona no sólo sus finanzas, sino la confianza social, base indispensable de la gobernabilidad.
Finalmente, la discusión sobre el ISSSTEZAC ya no admite evasivas. Los deudores institucionales existen y deben responder. El sindicalismo debe elevar su exigencia del discurso a la acción jurídica. El gobierno debe demostrar que la ley no es negociable, ni siquiera entre entes públicos.
Porque mientras no se cobre a quien debe, toda reforma será incompleta y toda promesa será frágil. La justicia social no se construye ajustando derechos, sino haciendo cumplir obligaciones.
En Zacatecas, la verdadera prueba del Estado y del sindicalismo no está en el discurso, sino en su capacidad de decir con hechos: la seguridad social no se toca, y quien la quebrantó, responde.
Y Recuerda que… Entre Todos, La Familia.
Tres para ti Doc.
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VÍCTOR HUGO GARCÍA / Tercera Fuerza / Zacatecas, Zac. / 29 / enero / 2026.
