Una vez resuelto el juicio TESLP/JDC/94/2024 toda vez que ni el Ejecutivo del estado ni el Poder Legislativo recurrieron en el Tribunal Electoral, transcurrido el plazo para hacerlo, y queda firme la sentencia del Juzgado Tercer de Distrito que obliga a que se legisle la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación, queda en la cancha del Congreso del Estado derogar o no diversos articulados de la Constitución y el Código penal locales.
La resistencia de la Iglesia Católica potosina y los grupos conservadores ProVida locales está latente y una muestra de ello fue la marcha “En favor de la Mujer y la Vida” del pasado sábado 5 de octubre encabezada por el obispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe, así como también lo dicho por el vocero clerical, Tomás Cruz Perales, perfilando atrincherarse en el poder del púlpito, lo cual avizora una confrontación social-religiosa con repercusiones político-electorales.
Durante décadas, el tema fue eludido por el Congreso del Estado, otrora dominado por el PAN-PRI que acomodaticiamente y con cálculos electorales mostró su pasividad y se plegaba al poder de la Diócesis.
Pero la conformación del poder político en San Luis ha cambiado y los poderes, en manos de la gallardía emparentada con el morenismo, parece no tener intenciones de seguir conteniendo la furia de las colectivas Pro Aborto que demandan se despenalice la interrupción legal del embarazo en el plazo citado y se respeten sus derechos reproductivos tal y como lo mandató la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La oposición conservadora PAN-PRI es pírrica, la fuerzas progresistas de la cuatroté ahora imponen sus mayorías en el Congreso y todo parece indicar que es cuestión de días en que se deroguen los artículos locales y las mujeres potosinas, sin presiones de ser criminalizadas, puedan decidir abortar o no.
Pero tales condiciones también pasan por el tema de cálculo electoral, sobre todo en metrópolis conservadoras como la capital del estado, que concentra la mayoría del electorado y por la carrera para gobernar la “joya de la corona” que inició desde el 3 de junio. No hay que olvidar que la colectiva ILE promovente de la iniciativa 3763 que ahora el Congreso del Estado está obligado a dictaminar antes del 26 de noviembre es proclive al morenismo.
Ojo: Las y los diputados están obligados por sentencia a dictaminar, más no a votar a favor de la iniciativa y con ello despenalizar el aborto. Por ser reforma constitucional, necesita la mayoría calificada del Pleno del Congreso del Estado, lo cual no implica problema alguno para PVEM, Morena y aliados, pero ello no garantiza que la iniciativa pasará.
El vocero del obispado ya lo perfiló: Las y los diputados no sólo representan a las colectivas feministas sino a la sociedad en su conjunto, “la Iglesia va a apelar a la conciencia de quienes nos gobiernan, de quienes nos legislan, de quienes imparten la justicia en este elemento importantísimo como lo es la defensa de la vida desde su concepción hasta su muerte natural” y al preguntarle si el obispo o la grey católica cabildean en el Legislativo para que voten en contra de la iniciativa de ILE sentenció: “Lo hacemos desde nuestra trinchera, exhortando, pidiendo, orando y con la manifestación”.
El cálculo electoral y no los derechos reproductivos de la mujer será, sin duda, una vez más el fiel de la balanza para decidir en el Congreso del Estado sobre las iniciativas presentadas para despenalizar el aborto en San Luis Potosí.
PEPE ALEMÁN / Holoverso / San Luis Potosí, S.L.P. / Octubre 10 de 2024.
