La justicia no puede ser sólo para un lado, debe ser para ambos.
Eleanor Roosevelt.
Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa. Así se pronunció Montesquieu a propósito del tema en un a frase no sólo elegante sino con una gran profundidad respecto de que lo justo debe ser el objetivo de toda ley, de toda norma. Por el contrario, los positivistas del Derecho, esto es, quienes suelen ver la letra de la norma cual si fuese hechura natural y que es inamovibles y que desde esa óptica ignora que fue creada por seres humanos que en su momento pensaron o quisieron pensar que sería lo mejor para que el Derecho (la norma) conduciría a la justicia. Sin embargo, como pensamiento y diseño humano, la norma tuvo que ser ubicada en un contexto social, en un momento histórico y en circunstancias de modo, tiempo y lugar específicas, por lo que al variar estas circunstancias o no haber dado resultado la norma, estas deben ser adaptadas o modificadas para alcanzar el objetivo.
En el caso del Poder Judicial de nuestro país, se ha propuesto una reforma buscando lo que muchos pensadores sugieren como la base de la justicia que es la imparcialidad; la imparcialidad (estima quien esto escribe) como una ruta insoslayable pero siempre perfectible pues existen muchos que la consideran como un nombre pomposo para la indiferencia, la que, a su vez, dicen deviene de la ignorancia. En fin, que con sobrevaloraciones y descalificaciones quienes dictan, dicen o deciden la justicia deben ser imparciales lo que en nuestro Sistema y en general en Derecho contemplan los principios de independencia o autónoma de los juzgadores. ¿Pero cómo lograr esto? El propio Winston Churchill decía con una sinceridad rayana en el cinismo, que él no podía ser ajeno a los colores, pues prefería de manera natural los más brillantes y le entristecían los opacos y marrones; esto refiriéndose metafóricamente a las ideologías y abiertamente a los partidismos. Sin salir del tema uno de los métodos de elección de Jueces y Magistrados que practican algunos países son las elecciones partidarias. En estas el voto ciudadano o voto popular define quienes serán los juzgadores, mas lo hace con la abierta y formal participación de los partidos políticos, con lo que la imparcialidad buscada se torna más compleja de explicarse y más aún de probarse.
Al respecto convengo que todos los ciudadanos entre los que se encuentran electores, legisladores, diligentes y los propios juzgadores (Magistrados y Jueces), no pueden renunciar al menos en su fuero interno, a sus convicciones políticas y a la idea que tengan de la mejor forma de gobierno. Así pues para desinar a los Jueces más imparciales, en el mundo existen Sistemas como la designación que suele dejarse en manos del Presidente (antes de un monarca); del Congreso o Parlamento o de ambas partes en concurrencia; en ciertos momentos al parecer ya superados los propios Jueces salientes designaban y todo esto habla del factor de una confianza autoasignada por las elites de poder y aceptada-tolerada-resignada por la ciudadanía; esto es la presunción unilateral de buena fe jamás comprobada en una consulta ni plebiscito. Esto prevalece en México y pienso que, curiosamente con ello sería más fácil (como ha sido) para el grupo en el poder preservar y hasta consolidar el control absoluto en la impartición de Justicia cuya imparcialidad ha sido hasta ahora producto de la gracia y la moral, cada vez más escasa de algunos Jueces; y lo curioso estriba en que la oposición derrotada se aferra a que prevalezcan las reglas con una propuesta presidencial y posterior elección de los legisladores para seleccionar a los Jueces. Aquí pareciera que las banderas previas a la elección que enarbolaron sean desteñido y desgarrado sin que se hayan dado cuenta o tal vez no las leyeron ni las comprendieron en el rabioso ánimo de descalificar y oponerse al rival político de ese momento. Lo cierto es que resultaría mas cómodo en este momento, si ese fuera el objetivo, conservar el método de selección de Jueces, Magistrados y Ministros, para controlar la justicia de la manera en que por mejor convenga al grupo en el poder.
También existe el concurso para elección o simplemente como requisito para que los aspirantes vayan a una elección, pero este se da por una revisión de conocimientos y requisitos que deben de mostrar los aspirantes y es más de orden técnico y no completa la cuestión de fondo de la imparcialidad. Finalmente enfocando este tema, que no es único de la Reforma Judicial pero sí el principal en la búsqueda de mayor independencia e imparcialidad de los Jueces, concluimos que lo más imparcial es pensar en el voto universal, esto es, el voto de todos y cada uno, de cualquier ciudadano con cualquier preparación, raza, posición económica, preferencia, etc. Y entonces surgen las contraargumentaciones: ¿Qué si las personas que no tienen preparación van a decidir quienes nos juzguen?; ¿Qué si se va a permitir que los partidos mayoritarios hagan la campaña y ganen todos sus candidatos?; ¿Qué si el crimen y los criminales van a apoyar y por ende a comprometer a los aspirantes?; ¿Qué si habrá un despilfarro más de recursos para las campañas? O sea que todo se circunscribe en el cómo elegir. Pues bien, las respuestas están en la propuesta y señalan que no será una elección de partidos políticos, es decir que no aparecerán siglas ni colores ni logos partidistas, No habrá proselitismo y solamente se abrirán espacios en medios electrónicos para conocer perfiles de los aspirantes después de que hayan pasado por la revisión de documentos y filtros que garanticen la elegibilidad conforme a requisitos técnicos, profesionales y académicos de Ley y de convocatorias. Respecto a la intervención del crimen, al no tratarse de una campaña abierta ni duradera deberán reducirse de posibles intervenciones, pero además el blindaje contra el crimen debe procurarse en el control sobre los Jueces que no pudo ejercer de manera alguna el Consejo de la Judicatura diseñado más demagógicamente y sin dentadura. Ahora se crearán dos Órganos Autónomos uno para la administración y otro para el control y sanción de juzgadores que se pretende sea ajeno a los Jueces y Ministros justiciables ósea que el Presidente de la Corte o de los Tribunales locales no será también quien presida tales Órganos. Además, el crimen no debe regularse sino combatirse y quien puede asegurar que de la forma en que se encuentra ahora el Poder Judicial el crimen no haya intervenido ya y lo siga haciendo en los casos que específicamente muestra interés; tragedias, escándalos y decisiones absurdas son el pan de cada día por lo cual debe atenderse el origen de esos juzgadores cada vez más miembros de una gran familia. De igual manera las elecciones serán organizadas por el INE y no habrá financiamiento público ni privado. No se trata entonces de que a Panchito o a fulanito se le haya antojado ser Juez. Tampoco se trata de correr a los que están, pues estos podrán participar en la elección y ser ratificados para un nuevo periodo. No es desplazamiento caprichoso ni ansias de control se trata de consolidar lo que no habíamos tenido sino hasta el 2018. Se trata de que el Judicial no legisle y no invada funciones. Se trata de poner las cosas en orden.
@PedroOlveraV
PEDRO OLVERA / Retruécanos / San Luis Potosí, S.L.P. / Junio 21 de 2024.
