A estas alturas del calendario, a los potosinos nos va quedando claro que no hay manera de que por iniciativa propia el gobernador Ricardo Gallardo Cardona se anime a darle la bienvenida a la realidad y entienda que su vasto poder tiene límites de diverso tipo. Afortunadamente para la población y desafortunadamente para él, el andamiaje jurídico e institucional construido a lo largo de los años pone a disposición de los ciudadanos diversos instrumentos para contener los excesos del poder.
Hace una semana nos referimos aquí in extenso al caso más ejemplificante del momento: la prohibición de dos jueces federales para que el gobierno estatal pudiera continuar las obras en San Miguelito sin antes cumplir con diversas normas, realizar consultas y obtener permisos. El asunto sigue básicamente igual, con perspectiva de empeorar si la administración gallardista juega las cartas del desquite y el castigo en lugar de las del acuerdo y la conciliación. Sin descartar un peor escenario: alentar desde el poder la discordia entre vecinos.
Lo sucedido en San Miguelito no es el primer freno a las desmesuras gallardistas, aunque sí el más sonado. Antes, hace más de un año, el gobierno estatal decidió rehabilitar la avenida Himno Nacional, para conseguir lo cual según sus locas ideas había que talar decenas de árboles de sus camellones. Un recurso de amparo promovido por una organización civil frenó el intento. Se arregló todo menos los camellones, que a la fecha presentan un aspecto lamentable. Parece venganza.
Por las mismas fechas, otro juicio de amparo impidió el proyecto de levantar un Cristo monumental en terrenos de la Joya Honda, municipio de Soledad, por la simple razón de que se trata de un Área Natural Protegida.
Pero el amparo de la justicia federal no es el único recurso de contención. Existen otros medios. Por ejemplo, el auditor superior de la federación, David Colmenares Páramo, publicó el viernes pasado en estas mismas páginas, un artículo cuyas primeras líneas no tienen desperdicio.
Dicen: “Un avance relevante en la fiscalización del gasto federalizado se da en caso de las universidades, que reciben recursos de los gobiernos federal, a través de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, y de parte de los gobiernos estatales con recursos de origen federal, como es el caso de las participaciones derivadas de la recaudación federal participable. Ambos rubros son fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación, en el caso local porque la aportación estatal es financiada básicamente con recursos de origen federal, que es lo que las reformas de 2015 -ratificadas por los 32 congresos locales-, señalan que es facultad exclusiva su fiscalización por parte de la ASF…”.
No se trata de una colaboración editorial exclusiva para San Luis Potosí, pero parece como si lo fuera. En síntesis, la máxima autoridad en la materia les dice a los gobiernos estatales: tú no puedes auditar universidades porque los dineros que les entregas como aportación local tienen origen federal. Revisar el ejercicio de esos recursos es facultad exclusiva mía.
Esto tiene particular importancia en estas tierras, pues como se recordará, desde sus inicios la administración gallardista dejó de entregar a la UASLP gran parte de la aportación estatal, argumentando cosas extrañas como que era la “casa de los desobligados”, que reciclaba “personajes oscuros”, o algo así, y que quería más dinero para aumentarse los sueldos.
Con una prudencia que en momentos parece excesiva, la UASLP nunca ha dejado de insistir en que se le entregue lo que por ley le corresponde de parte del Estado, y aunque ha mostrado disposición a aceptar obra pública como pago en especie, ha rechazado propuestas grotescas. Ésta parece ser la razón por la que en fechas más recientes el servil Congreso, atendiendo instrucciones del Ejecutivo, lanzó a la jauría de la ASE contra nuestra Máxima Casa de Estudios. No puede auditar el dinero federal, pero asumió que el estatal sí, aunque solo haya entregado una mínima parte, y en esos intentos andaba cuando llega el paralizante texto de Colmenares Páramo.
¿Puede el gobierno estatal ignorar lo señalado por el titular de la ASF? Podría intentarlo, pero el costo pudiera resultarle impagable. La Auditoría Superior de la Federación puede auditar, escarbando hasta debajo de las piedras, el 90 por ciento del presupuesto estatal, que proviene de fondos federales. Es decir, sería como ponerse con Sansón a las patadas.
En resumen, sin ser mediante un juicio de amparo, pero sí por determinación de autoridad competente, la ASF por conducto de su titular le está diciendo al gobierno gallardista con todo y Congreso sumiso: “No invadas mis terrenos; recuerda de dónde viene el 90 por ciento de tu presupuesto y no olvides quién revisa y dictamina su buen ejercicio”. Es decir, es un freno a las desmesuras de Gallardo Cardona.
Aunque no sé si haya alguna relación directa o indirecta entre ambos sucesos, vale consignar un dato verificado: el martes 12, tres días antes de la publicación de su artículo, Colmenares Páramo recibió en sus oficinas de la Ciudad de México al rector Alejandro Zermeño, con quien dialogó un buen rato.
PALABRAS AJENAS
Hoy será día de usufructuar textos ajenos. El lunes pasado, en las páginas editoriales del periódico Reforma, el excelente politólogo y ensayista Jesús Silva Herzog Márquez publicó un escrito alusivo al presidente Andrés Manuel López Obrador y sus peculiares formas de gobierno. Sin embargo, resulta un trabajo con fuertes resonancias en San Luis Potosí. Parece como si el autor se estuviera refiriendo a la realidad potosina de estos días. Reproduzco unas partes.
Juzgue usted: “El infantilismo es, políticamente, la fase superior del patrimonialismo. El gobierno que padecemos no es solamente el gobierno de un hombre que trata al Estado como si fuera su rancho y a los servidores públicos como sus criados, sino el de un niño que trata al país como si fuera su arenero… Como escuincle en el jardín de niños el presidente de la República le retira el saludo a quienes le caen gordos…
“La conducta del Presidente impone tono. Jamás hay que contrariar al caprichoso que gobierna. Se sabe que no procesa bien la frustración y que cualquier reparo, por modesto que sea, puede ser considerado como acto de alta traición. Si se quieren evitar los destrozos que su furia puede causar, hay que llevar la fiesta en paz y darle por su lado. Cualquier papelito que raye con garabatos debe ser tratado como una maravillosa obra de arte… La decisión presidencial no proviene de la atención a las complejidades de todo asunto, no surge del diálogo entre conocedores y representantes. Es un chispazo que aparece de pronto y se vuelve, de inmediato, orden para todo un gobierno…”
Silva Herzog cita luego al ensayista francés Pascal Bruckner (Paris, 1948), quien sostiene que hemos convertido al bebé en modelo de vida. “Pensaba, por supuesto, en una ciudadanía que buscaba ser entretenida constantemente, en una sociedad que se llenaba de juguetes desechables…”
El propio Bruckner, en su libro La tentación de la inocencia, cita luego una anécdota según la cual, ante un reclamo de su esposa por una infidelidad, Napoleón respondió de inmediato “soy quien soy”. Deduce Silva Herzog: “Ese es el único argumento: Yo soy yo. No tengo por qué obedecer las normas de la ley o del trato”.
Hasta ahí lo escrito por el colaborador de Reforma. Seguramente, amables lectores, coincidirán ustedes conmigo en que, cambiando los nombres de los cargos y algunas referencias geográficas, el texto parece inspirado en nuestra actual circunstancia pública; parece escrito en San Luis y para los potosinos.
COMPRIMIDOS
Cuando la Auditoría Superior del Estado anunció que se proponía auditar a la UASLP por los recursos estatales entregados (una mínima parte de lo que en derecho le corresponde), la casa de estudios interpuso un recurso de amparo. En primera instancia hubo cierta confusión y pareció que el propósito era evitar la fiscalización. En realidad no fue así. El litigio se enderezó por considerar que la titular interina (desde hace casi dos años), Edith Virginia Vargas, permanece ilegalmente en el cargo, y ello la desautoriza para cumplir las funciones correspondientes. El amparo fue negado en un juzgado de distrito y actualmente se encuentra en apelación ante un tribunal colegiado, que debe estar próximo a resolver.
La decisión que se tome en esa segunda instancia federal, según su sentido, puede ser totalmente intrascendente (sobre todo a la luz de lo señalado por el Auditor Superior de la Federación, según relatamos en la primera parte de esta columna), pero si se diera el caso de que el tribunal de alzada convenga en que doña Edith Virginia está ilegalmente desempeñando sus funciones, aquello va a ser una catástrofe. Cualquier funcionario o exfuncionario, municipal o estatal, afectado por acciones de la ASE bajo su mando, podrá recurrir a diferentes instancias para argumentar que, dada la ilicitud de su permanencia en el cargo, lo actuado por la señora Vargas carece de validez. Si alguna autoridad superior les da la razón, sobrevendrá un cataclismo de proporciones bíblicas.
¿Hay alguna viabilidad para que lo dicho en el párrafo anterior ocurra? Sí, aunque al final todo dependerá del criterio de quienes juzguen. El artículo 76 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, dispone que “En ausencia del Auditor Superior, el Auditor Especial que corresponda conforme al Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado, ejercerá el cargo hasta en tanto dicho Congreso designe al Titular de la Auditoría Superior del Estado en el siguiente periodo de sesiones. Ojo, desde que doña Edith Virginia llegó como interina han transcurrido por lo menos cuatro períodos ordinarios de sesiones. ¿Por qué el Congreso ha incumplido esta disposición? Por sumiso, agachón e indigno. Por plegarse a los deseos del gobernador a quien no se le dio la gana regularizar la situación en la ASE.
Imposible saber si lo hizo con muy mala leche o se le chispoteó, pero vaya exhibida que le puso Gabino Morales a la diputada todavía priista Yolanda Cepeda, con el breve comentario de que la dama lo visita de manera constante para, entre otras cosas, “echar grilla”. Eso se entiende porque mientras fue presidenta de la mesa directiva del Congreso, en el Ejecutivo la trataban de poca, pero nomás dejó de serlo y ni quien la pele.
¿Y qué tal el incorregible Chiquilín? Muerde la mano que lo alimenta, le dispara a todo lo que se mueve y despotrica hasta de sus mayores. Remedio no tiene.
Hasta el próximo jueves.
JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ / Las Nueve Esquinas / San Luis Potosí, S.L.P. / Septiembre 21 de 2023.
