El viernes pasado, luego de las balaceras ocurridas un día antes en el sur de la ciudad, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona expresó su disgusto con el Poder Judicial por abusar de La Puerta Giratoria que permite a los delincuentes salir de prisión tan rápido como entran. ¿Y qué decir de la puerta similar que él le abrió a la doctora Mónica Liliana Rangel Martínez? No se trata de discernir aquí sobre ese distorsionado y cada vez más repudiado sistema de justicia penal que tantos beneficios y facilidades otorga a los infractores de la ley, sino de señalar que la congruencia no es el fuerte de esta administración.
Pero no solo eso, que podría ser algo un tanto subjetivo, sino que hay algo más concreto y más grave: la Fiscalía General del Estado -bajo la directa y estricta supervisión de su titular- está negociando corruptamente con abogados defensores de todo tipo de delincuentes los llamados Procedimientos Abreviados que es el nombre técnico de La Puerta Giratoria.
Como es sabido, esos procedimientos están permitidos en la ley, pero no son ni automáticos ni obligatorios, y la Fiscalía tiene amplios recursos para oponerse a su aplicación cuando los beneficiados representan un peligro para la sociedad. Lamentablemente no lo hace así, y verificarlo es muy fácil para Gallardo Cardona, si no es que ya lo sabe y lo tolera.
Dos precisiones, al aludir al tema de la exsecretaria de Salud dijimos que fue él, el Gobernador, quien le abrió la puerta circular. No es ninguna falacia: en este caso concreto la parte ofendida era representada por el titular del Ejecutivo, de manera que la puerta giró porque él estuvo de acuerdo. Además, una indicación suya al Fiscal Ruíz Contreras hubiera sido suficiente para frenar el arreglo baratero, con todo y la autonomía de la dependencia que entiendo es marca Pétalo.
Segundo punto a precisar: en sus declaraciones del viernes, el mandatario habló de «Poder Judicial» en general, nunca precisó si se refería al federal o al estatal. Mencionó a «la federación» pero fue en alusión al origen de la legislación que rige el nuevo sistema de justicia penal. Extrañamente, horas después su equipo de comunicación boletinó la entrevista señalando que la referencia crítica había sido dirigida a los juzgadores federales, pero no fue así. Quien sí entendió el fondo de la cuestión fue la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, y un par de días después dijo lo más lógico: hay que revisar la ley y reformar lo que no está funcionando.
Esta segunda precisión puede parecer oficiosa, pero no es así: si los dardos de Gallardo Cardona se asumen como dirigidos al Poder Judicial Federal -e implícitamente también a la Fiscalía General de la República- el asunto se extraviará en las brumas de las diferencias jurisdiccionales. Por supuesto que en el ámbito federal también hay manejos muy cuestionables con los llamados Procedimientos Abreviados, pero allá el gobernador potosino no tiene ninguna atribución: Le quedaría si acaso la posibilidad de ir a quejarse con el ministro Saldívar o con el fiscal Gertz Manero, pero igual y ni lo pelan.
En cambio, aquí en casa además de que puede promover reformas legales y modificaciones administrativas para evitar que La Puerta Giratoria parezca rehilete, tiene facultades para con una simple orden poner alto a los manejos sospechosos o abiertamente corruptos de la Fiscalía General del Estado.
En la búsqueda de información relativa a estos temas, alguien nos dijo que para demostrar los amplios márgenes discrecionales con que cuenta el Ejecutivo en cuanto hace a los Procedimientos Abreviados, está el caso del exsecretario de Seguridad Pública Jaime Pineda, quien está preso por haber desviado o malversado menos de cuatro millones de pesos, contra los 22 de la doctora Mónica. ¿Por qué Pineda no ha logrado un acuerdo reparatorio similar al de su excompañera de gabinete para resarcir el daño e irse a su casa? Hasta donde nos fue posible saber, porque la Fiscalía ha frenado cualquier posibilidad en ese sentido. Esto, nos cuentan, por una venganza inducida desde las alturas. El agravio que la motiva es la certeza gallardista de que Pineda les tuvo intervenidos sus teléfonos largo tiempo. Ya habrá manera de corroborarlo o desmentirlo.
OBSESIONES PELIGROSAS
Nuestro Gobernador ha decidido jugar con fuego y cada día que pasa le echa más leña a la hoguera. No se trata, como hace unos meses parecía, de celebrar la Feria Nacional Potosina con instalaciones restauradas, sin cobrar la entrada, con juegos infantiles gratuitos y un programa atractivo en el Teatro del Pueblo. Se entendía también que sería una forma de festejar masivamente el fin de la pandemia (que no ocurrió y nadie sabe cuándo ocurrirá). Conforme han pasado los días, se agrandan los alcances y ya se anunció el estacionamiento gratuito al que le siguió el transporte gratuito; luego garnachas y enchiladas gratis y no tarda en confirmarse la cerveza igualmente sin costo. ¿De qué se trata?
Si fuera el último año del sexenio gallardista se podría entender un poco más esta obsesión por el guateque; sería una despedida memorable y buena parte de los costos le quedaría al siguiente gobierno. No es el caso.
Si los índices de aprobación de RGC anduvieran por los suelos y estuviera urgido de levantarlos, algo de sentido tendría tanto coqueteo populista con la gente. Tampoco se trata de eso. Sus calificaciones según diversas encuestas andan razonablemente bien. ¿Entonces? No sé lo que pasa por su cabeza y no comparto teorías como la de que busca mayor proyección para meterse a la sucesión presidencial. Esto último simple y sencillamente no es posible, el propio Gallardo lo sabe. Retomamos el tema la próxima semana.
Pero independientemente de que sea parte de un ambicioso proyecto político, un gusto enfermizo por la pachanga, el producto de una mente dañada por el Poder, la revelación de complejos insospechados o las puras pinches ganas, lo cierto es que se trata de una apuesta muy arriesgada.
No me detendré en costos y estragos al erario estatal. Es fácil parecer mezquino o insensible a las genuinas apetencias populares de entretenimiento. El derroche, incluido un solo artista del Teatro del Pueblo que cobra 500 mil dólares por presentación, puede subsanarse en la fábrica de billetes que el gallardismo parece tener funcionando en algún sótano.
Los riesgos, las amenazas, los peligros están en otro territorio. La prácticamente absoluta gratuidad del evento, las facilidades de transporte para ir y venir, la posibilidad de comer y beber sin costo y la gran popularidad de los artistas del Teatro del Pueblo, son imanes poderosísimos para las multitudes.
Aquí la interrogante central es si se tienen los recursos técnicos y humanos, los planes, las estrategias y la capacitación necesarias para el adecuado control de multitudes, que pueden ser no de miles sino de decenas de miles. Una combinación, por ejemplo, de un día de todo gratis con la presentación del artista más cotizado, puede convertirse en un coctel explosivo peligrosísimo.
Hay quienes dicen que a lo mejor la persistencia de la quinta ola del Covid-19 obliga a suspender la Feria y así se eliminan tantos peligros. Mucho me temo que salvo una orden federal con respaldo presidencial, Gallardo Cardona se pasa por el arco del triunfo cualquier restricción que le pongan enfrente. La triste experiencia del Chupirul Gigante de Fundadores parece no haberse asimilado.
Por último, lo que a mi juicio hay que plantear con mayor cuidado pero que no se puede omitir: tenemos el enorme y peligrosísimo desafío de la inseguridad. ¿Y si grupos delictivos antagónicos se topan en las instalaciones de la FeNaPo? ¿O si alguno de ellos quiere satisfacer agravios echando a perder la gran fiesta popular? (Por supuesto, deseo intensamente equivocarme).
Apenas ayer Pulso publicó lo esencial de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana difundida por el INEGI: a Junio, ocho de cada diez potosinos de la capital se sienten inseguros, y de 90 ciudades encuestadas la sensación negativa es mayor solamente en 18 y menor en 71. Bien no andamos.
JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ / Las Nueve Esquinas / San Luis Potosí, S.L.P. / Julio 21 de 2022.
