CARLOS ARREOLA MALLOL / El Crisol / San Luis Potosí, S.L.P.
En los últimos meses hemos vivido en San Luis un problema que lleva ya mucho tiempo en la agenda pública del país y al que ciertamente no vemos llegar una solución de fondo, no hay determinación.
Cierre de calles a manera de protesta, amenazas y agresiones a conductores y hasta a usuarios, son algunas de las consecuencias que ha tenido la aparición de esta nueva forma de transporte de pasajeros, entre varias (Cabify, City Drive) la más famosa es la plataforma digital conocida como “Uber”.
Uber es una empresa internacional con actividad en más de 450 ciudades, dedicada al transporte privado de pasajeros que funciona a través de una aplicación de teléfono móvil desde la cual puedes solicitar un auto con chofer para que te lleve a tu destino, el pago puede realizarse en efectivo o con tarjeta de débito o crédito.
Frente a la innovación tecnológica, la resistencia del gremio ruletero ha sido férrea y la reacción del Estado se ha quedado corta. Los taxistas han tratado imponer sus condiciones ante los gobiernos de los Estados y a los Congresos a fuerza de huevazos.
La estrategia ha fallado, la respuesta de la ciudadanía ha sido favorable para Uber y aunque es innegable que el mercado de Uber se acota a quien tiene acceso a un teléfono inteligente con internet y a sectores jóvenes, es una realidad que este tipo de empresas son ya una fuerza competitiva en el mercado, una fuerza con fuertes ingresos, con personas a bordo, que no tributa, una fuerza no regulada por la autoridad.
Dicen que en palacio despacio, pero es que el Estado como autoridad a la que sometemos parte nuestras libertades a cambio de bienestar, es quien debe tomar acción, urge regular los servicios de pasajeros antes de que la violencia crezca y se siga polarizando a la sociedad.
Todo dependerá del modelo de Estado que desde la administración se trabaje. Lo que es una realidad es que el modelo de concesión por taxi o camión de ruta es ya obsoleto y es poco justo para quien lo trabaja de verdad.
Por un lado se puede prohibir este tipo de empresas, reconociéndolas como irregulares y fuera de la ley, lo que sería aferrarse a un modelo de concesiones otorgadas ya muy ineficaz, poco transparente y con prácticas poco democráticas, es decir que las cosas se queden como estaban.
Por otra parte y como es tendencia internacional, se puede liberar y privatizar el transporte, que sean los particulares quienes libremente se encarguen de montar sus empresas de transporte privado y se ordenen frente a oferta y demanda, lo cual me parece también poco viable, pues partiríamos ya de condiciones de desventaja por las personas que ya tiene flotillas y empresas, además el riesgo de la creación de cárteles económicos corruptos.
Pero existe otra salida, la opción más eficaz, valiente e innovadora, sería que el mismo Estado creara su propia plataforma de transporte de pasajeros, tanto colectivo como individual, esto sin prohibir la creación de otras empresas, el punto central sería que cualquier persona que reúna los requisitos y a medida de la demanda requerida, pudiera ofrecer el servicio desde su automóvil o bien su camión, bajo los estándares más estrictos de calidad en el servicio. En cuestión de tarifa podría ser el más competitivo, pues no se cobraría el 25% de comisión que cobra Uber por ejemplo, o bien podría ser un mínimo para recoger los gastos que se tuvieran por su implementación, así los operadores tendrían un mayor margen de ganancia y el gobierno tendría mayores ingresos.
Generación de empleo, distribución de la riqueza, calidad para los usuarios y mejores condiciones laborales para los trabajadores, atacar a la corrupción y eliminar los privilegios de unos cuantos para favorecer a las mayorías, esto sin constituirse como monopolio pero reafirmando la fortaleza de un Estado frente a los intereses económicos, todo esto puede ser una realidad el día de mañana en San Luis Potosí, pero se necesita muchos arrestos para tomar decisiones de Estado, hagámoslo una realidad.
@Arre_ola
