JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ / Las Nueve Esquinas / San Luis Potosí, S.L.P.
La crisis que hoy vive el país es seria. Quizá no vaya a desembocar en una revolución ni esté poniendo en riesgo la viabilidad de México como nación, pero tampoco es de las que se resuelvan solas o por intervención divina. Está cuestionando severamente la continuidad de un cierto modo de hacer las cosas tanto la sociedad como el gobierno. Está formulando la gran pregunta de si será posible seguir tomándonos el pelo unos a otros. Unos haciendo como que cumplimos la ley y otros haciendo como que castigan la infracción.
Como ha ido quedando claro, esta crisis que nace en Iguala y se potencia en Las Lomas de Chapultepec, ha tenido, entre otros, el efecto mayor, imposible de soslayar o minimizar, de desnudar la deplorable comunidad nacional en que nos hemos convertido por no respetar, unos, ni aplicar, otros, la ley.
Al final del día, la decisión y posibilidad de cometer una masacre o de traficar influencias, se dan en las escalas colosales que nos han golpeado el rostro porque no se teme al castigo; porque se sabe que es muy poco probable que se pague el costo del delito, del abuso o del exceso. Ocurre así porque le apostamos a la impunidad; confiamos en ella. Pensamos y con frecuencia lo decimos: hay que ser muy pendejo para cumplir la ley si nadie te va a sancionar. Desde pasarse el semáforo en rojo, el cobro de peajes carreteros por supuestos estudiantes o bloquear eternidades las autopistas, hasta asesinar e incinerar decenas de seres humanos y tirar sus cenizas al rio, o contar con contratistas agradecidos que nos ayuden a tener la mansión de nuestros sueños.
Dice la sabiduría popular que a grandes males, grandes remedios. Grandes, pero no imposibles; difíciles pero factibles. Podríamos intentar saber si somos capaces de, por ejemplo:
1.- Iniciar cuanto antes el debate nacional, amplio y serio sobre la conveniencia o no de despenalizar la producción, comercialización y consumo de drogas.
2.- Legislar para que los órganos de control y fiscalización (contralorías y auditorías superiores o sus equivalentes, en los tres niveles de gobierno) sean encabezados por quienes elijan mediante mayoría calificada los congresos o los cabildos a partir de una terna propuesta por la oposición.
3.- Que se hagan públicas las declaraciones patrimoniales de todos los servidores públicos federales, estatales y municipales, incluyendo senadores, diputados, regidores; ministros de la Suprema Corte, magistrados de los tribunales superiores de justicia y jueces. Las declaraciones iniciales y las de conclusión de encargo.
4.- Aplicación inexcusable de exámenes de control de confianza a todos los candidatos a cargos de elección popular, de regidores y alcaldes a presidente de la República. Por lo menos de antidoping, polígrafo, estado de salud física y mental, y situación patrimonial. Su aplicación debería correr a cargo de instituciones académicas insospechables en su honorabilidad.
5.- Reducción inmediata del 50 por ciento al financiamiento público que se entrega a los partidos políticos, que este año rondará los 4 mil millones de pesos y el próximo se duplicará por la celebración de elecciones.
6.- Supresión en el menor plazo posible de las 200 diputaciones federales y de las aproximadamente 500 locales plurinominales, así como de las 32 senadurías asignadas por el mismo principio, y las 32 de primera minoría.
7.- Acotamiento del fuero constitucional a su sentido original y genuino: proteger a los legisladores contra cualquier acción en su contra en razón de sus opiniones, iniciativas, propuestas y, en general, su desempeño legislativo. No como ahora, que gracias al fuero los diputados o senadores que no paga sus deudas no pueden ser embargados; que se estacionan en lugares prohibidos sin que se les pueda decir nada o que cometen diversos delitos y son intocables.
8.- Eliminación radical de las partidas presupuestales para obras públicas que los diputados se autoasignan para distribuir en municipios de sus distritos, origen de los famosos moches y, en esencia, fuente de una corrupción, obvia, cínica y desafiante.
9.- En las licitaciones de los proyectos gubernamentales de más alto costo, que el proceso correspondiente desde la convocatoria hasta el fallo final sea llevado a cabo por un despacho internacional del mayor prestigio, con algún dispositivo legal para que su desempeño fuera observado de cerca por un comité ciudadano.
10.- Extender y aplicar con seriedad y rigor los principios de la transparencia y la rendición de cuentas a los partidos políticos, los sindicatos del sector público y las universidades, auténticos hoyos negros en esas materias. No está de más recordar que todo el dinero que reciben proviene de las arcas públicas.
11.- Poner límites precisos e insalvables a las remuneraciones de los servidores públicos de los niveles más altos en los tres órdenes de gobierno. Hacerlo con seriedad y realismo; sin demagogias: no se pueden tener directores generales de 20 mil pesos o secretarios de estado de 40 mil. Pagar razonablemente bien para que el servicio público no sea el refugio de la mediocridad y de la inutilidad. Y dejar de hacer trampas con un sueldo nominal acompañado de bonos, compensaciones, premios, estímulos, nóminas confidenciales y demás subterfugios.
12.- Fijar límites precisos al endeudamiento de los gobiernos federal, estatal y municipal, comenzando por simplificar las denominaciones, categorías y descripciones de las distintas formas de créditos que se pueden obtener, cuya maraña facilita los excesos en la materia. Al canto, sanciones severas, incluidas las de prisión, a quienes los violen.
13.- Reducir al máximo los requisitos exigidos para la participación en las elecciones de todos los niveles a candidatos independientes. Más de una vez hemos señalado en este espacio que esa clase de candidaturas no son la panacea, pero en México no nos hemos dado la oportunidad de conocer sus posibles alcances a base de ponerles trabas y desalentar a los interesados.
14.- Con el dinero ahorrado al reducir a la mitad el financiamiento público a los partidos políticos y al suprimir las diputaciones federales y locales y las senadurías plurinominales o de primera minoría, fortalecer las defensorías de oficio o como sea que se llamen en la federación y los estados, para que recuperen su libertad los miles de presos que permanecen en la cárcel única y exclusivamente por carecer de una defensa adecuada. Más defensores públicos y mejor pagados serían una contribución importante a la justicia verdadera.
15.- En línea con el punto anterior, con esos mismos recursos rescatados se pueden constituir fondos, una federal y otros por cada entidad, para solventar las fianzas de reos no peligrosos que están encarcelados porque carecen de dinero para pagar la caución que les fue fijada. Aquí en San Luis funcionó bien el llamado Plan Ponciano Arriaga, que cumplió esos propósitos de justicia hasta que Marcelo de los Santos lo dejó morir.
Desde luego también, no está de más puntualizarlo, aplicar con eficacia y sin excepciones las medidas propuestas en días pasados por el presidente Enrique Peña Nieto. Solamente un par de acotaciones de nuestra parte: a) respeto absoluto a los derechos humanos, pero DE TODOS; no solo de los delincuentes, vándalos o violentos, y b) aplicación irrestricta de la ley, pero A TODOS, sin excluir a los influyentes, los ricos o los favoritos del poder.
Si el presidente Peña Nieto no es responsable de la crisis, sí lo es de encontrarle solución. Si en estricto sentido él no la precipitó, no hay sin embargo quién más le pueda encontrar salida. No se ve en el horizonte quién pudiera sustituirlo en tamaña responsabilidad. Si lo intenta más allá del desvaído decálogo de hace unas semanas, tendrá que convocar y conseguir el respaldo no solo de todas las fuerzas políticas sino de la sociedad en su conjunto. Esta crisis mengua o se exacerba, pero estática no se va a quedar.
Comprimidos
Declaró en días pasados el gobernador Fernando Toranzo que dejará el gobierno con la tranquilidad de no haber robado. Probablemente esté diciendo la verdad, pero eso de qué nos ha servido a los potosinos si ha dejado que robe medio mundo a su alrededor. Las evidencias y los testimonios son abrumadores y no tardan mucho en salir a la luz.
La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ahorró agobios y sufrimientos al PRI. Una vez que su coalición flexible con el Verde y el Panal ha sido validada, queda en condiciones de impugnar a su vez la alianza PAN-PRD-PT-MC, si es que llega a darse. Incluso, ya con muchas ganas de fastidiar, podría llevar a los tribunales la asociación entre PRD, PT y MC.
Por los rumbos del blanquiazul, tenemos que finalmente el sábado pasado se inició el levantamiento de la encuesta que servirá de base principal para definir su candidato a la gubernatura. Los cuestionarios debieron completarse ayer y se confía en que para el lunes próximo estén listos los resultados. Por cierto, contrario a lo informado la semana anterior, sigue vigente el acuerdo de que si la diferencia entre el primero y el segundo lugar es menor a cinco puntos porcentuales, se efectuará una elección interna entre los militantes, salvo que lo decline cualquiera de los dos punteros.
Conforme al cada vez más repleto calendario de conmemoraciones planetarias de esto y aquello, resulta que ayer fue el Día Internacional del Payaso. Tómelo con reserva, porque no tuvimos tiempo de verificar el dato, pero nos dicen que en estos lares los festejos correspondientes fueron encabezados por un político advenedizo, mitómano, acomodaticio y arribista, a quien sus escasos cuates le dicen cariñosamente Salo.
Esta ciudad nuestra a veces protagoniza puntadas deliciosas. Mientras que a nivel nacional hay una intensa y costosísima campaña para que los comerciantes informales se conviertan en formales, aquí se intenta hacer exactamente lo contrario. En días recientes, producto de la desesperación a que los orilla la competencia desleal y los oídos sordos de las autoridades municipales, los comerciantes establecidos del Centro Histórico advirtieron que podrían convertirse en ambulantes, al menos durante la temporada navideña. O séase, a contracorriente.
Hasta el próximo jueves.
