PEDRO CERVANTES ROQUE / Abriendo Brecha / San Luis Potosí, S.L.P.
Durante 2013, la corrupción fue mencionada como uno de los cinco problemas sociales que más afectaba a la población al ser señalada por 48.5% de ésta.
La percepción sobre la frecuencia de corrupción fue mayor para policías, partidos políticos y el Ministerio Público al ser considerados frecuente o muy frecuente por 89.7%, 84.4% y 78.4% de la población respectivamente.
El porcentaje de víctimas de corrupción en la realización de trámites, solicitudes de servicios públicos y otros contactos con servidores públicos fue de 12.1%; dicho porcentaje fue de 17.3% para hombres y 7.7% para mujeres.
30 de las 32 administraciones públicas estatales contaban con un programa anticorrupción, aunque sólo 13 incluían una evaluación de resultados de esos programas.
27% de las administraciones públicas municipales y delegacionales disponían de un programa anticorrupción.
69.4% del personal con funciones de seguridad pública presentó evaluaciones de control de confianza durante 2012 y 60.1% aprobó dichas evaluaciones.
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, mejor conocido como INEGI, coloca las referencias anteriores como inicio de una encuesta que realizó entre la población del país acerca del problema de la corrupción. Los detalles del estudio pasan a segundo plano cuando encontramos que los sujetos más frecuentemente señalados como corruptos están, también, relacionados con los sucesos que mantienen en vilo la opinión nacional tras la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Guerrero.
La corrupción, desde el ángulo de la encuesta, produjo consecuencias nefastas en la vida nacional y no existe, por el momento al menos, un plan, una estrategia y una acción que nos hagan pensar que el asunto ha sido encaminado correctamente para resolverlo en el corto o mediano plazos.
Si bien el decálogo presidencial recientemente anunciado postula en uno de sus primeros puntos la virtual desaparición de las corporaciones policiacas municipales, ello no garantiza que de inmediato concluya la corrupción y que los elementos que las sustituyan, miembros de la gendarmería estatal, recuperen al instante el control de los 4,550 municipios que forman el territorio nacional, puede decirse al menos que el mando unificado en 31 corporaciones estatales y una del Distrito Federal sí podría establecer condiciones distintas en lo inmediato hasta abatir prácticas y costumbres que afectaban la vida social de la forma en que INEGI lo descubrió en su encuesta y cuyos datos se asientan al inicio de este texto.
Apenas veamos los primeros resultados de este cambio, su registro y valoración tendrán que ser importantes y sustentar las siguientes medidas que se apliquen en busca de transformaciones reales y de fondo.
Pero, ya entrados en gastos, justo es decir que la corrupción no es única y exclusivamente de los elementos vinculados al sector público. Las prácticas nocivas al interés de la población proceden también de individuos que no están relacionados con el sector público, para quienes no habría, en adelante, una justificación para su mal proceder.
Citaré algunos ejemplos que ilustran lo que aquí expongo.
Casi no hay ama de casa en México que no acepte como “costumbre” recibir kilos de 800 gramos, litros que no llegan a ser tales. Ambas son prácticas vinculadas al sector comercial, pero lo mismo sucede en otros ámbitos.
No he conocido taller mecánico de regular calidad cuyos mecánicos –empleados, es cierto- no se apropien de objetos que debían respetar. Los vehículos salen de esos talleres sin las partes originales y repuestos de ínfima calidad luego de ser sometidos a una reparación aparentemente sin importancia. Por eso, los propietarios de esas unidades han de repetir sus visitas a los talleres porque las fallas lejos de arreglarse empeoraron, o son otras las fallas que se detectan luego de que los vehículos son despojados de sus partes originales y sustituidas por partes usadas o en malas condiciones.
Los compradores de una vivienda no enfrentan algo peor que la corrupción con la que actúan los constructores y los operadores de bienes raíces. Casas habitación que son construidas con materiales de pésima calidad y comercializadas a precios extraordinarios. Se aprovechan de la ignorancia del comprador para colocar equipos de ínfima calidad en las redes de drenaje, eléctrica o de agua potable, con el deliberado afán de elevar sus ganancias por encima de lo razonable.
Negocios que venden como nuevas partes reconstruidas. Aparatos que parecen nuevos por fuera y que por dentro tienen fallas potenciales. En fin.
Si bien los líderes de la corrupción son los elementos policiacos, tal y como lo señala la encuesta de INEGI, la sociedad en su conjunto debe exigir a cada sector que suspenda sus prácticas corruptas porque, según las mismas fuentes del encuestador señalado, éstas tienen un costo inimaginable.
