Por Martha Angélica Tagle Martínez / Alcaldes de México / Puebla, Puebla.
Sin duda uno de los temas de mayor interés para la sociedad es el relacionado con su seguridad. La población de 18 años y más a nivel nacional manifestó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el 2013, que el tema de la inseguridad es su principal preocupación (57.8 por ciento), seguido del desempleo (46.5 por ciento) y la pobreza (33.7 por ciento).
La seguridad tiene múltiples definiciones en virtud que se vincula con el sentimiento de protección de las personas frente a carencias y peligros que afecten negativamente su calidad de vida. Así tenemos la seguridad alimentaria, pública, jurídica, etcétera. Sin embargo, para acotar el término de seguridad nos referimos en esta ocasión al conjunto de medidas y políticas públicas implementadas para salvaguardar a la población de sufrir delitos que les puedan provocar daños de tipo psicológico, físico o material.
La seguridad es una fuente indispensable de la vida cotidiana que permite a las personas y a la comunidad desarrollarse y ejercer sus derechos. Como se puede apreciar, la seguridad va más allá de la idea de contar con policías suficientes, y bien equipados, sino que tiene que ver con una serie de medidas que garanticen a las personas gozar del espacio público de manera segura y sin violencia.
En México, de acuerdo con el último Censo de Población (INEGI 2010) 77.8 por ciento de la población es urbana, es decir, vive en localidades de más de 2 mil 500 habitantes, mientras que 22.2 por ciento vive en zonas rurales. Este es un dato importante al momento de diseñar políticas públicas dirigidas a garantizar la seguridad de los habitantes, pues las condiciones que se viven en unas y otras son diferentes y por lo tanto las necesidades también.
Pero asimismo, es necesario y preciso al momento de diseñar esas políticas en materia de seguridad pública, considerar las diferentes maneras en que mujeres y hombres viven la violencia, particularmente en el espacio público, para colocar el foco de atención en la importancia de garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, tanto en lo privado como en público.
Pues aunque parezca una paradoja, los esfuerzos destinados a visibilizar la violencia de género han tenido éxito en sacar a la luz pública la violencia que se vive en el ámbito familiar. Hoy en día es reconocida y tratada con múltiples medidas de carácter legislativo, presupuestario y de política pública la prevención, atención y sanción de la violencia hacia las mujeres en el ámbito familiar, pero me temo que se ha dejado un poco de lado las acciones que garanticen a las mujeres su derecho a disfrutar de las ciudades, del espacio público y de todo lo que éste entorno ofrece.
Y es que como decía antes, las medidas para garantizar la seguridad pública de mujeres y hombres no pueden ser las mismas en razón de dos condiciones, la primera, la violencia pública hacia a las mujeres afecta en mayor medida su integridad física, es decir, las mujeres corren más riesgos de abuso, acoso, y violaciones que se inscriben en el ámbito de la violencia sexual, llegando incluso a la peor de las manifestaciones de la violencia de género como son los feminicidios.
Además, otra condición es que la percepción de seguridad no es la misma entre mujeres y hombres, estando ellas en desventaja, ya que por su condición de género hay temores fundados y desconfianza para el uso y disfrute del espacio público. Me explico, no es lo mismo la falta de alumbrado público para una mujer que para un hombre, éste sin duda corre el riesgo de ser asaltado, ella además de ser violada y hasta asesinada. Esta percepción del entorno como amenazante obviamente conduce a limitaciones en el uso y disfrute del espacio público, así tenemos que las calles, las plazas, los barrios son más usados por los hombres, mientras que los espacios controlados son preferidos por las mujeres.
Diversos estudios han demostrado que en la actualidad hay una creciente inseguridad y una ola de violencia generalizada, se ha identificado como su origen la estrategia de lucha contra el narcotráfico, pero poco se sabe de la violencia que viven las y los ciudadanos de a pie, pues aunque se ha revelado que ciertos delitos como el secuestro han vuelto a ser una preocupación pública, o que incluso delitos del fuero común, como el robo a mano armada han disminuido en las ciudades, poco se dice de la violencia pública que las mujeres sufren.
Los datos que existen sobre la violencia de género dependen del estudio que a nivel de encuesta ha realizado en dos ocasiones el INEGI, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), que revela los niveles de violencia que las mujeres sufren, identificando que 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia. Sin embargo, a nivel de datos duros, es decir las cifras de delitos denunciados, su tipificación y castigo, sólo hay recopilaciones hechas a través del esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil, que se han dado a la tarea de investigar estado por estado, con diferentes tipos penales y todo lo que ello implica, los datos precisos de la violencia hacia las mujeres.
Así tenemos, que en materia de violencia sexual, de acuerdo al informe del 2012 de Amnistía Internacional ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hubo 14,829 denuncias de violación en el país, de ellas sólo 3,462 llegaron a proceso judicial, y sólo hubo 2,795 sentencias condenatorias. Es decir, por cada 10 denuncias por violación sexual, sólo hubo 2.3 juicios por este delito. Pero la cifra negra es mucho mayor, si se considera que con base en los estudios de inseguridad, por cada delito denunciado, hay al menos 8 que no se revelan, lo que llevaría la cifra de violaciones sexuales en México a más de 112 mil al año.
Este es sólo un dato de la violencia que viven las mujeres, pero aún hay datos inciertos sobre el número de feminicidios, aunque se sabe han incrementado, aún nada sabemos, a nivel de cifras, sobre la violencia pública que las mujeres sufren de manera cotidiana, la violencia que va desde el acoso que se sufre en el espacio público como en trasporte público, oficinas, trabajo, escuelas, etcétera hasta pasar por la violencia que viven las mujeres que ocupan cargos públicos. Con lo que se confirma que la violencia no discrimina situación económica, ni condición social, la sufren todas las mujeres.
Mucho hay por decir en este tema, pero hay experiencias exitosas en otras partes del mundo, impulsadas desde ONU Mujeres, y otros organismos internacionales, con el fin de fortalecer el ejercicio de los derechos ciudadanos de las mujeres, buscando reducir la violencia pública y privada que se ejerce contra ellas en las ciudades, y que han incidido en la disminución de la violencia en general y la construcción de ciudades más seguras para todas y todos. La construcción de urbes seguras para mujeres, desde este punto de vista, se constituyen en una estrategia exitosa para abordar la inseguridad en México, y atender así uno de los principales problemas que enfrentamos.
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