Por Juan José Rodríguez/ Las Nueve Esquinas/ San Luis Potosí, S.L.P.
Por qué es muy pero muy improbable que Fernando Toranzo Fernández tenga algo que ver con su propia sucesión.
Dentro de la larga jornada a veces reflexiva, mayormente especulativa y siempre adivinatoria que precede a los momentos en que los diferentes partidos políticos postulan a sus candidatos a gobernador del estado, y que aquí ya se desató imparable, resulta oportuno pasar revista a algunos elementos de juicio que tienen que ver con la materia: si nos atenemos a la historia, las personalidades, los contextos, las estadísticas, los porcentajes y los momios, es muy pero muy improbable, prácticamente imposible, que Fernando Toranzo Fernández deje sucesor. Si es que algún interés tuviera en dejarlo, porque más bien parece que no.
Lo que pudiéramos llamar la etapa moderna de la política potosina, a juicio de su servidor comienza en febrero de 1959, cuando toma posesión como gobernador sustituto don Francisco Martínez de la Vega, dando el cerrojazo al cacicazgo de Gonzalo N. Santos. En el tiempo transcurrido desde entonces, 55 años justos, los potosinos hemos tenido -y con frecuencia padecido- 14 gobernadores, incluido el actual. De los 13 que ya concluyeron su mandato, solamente dos han logrado entregarle el cargo a quien ellos querían entregárselo. Es decir, únicamente dos, equivalentes al 15 por ciento del total, pudieron dejar sucesor.
Esas dos raras avis son Antonio Rocha Cordero, quien heredó la silla a Guillermo Fonseca Álvarez, y Horacio Sánchez Unzueta, quien hizo lo propio con Fernando Silva Nieto. Pertenecientes a dos épocas distintas, nacidos con casi 40 años de diferencia, ambos comparten una característica notoria: ser auténticos animales políticos.
Para efectos de influir en su propia sucesión los gobernadores potosinos –priístas o panistas, que son de los únicos que hemos tenido en este medio siglo sobrado- enfrentan de entrada una desventaja política que suele ser determinante: inician su sexenio con un presidente de la República, lo cuál supone su beneplácito, y lo concluyen con otro, a cuyo equipo o entorno suelen no pertenecer.
En ese sentido, hay que destacarlo, Toranzo Fernández resulta ser un hombre muy afortunado. El hoy presidente de la República Enrique Peña Nieto lo ayudó a ganar las elecciones del 2009 cuando era el muy poderoso, muy popular y muy generoso gobernador del Estado de México.
Esa desventaja de la que hablamos fue vencida por Rocha, quien inició su mandato con Gustavo Díaz Ordaz y lo concluyó con Luis Echeverría, y por Horacio (Salinas-Zedillo) con gran habilidad política, dentro de la cual destaca un rasgo fundamental: la previsión. En efecto, desde que asumieron la gubernatura, ambos fueron construyendo sus principales opciones sucesorias, Fonseca y Florencio Salazar con Rocha; Silva Nieto y Juan Ramiro Robledo con HSU, de forma tal que llegado el momento no es que simplemente dijeran “quiero que el candidato sea fulano de tal”, sino que el cuidadoso proceso preparatorio hizo que sus propuestas fueran las que mejores expectativas de triunfo ofrecían a su partido.
Fue la falta de previsión lo que determinó que otros gobernantes igualmente dotados para la política, como Carlos Jonguitud Barrios, no pudieran meter ni un dedo en su propia sucesión. CJB político zorruno y habilidoso donde los haya, dedicó más atención al SNTE que a la gubernatura, de manera que cuando llegó a su quinto informe no tenía con quién jugarla. Fue notorio cómo muy de última hora, justamente en la ceremonia de su penúltimo informe, “destapó” dicho en el lenguaje de la época, a los entonces rector Guillermo Delgado y al alto funcionario de la SCT Víctor Mabhub. Too Late.
En la única excepción a la hegemonía priísta, Marcelo de los Santos Fraga, también enfrentó la desventaja de haber ascendido de la mano de Vicente Fox y concluido con Felipe Calderón, sin poderla superar. Pero más que eso, no se molestó en ir perfilando a algún aliado político o cuadro propio. Más bien no quiso hacerlo porque él era un sol en cuya orbita no podía haber ningún otro astro o asteroide que brillara ni tantitito. Así, apechugó la candidatura de su adversario Alejandro Zapata. Siempre nos quedará la duda de si en el eventual triunfo de La Pispis le habría ido mejor o peor a don Marce.
No alcanza el espacio de ésta ni de varias columnas para pasar revista a las 13 sucesiones que hemos vivido en estos 55 años post cacicazgos, algunas muy accidentadas, apresuradas y coyunturales, pero el hecho cierto es que únicamente dos mandatarios potosinos tuvieron el talento político suficiente para edificar con visión y previsión sus propias sucesiones.
Un dato adicional tanto o más interesante: esos 13 gobernadores que van de Martínez de la Vega a Marcelo de los Santos designaron en total 23 secretarios generales de gobierno. Solamente uno de ellos, Fernando Silva Nieto, llegó a ser candidato a gobernador. Uno solo.
Decíamos en el primer párrafo que el doctor Toranzo no parece tener interés en influir en su propia sucesión. Es fácil darse cuenta: a lo largo de estos cuatro años y medio de ejercicio no ha hecho nada que pudiera entenderse como un acto previsorio o preparatorio en ese sentido. Posiciones con alguna proyección como la primera diputación plurinominal o la delegación de la SEDESOL, por citar sólo dos, las ha utilizado para lo que sea menos para ir perfilando a alguien.
Como este espacio no es elástico y tenemos otros temas que abordar, vamos ya al corolario. Como diría el clásico, “no se hagan bolas”: las posibilidades de Cándido Ochoa Rojas de ser candidato del PRI a gobernador del estado, y con él las de los demás integrantes del gabinete torancista, son más o menos las mismas de El Chiquilín de ingresar como miembro de número de la Real Academia Española de la lengua.
Y tengo la impresión de que el propio COR lo sabe, porque lleva tiempo dedicado en cuerpo y alma a la recaudación. Parece ser firme partidario de la sapientísima sentencia de un viejo amigo: “El hombre siempre debe traer dinero en la bolsa, de preferencia bien habido”.
PEPECHUY, COMO EL ÁNGEL VIEJO DE GARCÍA MÁRQUEZ
En el proceso para elegir al nuevo Auditor Superior del estado, los señores diputados de nuestro deslustrado Congreso decidieron tentar al diablo hasta el final.
El artículo 112 de su reglamento interior prescribe: “Sólo para la elección de personas, fórmulas o planillas, será empleada la votación por cédula, depositadas en el ánfora colocada frente a la Presidencia”. El 113 detalla cómo se entregarán, depositarán y contabilizarán las cédulas, y el 114 señala textualmente: “Si de los resultados del cómputo de las cédulas resulta que ninguna planilla, fórmula o candidato logró la mayoría de votos, LA VOTACIÓN SE REALIZARA NUEVAMENTE, SOLO ENTRE LOS QUE OBTUVIERON EL MAYOR NUMERO DE VOTOS” (las mayúsculas son nuestras).
En la sesión del martes los legisladores decidieron por sus pistolas ignorar esta disposición del reglamento, que no es optativa. Según el argumento que les proveyeron sus asesores, la ley de la ASE que señala el procedimiento de elección de su titular no dispone lo de las dos votaciones, y una ley siempre está por encima de un reglamento.
Deveras que son bárbaros: la supremacía de una norma legal sobre otra se invoca cuando entre ambas hay contradicciones, discrepancias o divergencias. No es el caso. La ley dispone que la elección será hecha por los diputados y que deberá ser por mayoría calificada, pero no desciende al nivel de indicar qué tipo de votación o cuantas de éstas deben o pueden hacerse. Eso lo deja al reglamento.
Pero hay un elemento más revelador: ¿Por qué los legisladores votaron por cédula, si esa modalidad no aparece en la ley? Muy sencillo, lo hicieron porque lo dispone su reglamento. Cómo entonces justificar que acataron esa norma solo en una de sus partes, la que mejor les convenía. Con esa inexplicable decisión abrieron un flanco más para las impugnaciones.
Así las cosas, la elección de José de Jesús Martínez Loredo está expuesta y adolece de un alto índice de precariedad. Ahora todo dependerá de si alguien impugna y si lo hace con oportunidad y solidez jurídica. Si no hay ningún recurso de esa índole, las cosas se quedarán como están y seremos justos merecedores del congreso y los diputados que tenemos.
Por lo demás, justo es decir que Pepechuy es un profesionista respetable, competente y decente. Él más bien se parece al ángel viejo que cayó del cielo en un lodoso gallinero y mientras miraba azorado a su alrededor y se limpiaba el fango de las alas, “era el más ajeno a su propia circunstancia”, según el maravilloso cuento de García Márquez.
La documentación interna de la Comisión de Vigilancia que indica que no reunió los requisitos para ser electo, puntualiza que en la exigencia de por lo menos cinco años de experiencia en el rubro de Auditoría Financiera y Responsabilidades “no existe evidencia documental” que lo acredite. Seguramente Martínez Loredo tiene esa experiencia, el problema es que la ley no habla de tener sino de acreditar que se tiene con respaldo documental. No creo que nadie dude de que Fernando Toranzo Fernández es potosino, pero para registrarse como candidato a gobernador TUVO QUE ACREDITARLO con documentos; igual, sin que nadie dude que es mexicano, cada vez que saca su pasaporte tiene que acreditarlo con una prueba documental (normalmente la copia certificada del acta de nacimiento).
COMPRIMIDOS
Tiendo a creer que la relación profesional/financiera entre Pepechuy y Cándido evidenciada por una serie de cheques expedidos por el primero cuando era tesorero estatal a favor del segundo cuando era abogado en el libre ejercicio de su profesión, es legal. De ahí que me resulte difícil entender por qué rehúyen el tema y por qué el Secretario General de Gobierno puso pies en polvorosa cuando los reporteros quisieron abordarlo sobre el tema. Dice el dicho, el que nada debe, nada teme. Salvo que hoy o mañana vayan a ofrecer una conferencia de prensa y aclarar que no malversaron ni desviaron ni sustrajeron ni se clavaron esa lana.
Nada tiene de sorprendente que Juan Elpidio Rodríguez Viña, siendo sin duda el más capacitado para subir el escalafón, haya durado escasas tres semanas al frente de la Contraloría General del Estado. Su relevo con carácter de definitivo, Luis Alejandro Padrón Moncada, quien era el director de Normatividad en la propia CGE, es gente de Cándido Ochoa, con quien colaboró como encargado de transparencia en la Procuraduría General de Justicia, y al parecer también tiene aptitudes de recaudador, cosa que JERV no.
Por cierto y para ver si nos dejamos de vaciladas: La Contraloría Municipal que depende de Mario García Valdez puede hacer respecto de Victoria Labastida y compañía lo mismo que la Contraloría estatal, hizo con Marcelo de los Santos Fraga. Es decir, previo procedimiento ajustado a derecho puede multar e inhabilitar a la ex alcaldesa y a sus compinches. La verdad es que a Mario se le ve cómodo con la coartada de que Osorio Chong no lo deja hacer nada. A lo mejor no los deja ni a él ni a Toranzo meterla a la cárcel, pero una buena multa y algunos años de inhabilitación harían algo de justicia. Digo.
Hasta el próximo jueves.
