ESPERANZA VIVA…CULPABLE O INOCENTE

Por L. Gabriel Gayosso Berman/ La Cicuta/ San Luis Potosí, S.L.P.
En una sociedad como la mexicana, eminentemente machista, donde aún no hemos tenido el privilegio de tener una mujer como Presidente de la República, donde tampoco la titularidad del Poder Judicial ha recaído en los hombros de una dama, donde el porcentaje de representantes populares en el Congreso de la Unión es mayormente varonil, ser mujer es casi un estigma.
Se ha hablado mucho sobre la igualdad de los géneros, se ha comentado mucho de la agresión a las mujeres, se ha legislado hasta decretar una reglamentación específica: Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia (reconociendo que se ejerce violencia contra las personas por el hecho de ser hembras); se ha creado un Instituto; y han corrido ríos de tinta, escribiendo que las mujeres deben ser protegidas, salvaguardas, atendidas, consideradas y tener un trato preferencial, hasta en las catástrofes y los centros de reclusión.
El pueblo mexicano reconoce la importancia de la feminidad, así uno de los mas grandes valores subjetivos de los mexicanos es nuestra madre, de ahí la abuela, la esposa, la hermana, la tía, la prima, la sobrina, la madrina, la suegra, la cuñada, la concubina, la amante, la amiga y toda una gama de parentela y conocidas deben tener, merecer y recibir nuestro respeto.
También se reconoce que la violencia ejercida hacia las mujeres es vigente, tanto que se han decretado días internacionales a la mujer y a la vida sin violencia en las mujeres, se han clasificado los homicidios hacia estas como feminicidios.
Para mayor entendimiento citaremos a la Dra. Julia Monárrez Fragoso, quien afirma que el feminicidio es el resultado de la relación inequitativa entre los géneros; la estructura de poder y el control que tienen los hombres sobre las niñas y mujeres que les permite disponer sobre sus vidas y sus cuerpos, decidiendo ellos el momento de la muerte; los motivos a los que se recurre para justificar el asesinato; los actos violentos que se ejercen en el cuerpo de la víctima; la relación de parentesco entre la víctima y el victimario; los cambios estructurales que se dan en la sociedad; la falta de investigación y procuración de justicia por parte de los aparatos de impartición de justicia; lo que implica necesariamente la responsabilidad y/o complicidad del Estado.
Hablar de las muertes de mujeres en San Luis Potosí, será tema de otra colaboración, pero en esta ocasión, trataremos el tema de una mujer que es víctima de la violencia institucional, de la permanente acción del Estado, de la aplicación a rajatabla de la ley y el Derecho, pero sobre todo, de la violación de los derechos fundamentales de todo ser humano.
Esperanza Reyes Aguillón, oriunda del municipio de Tamasopo, S.L.P., madre de familia, sin pareja permanente, con escasa preparación educativa, quien tampoco tenía un trabajo constante, fue señalada, aprendida, juzgada y sentenciada por la supuesta utilización de un billete de $100.00 falso por un término de más de 5 años de prisión.
No podemos asegurar si su defensa fue deficiente o si no contó con defensa alguna, si en el criterio del juzgador campeó la atenuante de ser primo delincuente, de ser mujer en estado de necesidad, si el reconocimiento del ilícito y su arrepentimiento fueron expresados, o si simple y llanamente se aplicó la pena que merecía tomando en consideración lo expresado por el artículo 22 Constitucional referente a la proporcionalidad de la pena.
La cuestión es que a través de José Mario De la Garza se ha solicitado a la Presidencia de la República el indulto para Esperanza Reyes, quien ya había sido trasladada a la colonia penitenciaria federal de las Islas Marías, y que hace menos de una semana ya se encuentra nuevamente en el Centro de Prevención y Reinserción Social “La Pila”.
El argumento es más de carácter humanitario, pues es madre de dos menores de edad y sostén económico de ellos. La desproporcionalidad de la pena impuesta por la utilización de un billete falso de $100.00 para la compra de una libreta escolar.
Las redes sociales han realizado una fuerte campaña de apoyo a la solicitud de indulto, algunos medios de comunicación escrita y electrónica locales y nacionales han dado cuenta del caso, la Cámara de Diputados, a través de algunas comisiones han apoyado la solicitud, y hasta el día de hoy, después de 15 días, mas obligado por la presión social que por convencimiento personal el galeno gobernante de esta sufrida entidad, ha manifestado su apoyo. Lo que la mayoría de la población no se lo cree.
Y señalo que no le creen al titular del Poder Ejecutivo local, pues su vocero gubernamental ha denostado a la reclusa y ha agredido verbalmente a su representante jurídico, cuando el emisario es Ingeniero de profesión y no perito en Derecho; quien si es abogado es el Subsecretario de Gobierno que anteriormente se desempeñó como Coordinador de la Defensoría de Oficio federal, cuando el proceso de Reyes Aguillón se substanció y se llama Miguel Martínez Castro.
No se trata de culpabilidad o inocencia, no es el caso del sacerdote sentenciado a más de 30 años como culpable del homicidio y violación de una estudiante preparatoriana y cuyo defensor fuese posteriormente su apresador como Procurador General de Justicia y actualmente Secretario General de Gobierno; ni tampoco señalada como homicida y vivir como si nada cuando una supuesta puerta de cristal privara de la vida a una joven estudiante y edecán de un antro de su propiedad, presumiendo su amistad con la familia gobernante.
El caso de la liberación, mediante el indulto presidencial, del profesor indígena Alberto Patishtán Gómez se derivó de una reforma al Código Penal Federal en contra de los abusos graves de los Derechos Humanos y de todos los sentenciados cuyos derechos procesales hayan sido violentados, y la otra causa es por cuestiones humanitarias.
El hecho es que a nivel local, la iglesia, las asociaciones civiles, los Organismos No Gubernamentales, algunos legisladores locales en particular, algunos abogados y un buen número de ciudadanos se han pronunciado por el indulto de Reyes Aguillón, quien podríamos decir es víctima del exceso de la fuera jurídica del Estado Mexicano.
A nivel local, se han dado varios indultos aprobados por el Poder Legislativo a petición del Ejecutivo, y hasta seria oficioso mencionar que más de uno se ha otorgado por cuestiones de carácter eminentemente políticas, pero bueno, así es nuestro San Luis Potosí.
Ojala que las múltiples detenciones y procesos que ha efectuado el Poder Judicial Federal con motivo del combate al Crimen Organizado en donde la constante son las violaciones a los derechos humanos, procesales y fundamentales de los supuestos delincuentes, no entorpezcan este procedimiento y pronto veamos a una madre reunida con sus hijos.
En cuanto a los funcionarios públicos locales, mejor que se mantengan calladitos, pues tienen mucha cola que pisarles, y algunos son tan ponzoñosos que no se tragan su saliva para no envenenarse.
Comentarios: Entre los aspirantes priistas a la gubernatura del estado, algunos han empezado a mirar hacia otros horizontes, como un alcalde que se da cuenta que está más solo que cuando nació; un funcionario de primer nivel que mejor se preocupa por proponer amigos y conocidos como futuros magistrados que beneficien su despacho jurídico; un Secretario del área de desarrollo social que está reparando futuros negocios particulares para subsistir y otros que se preparan para luchar por una curul local o federal por no tener mucho acercamiento con el centro del poder.