Se ha considerado que las autoridades, sean de los niveles de gobierno que sean, siempre han estado al servicio del mejor postor, y que la función y responsabilidad primordial de velar por el bien común, queda sujeta a caprichos, berrinches, gustos, antojos o intereses políticos, económicos, familiares o de parentesco de los individuos que detentan, temporalmente, el poder público.
Y para muestra un botón.- el pasado viernes 11 de los corrientes, a las 15:25 horas, (milagro que la burocracia trabaja fuera del horario de labores), personal de la Dirección General de Protección Civil o Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado, se presentó a efectuar la clausura de un establecimiento de distribución de agua, ubicado en la carretera a Matehuala, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
Esto no tendría mayor relevancia, si no fuera por la severidad y la prontitud con que se efectuó dicha diligencia, amén de la opacidad de los argumentos que esgrime la autoridad para efectuar dicha clausura consistente en 6 meses (180 días) de cerrado el establecimiento, según el T.A. (¿Técnico Agropecuario o Técnico Administrativo?) Gerardo Cabrera Oliva, de manera temporal.
Resulta ser, según documentos que obran en poder de este medio, que el día jueves 10 de julio del año en curso, el T.A. Cabrera Olivo, giro la orden de verificación para el establecimiento expendedor de agua, y en ese mismo día, de las 13:00 a 14:10 horas, se pretendió efectuar una verificación por Rafael Torres Campos, auxiliar administrativo de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Se dice que esta diligencia no fue atendida porque no se le permitió el acceso al “verificador” para inspeccionar el inmueble, instalaciones y equipos.
Aparentemente esta diligencia seria la consecuencia de una “denuncia ciudadana” efectuada el 8 de julio del año en curso, pues los vehículos que transportan el agua de este establecimiento “ponen en situaciones de peligro a la ciudadanía por no contar con ninguna medida de seguridad en el tráfico en el momento de entrada y salida a la carretera a Matehuala”.
El hecho es que el viernes 11, o sea, un día después de que se pretendió efectuar la verificación por la “denuncia ciudadana” presentada dos días antes, se procedió a clausurar de manera temporal POR SEIS MESES el establecimiento referido, previa resolución emitida por el ¿Técnico Agropecuario o Técnico Administrativo? Gerardo Cabrera.
Si con esta prontitud hubiesen acudido a verificar todos los antros ubicado sobre la Avenida Carranza, como el Play, o el Druidas, este último sin señalamiento de salidas de emergencia y saturado en su capacidad el pasado domingo en que ocurrió una balacera, otro seria el San Luis Potosí con el que sueña el Gobernador Toranzo.
De manera extraoficial, se deduce que o las huestes de Cabrera Olivo o el mismo, buscaban un módico arreglo económico, o están actuando bajo indicaciones superiores pues, es de todos sabidos las constantes denuncias públicas que se publican diariamente en contra de establecimiento, antros, bares, centros de espectáculos y demás lugares de concentración masiva de personas, donde ni por milagro se paran los señores verificadores, salvo para recibir sus dadivas y “cochupo”.
De la lectura de las actas que se levantaron, se fundamenta en los preceptos de la Ley del Sistema de Protección Civil del Estado, donde se destaca la severidad de la aplicación de la medida sancionadora, en tanto que a guarderías, bares y demás, se les otorga hasta un mes, o sea, 30 días para que subsanen sus observaciones,
