Defensores de oficio capacitados en su totalidad en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio

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La Defensoría Pública del Estado ha capacitado a la totalidad de los defensores de oficio conforme lo establece el Programa Nacional de Capacitación de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.

La dependencia informó que cuenta con 100 abogados formados en el nivel avanzado del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 40 postulantes, que cumplen con las funciones de asesoría, gestión, representación civil, administrativa y mercantil.
 
Dentro del SJPA todo ciudadano es considerado inocente, hasta que se demuestre lo contrario ante un Juez, y ante este principio, es indispensable el papel del defensor de oficio, quien tiene la obligación de utilizar todos los recursos a su alcance y argumentar de viva voz, la posición de su representado acusado, ante el agente del ministerio público, fiscales y demás actores del juicio.
 
Cuando una persona es acusada de cometer o participar en un delito, tiene el derecho constitucional irrenunciable de contar con un defensor privado o público, que debe ser licenciado en derecho, por tanto es fundamental los esquemas de capacitación que ha implementado en toda la base de litigantes con que cuenta la Defensoría Pública.
 
Los esquemas de formación que concentra el SJPA contempla que el defensor, tanto de oficio como privado, tiene que entrevistar a su representado para conocer directamente su versión de los hechos, asesorar sobre las consecuencias de las acciones que lo imputan, buscar los indicios  o medios de prueba, y asistir a su representado durante sus declaraciones, entre otros.
 
También debe promover a su favor la aplicación de mecanismos alternativos de solución de conflictos u otras salidas de terminación del proceso penal, para  abreviar su duración. De la misma manera, informar al imputado y a sus familiares cual es la situación jurídica en la que  se encuentra.
 
El defensor tiene una estrecha vinculación con todos los demás participantes que intervienen en el proceso; además solicita al ministerio público conocer los datos de indicios de prueba, investiga y solicita las diligencias necesarias, y tiene acceso a la carpeta de investigación, lo que garantiza una igualdad de fuerzas para una defensa justa.