Si la mitad de las irregularidades denunciadas por los partidos de la Coalición Sí Por San Luis y su candidato Octavio Pedroza Gaitán ante el Tribunal Electoral del estado son ciertas y, sobre todo, comprobables, la reciente elección de gobernador estaría en alto riesgo de ser anulada.
Como ya es sabido, tanto Pedroza Gaitán en lo individual como los cuatro partidos que lo postularon (PAN, PRI, PRD y PCP) presentaron dos impugnaciones en esencia iguales, las cuales ya fueron acumuladas en un solo expediente y serán materia de un solo trámite a cargo de la magistrada presidenta del TESLP, Denise Adriana Porras Guerrero.
Los llamados “Agravios” -actos o conductas que lastiman sus derechos o intereses legítimos- hechos valer en ambas impugnaciones, son entre seis y ocho, según se les quiera contabilizar. En opinión de este columnista son cuatro los más relevantes, de los cuales hoy analizaremos dos. Hay tiempo para los restantes, pues no habrá ninguna resolución judicial antes de dos semanas.
En primer lugar, encontramos en la denuncia llevada ante el TESLP el caso de por lo menos 634 casillas en donde fungieron como funcionarios encargados de recibir, escrutar y computar los votos personas que legalmente no estaban autorizadas para hacerlo. Esto, debidamente verificado y demostrado, sería por sí solo suficiente para poner en entredicho el resultado de la elección.
¿Qué pasó? Según la ley, si al momento de abrirse una casilla no está completa su mesa directiva (presidente, secretario, dos escrutadores y suplentes), el funcionario presente de mayor jerarquía, con apoyo de los representantes de partidos políticos, debe invitar a los primeros ciudadanos que estén formados para votar a que asuman las tareas de los faltistas. Una vez completado el mínimo necesario para que funcione la casilla, se procede a recibir los votos, y se deba dar aviso al Ceepac para que esté enterado y al pendiente.
Esto es algo previsto en la ley porque siempre sucede. Sin embargo, la propia ley indica que cuando se da el caso, los ciudadanos de la fila que se conviertan en funcionarios de casilla deben identificarse con su credencial del INE y sus nombres deben aparecer en la lista nominal de electores de esa sección electoral. Además, antes de comenzar a recibir los sufragios se levanta un acta circunstanciada en la que se explique por qué fulano y mengano que no estaban en la directiva original asumieron tales funciones, acompañándose los datos o fotocopia de su credencial (donde se puede constatar si pertenecen o no a esa demarcación electoral).
Lo que la Coalición y su candidato sostienen es que, en un número indeterminado de las casillas que enfrentaron esa contingencia, los funcionarios emergentes que salieron de los primeros de la fila de votantes, no pertenecen a esa sección electoral, y por lo tanto, en vista de que no cumplían los requisitos establecidos en la ley (su credencial para votar con el número de seccional correspondiente y su nombre inscrito en la lista nominal) no debieron ser acreditados como presidentes, secretarios o escrutadores.
Hasta el momento de presentar su denuncia ante las autoridades electorales la Coalición no había podido acreditar en cuántas y cuáles de las mesas de votación se había registrado esta irregularidad, entre otras razones por la ausencia de actas circunstanciadas que precisaran identidades y datos.
Sin embargo, con apego a la ley pide al Tribunal Electoral que solicite a las autoridades administrativas electorales (Ceepac e INE) que le remitan toda la documentación pertinente para avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido (relación original de mesas directivas de casilla, listas nominales de electores, actas circunstanciadas de ausencias y suplencias, etc.). Según los estrados electrónicos del tribunal, hace una semana que se solicitó ese apoyo que debe estar por llegar.
Por encima de los tecnicismos legales y procedimentales, lo que es muy importante de entender es algo en el fondo bastante simple: si ciudadanos potosinos con credencial del INE para votar en la casilla del barrio de Tlaxcala el domingo 6 de junio amanecieron formados al frente de la fila para votar en la casilla de San Juan de Guadalupe, algo chueco se cocinó.
Si nuestras autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, no le han vendido su alma al diablo, disponen de todo el instrumental legal para poner en claro lo que realmente sucedió. Si no lo hacen, se exponen a que en la siguiente instancia, los poseedores de la última palabra los exhiban.
LA ADUANA MAS DIFÍCIL
Según lo dispone la ley, el monopolio de la fiscalización de los ingresos y gastos partidistas, incluidos los de sus campañas, lo detenta el Instituto Nacional Electoral, en cuyo seno se tiene encomendada a una comisión específica que integran cinco de los once consejeros electorales. Dicha comisión, a su vez, descansa su compleja y laboriosa responsabilidad en la Unidad Técnica de Fiscalización, que como su nombre lo indica es esencialmente un organismo técnico. La UTF cuenta con centenares de funcionarios y trabajadores, en su mayoría pertenecientes al servicio profesional de carrera, y tiene pequeñas delegaciones o representaciones en todas las entidades federativas.
Pero más que el número y capacidad de sus servidores públicos, lo que importa es que la Comisión de Fiscalización y su UTF tienen dientes. Es decir, a diferencia de otras muchas dependencias e instancias oficiales que solo pueden hacer recomendaciones o emitir resoluciones no vinculantes, las dos de referencia pueden imponer sanciones desde leves hasta muy severas. En caso de inconformidad de los afectados, les queda un recurso: ir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, última y definitiva instancia en la materia.
De acuerdo con las diversas leyes, reglamentos y lineamientos aplicables, si en una elección cualquiera de los candidatos rebasa el tope oficial de campaña en más del 5 por ciento, debe ser objeto de sanciones. Pero si quien se excede en los gastos es el ganador y la diferencia con el segundo lugar es inferior al 5 por ciento de la votación, entonces la elección se anula, se convoca a otra con carácter de extraordinaria, pero el infractor queda impedido de volver a participar.
En el caso de nuestra reciente elección de gobernador, con base en sus propias fórmulas matemáticas el Ceepac determinó que el máximo de gastos permitido sería de 29 millones 223 mil 864 pesos. De aquí se sigue que cualquier exceso superior a un millón 461 mil 193 pesos -una vez demostrado- debe ser motivo de sanción.
Como la diferencia de votos entre el primero (Ricardo Gallardo Cardona) y el segundo lugar (Octavio Pedroza Gaitán) es inferior a cinco puntos porcentuales, lo que en derecho correspondería en San Luis Potosí sería decretar la anulación de la elección, que el Congreso del Estado designe un gobernador interino para que en un plazo no mayor de seis meses, se convoque a nuevas elecciones, en las que ya no podría participar el infractor.
En tal estado de cosas, como ya en alguna ocasión anterior lo comentamos, el verdadero dardo envenenado para las aspiraciones de RGC pude provenir del INE, concretamente de su Comisión de Fiscalización, como ya a principios de año ocurrió con Félix Salgado Macedonio, de Guerrero, y Raúl Morón, de Michoacán. Con la diferencia de que a ellos les cancelaron el registro y no pudieron ni llegar a las elecciones.
Según la información oficial al respecto, difundida hace algunas semanas, la UTF entregará a la Comisión de Fiscalización, para que ésta a su vez los someta a la consideración del pleno del INE, sus primeros dictámenes relativos a campañas estatales el próximo 22 de este mes. No sé bien a bien si en ese primer paquete venga incluido el relativo a nuestro estado.
Aprovecho para comentar que de manera extraoficial entre las dos magistradas y el magistrado del TESLP se ha alcanzado el consenso de no resolver nada relativo a las impugnaciones contra la elección de gobernador antes de que haga lo propio el INE (en materia de fiscalización), para ir sobre seguro. Es decir, si el INE no anula la elección por razones de gastos de campaña, el tribunal electoral potosino se colgará de esa determinación y tampoco anulará por ninguna otra razón. Si por el contrario, el Instituto da el garrotazo, aquí seguirían sus huellas en lo que corresponde. Dicho de otra manera: encontraron la manera de irse por la sombrita y sin despeinarse.
Dispongo de información muy confiable en el sentido de que una de las personas que ostentan magistratura en nuestro tribunal electoral ha comentado en corto con gente de su confianza que para resolver el tema de las impugnaciones multicitadas “no debemos perder de vista la gobernabilidad del Estado”. Eso, muy nítidamente, suena a pretexto para entregar una resolución a modo, sea que le reditúe o no beneficios personales, crematísticos o de otra especia.
Mantener la gobernabilidad de nuestro estado es algo a lo que todos los potosinos debemos aportar, pero en tratándose de autoridades no es ni legal ni ético que establezcan esa responsabilidad como su primera y mayor prioridad, utilizándola más bien como coartada para hacer trampa.
Me explico: que un organismo responsable de velar por la correcta aplicación de la ley y la debida impartición de justicia en materia electoral busque pretextos como ese de la gobernabilidad para hacer trapacerías, es igual que si mañana el titular del Ejecutivo dijera que su principal responsabilidad es que la legislación electoral prevalezca por encima de todo, o que el pleno del Supremo Tribunal de Justicia acordara que el presupuesto de egresos del estado aumente su partida para bachear la ciudad. No inventen. Cada quien tiene sus responsabilidades precisadas en la ley.
Insisto, porque no quiero que se me malinterprete, a la gobernabilidad debemos cuidarla todos, debemos asumirla todos como una gran responsabilidad compartida, como prioridad colectiva, pero no debemos prostituirla convirtiéndola en coartada de letrados venales. Espero haya quedado claro.
Nos quedan por lo menos dos Agravios más por comentar al detalle. Con la confianza de que el tribunal estatal electoral no resolverá nada de fondo antes de que las áreas de fiscalización del INE entreguen dictámenes a partir del 22 de los corrientes, dispondríamos de dos semanas para hacerlo.
Finalmente, en relación con la conferencia de prensa ofrecida por los dirigentes nacionales de PAN, PRI y PRD el martes pasado, se trata de un posicionamiento político que no sobra, pero lo definitivo en el tema que nos ocupa vendrá de las áreas jurisdiccionales y fiscalizadoras.
Hasta el próximo jueves.
