La recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra elementos de la Policía Federal y del Ejército Mexicano por presuntas agresiones físicas y sexuales contra una detenida acusada de delincuencia organizada y otros delitos federales, debe ser atendida en base al marco jurídico que rige en el país, dijo la diputada Martha Orta Rodríguez.
La CNDH emitió la recomendación 9/2018 sobre el caso de la detención arbitraria, retención ilegal, actos de tortura y violencia sexual en agravio de una mujer en el estado de San Luis Potosí contra el secretario de la Defensa Nacional, el comisionado nacional de Seguridad y el titular de la subprocuraduría jurídica y de asuntos internacionales en suplencia del Procurador General de la República.
Según los hechos ocurridos en 2012, una mujer fue detenida tras participar en un enfrentamiento con armas de fuego contra policías federales y elementos castrenses junto con otras personas, que presuntamente pertenecían a un grupo delictivo. Ella posteriormente denunció que fue víctima de agresiones físicas y sexuales.
Al respecto, la legisladora Martha Orta aseguró que es muy lamentable que no tengan la capacitación adecuada, “sin embargo, tendríamos que revisar el caso con todas sus aristas, no podemos generalizar a todos los elementos pero si podríamos decir que tendremos cuidado de preguntar en la CNDH sobre el tena”.
“Tenemos un marco jurídico en términos del sistema penal acusatorio adversarial que habla del debido proceso y del respeto por los derechos humanos, por lo que será importante revisar el caso en particular; hay que entrar al estudio, el caso se empezó a comentar nuevamente y debemos conocer las apreciaciones de la CNDH”, añadió.
Asimismo sobre las cinco personas que perdieron la vida en un accidente cuando eran transportadas a trabajar en una empresa de la zona industrial y cuyos familiares no han sido indemnizados, Orta Rodríguez señaló que los beneficiarios son quienes tienen los derechos y se debe corroborar que todo este en el marco legal, porque están siendo revictimizados y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Delito debe intervenir para dar asesoría y que reciban un trato digno y justo.
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