La Contraloría General del Estado, a través de este Comunicado, señala que las peticiones hechas por el Presidente del Consejo Ciudadano de Transparencia, no se apegan al Decreto Administrativo de fecha viernes 13 de agosto de 2010, mismo que se publica en el Periódico Oficial Libre y Soberano de San Luis Potosí.
El Artículo 4º de dicho Ordenamiento señala textualmente lo siguiente “…los integrantes del Consejo Ciudadano de Transparencia y Vigilancia para las Adquisiciones y Contratación de Obra Pública del Gobierno de San Luis Potosí, tanto civiles como servidores públicos, no disfrutarán de emolumento alguno, y su compromiso será honorífico, lo cual no demeritará el contenido de su trabajo y participación y durarán en su encargo el plazo que señale el Reglamento interior del Consejo”.
Por lo antes señalado, son muy respetable las labores que desempeñan los miembros del Consejo Ciudadano de Transparencia y Vigilancia para las Adquisiciones y Contratación de Obra Pública del Gobierno de San Luis Potosí, pero perdería su función de organismo ciudadano al contar con recursos fiscales y bienes inmuebles para cumplir con las funciones que establece dicho Decreto.
Las facultades del Consejo Ciudadano de Transparencia y Vigilancia para las Adquisiciones y Contratación de Obra Pública están plenamente establecidas en su Decreto de creación, y el responsable del Gobierno del Estado ante dicho Consejo es el Contralor General del Estado, que funge como Coordinador Ejecutivo del Organismo multimencionado, por lo tanto las facultades fiscalizadoras y sancionadoras son competencia de la Contraloría General del Estadio, que de acuerdo a las herramientas con las que cuenta es la instancia pública para verificar los procedimientos administrativos de la licitación, adjudicación, calidad de las obras públicas y, en caso de omisión, sancionar con distintas modalidades a los servidores públicos que infrinjan estas disposiciones.
No obstante, el Contralor General del Estado señaló que está abierto a la discusión para cualquier modificación al Decreto de creación del multicitado Consejo para que fortalezca sus funciones, siempre y cuando no desvíen el objetivo primigenio de ser un organismo ciudadano, que tiene entre sus funciones fundamentales vigilar la transparencia y la rendición de cuentas.
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