La titular de la Unidad Especializada Multidisciplinaria e Itinerante en Materia de Género (UEMI), Candy Elizabeth Martell Sandoval, informó mediante un comunicado de prensa que la investigación relacionada a los hechos en los que perdió la vida Karla Pontigo Lucciotto, avanza y se encuentra en vías de cumplimiento de la ejecutoria de amparo 1237/2013-5.
Comunicó que el caso Karla Pontigo se ha retomado y que la investigación que se realiza con perspectiva de género, se trabaja con apoyo de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, mediante un equipo multidisciplinario de expertos en criminalística, genética, medicina legal, química, psicología e informática forense.
Hasta este momento se ha realizado el desahogo de alrededor de 70 testimoniales y se han analizado indicios relevantes, lo que será determinante para concluir con la integración de la averiguación previa.
A consecuencia de la complejidad del caso, se han llevado a cabo reuniones en la Ciudad de México, Chihuahua y San Luis Potosí en las que han participado el equipo multidisciplinario, peritos internacionales, personal de Amnistía Internacional México, integrantes de la Fundación para la Justicia y Estado Democrático de Derecho A.C., además de las víctimas indirectas.
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), a través del equipo que conforma la UEMI continúa con las indagaciones para esclarecer lo ocurrido el 29 de octubre de 2012, así como la actuación de los servidores públicos que intervinieron en la investigación que antecede para deslindar responsabilidades.
Hace nueve años, Esperanza Lucciotto sufrió la pérdida más grande que puede sufrir una mujer, la de un hijo o hija. Karla fue víctima de feminicidio y como si ese dolor no fuera suficiente, inició para Esperanza un calvario que la llevó a darse cuenta que la justicia no estaba de su lado.
Entonces fue obligada a aceptar la donación de órganos de su hija para que se iniciaran las investigaciones, vivió una serie de negligencias como la manipulación y alteración de la investigación, la obstaculización de su participación en la aportación de pruebas por parte del personal ministerial, pericial y policial, así como la pérdida o contaminación deliberada de pruebas vitales para la investigación.
