- Auditoría de Control Interno del organismo presenta informe de presunta responsabilidad administrativa por la comisión de ocho irregularidades.
- Puede ser sujeto a juicio político: María Isabel González Tovar.
Debido a la detección de irregularidades presentadas en la Unidad de Tranparencia y Acceso a la Información de Interapas, el organismo inició un procedimiento para la presentación de denuncias contra su ex titular, entre las que destacan abuso de funciones, robo y falsificación de documentos. La diputada del PRD, Isabel González consideró que al despedir a personal de la Unidad de Transparencia se da un fuerte golpe a la transparencia y se atenta contra los derechos laborales.
“Estamos iniciando los procedimientos legales contra el ex colaborador, todo bajo los lineamientos de honradez y legalidad, somos una administración que está contra la corrupción, quienes son dados de baja del organismo, se van por malos manejos”, informó Ricardo Purata Espinoza, director general.
La Unidad de Auditoría y Control Interno de Interapas presentó un informe de presunta responsabilidad administrativa, en el se integran elementos sobre la comisión de ocho irregularidades al interior de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, durante el periodo encabezado por su último ex titular, quien dejó de prestar sus servicios en el organismo el 1 de junio de 2020.
La lista de anomalías integradas en el por el ex funcionario son: abuso de funciones, abuso de confianza, falsificación de documentos, robo, actuación bajo conflictos de interes, sustracción de documentos, desacato y utilización indebida de la información. “Toda esta información va directamente al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y la Fiscalía, demostrando así el porqué esta persona salió del organismo”, aseguró.
“El organismo operador, no tolerará ni solapará ningún acto de corrupción, el nuevo modelo de gestión se basa en la atención al usuario y en su satisfacción; es la encomienda del presidente de la Junta de Gobierno, por lo tanto, estaremos presentando las denuncias respectivas, seguiremos trabajando con transparencia, eficiencia y responsabilidad, garantizando a nuestros usuarios que estamos limpiando la casa desde adentro”, finalizó.
- Al despedir a personal de la unidad de transparencia del Interapas se da un fuerte golpe a la transparencia y se atenta contra los derechos laborales.
- Puede ser sujeto a juicio político: María Isabel González Tovar.
Al despedir al personal de la Unidad de Transparencia del organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (INTERAPAS), el Gobierno Municipal dio un duro golpe a la transparencia y violentaron los derechos laborales de los trabajadores que fueron despedidos, señaló la diputada María Isabel González Tovar, presidenta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado.
Informó que, José Luis Mendoza Pérez quien se desempeñaba como titular de la Unidad de Transparencia del Interapas, denunció públicamente que personal de esta área fueron despedidos “al no querer ser parte de una simulación”.
La legisladora María Isabel González Tovar, comentó que “las acciones del alcalde de la capital potosina y del titular del Interapas son violatorias a los derechos humanos con respecto al despido de los trabajadores e irregular en lo referente a la Ley de Transparencia del Estado de San Luis Potosí”.
“Esto viene a reforzar lo que siempre he manifestado que el Interapas oculta información, lo que ha pasado el día de hoy es una clara muestra de toda la información que se oculta a favor de los fraccionadores y ciertas personas, así como de despachos contratados para resolver asuntos pagándoles sumas millonarias.”
González Tovar dijo que, los trabajadores que hicieron la denuncia pueden promover un juicio político en contra del Alcalde Xavier Nava Palacios, bajo los causales del artículo 10 de la Ley de Juicio Político en sus fracciones 3, 6, 7, 8 y 9.
Dichas fracciones se refieren a; Las violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos y sus garantías así como cualquier infracción a la Constitución Política del Estado o a las leyes estatales cuando cause perjuicios graves al Estado, a uno o varios municipios del mismo o a la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones.
También se consideran las omisiones de carácter grave, las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la administración pública estatal o municipal, y a las leyes que determinen el manejo de sus recursos económico y el manejo indebido de fondos y recursos del Estado, de los municipios o de cualquier ente público, que ponga en riesgo el funcionamiento de las instituciones de las que forme parte.
