Ante otros contratos presuntamente irregulares por 22 millones de pesos en la Secretaría de Salud, los diputados de los Partidos Verde Ecologista de México y de Movimiento Ciudadano, así como el presidente de Acción Nacional, exigen la renuncia de la titular Mónica Rangel Martínez y señalan que antes de solicitar otro crédito, el gobernador debe aclarar las denuncias públicas de corrupción.
Juan José Rodríguez publicó este jueves en su columna Las Nueve Esquinas en el Periódico Pulso, que a pesar de que la Contraloría estatal le advirtió a la Secretaría de Salud que la licitación no era procedente, otorgó dos contratos por la suma de 22 millones 502 mil pesos a empresas que participaron en lo que llamaron la “Estafa Maestra” en el Estado de Baja California.
Por unanimidad, los miembros del Comité adjudicaron de manera directa el contrato para elaborar la “Guía de Dotación de Equipo Médico”, con un importe de 16 millones 763 mil 160 pesos a “Kazpher Proyectos, Insumos y Mantenimiento Universal, S.A. de C.V.”. La “Actualización de Evaluación Socioeconómica” se contrató con “Servicios Empresariales Aplicados Glutivec, S.A. de C.V.”, en 5 millones 739 mil 680 pesos. En total, 22 millones 502 mil pesos.
El diputado Eugenio Govea Arcos, señaló en un comunicado de prensa, que debe atenderse el llamado que han realizado diferentes organizaciones, el propio diputado Edgardo Hernández Contreras y el Partido Acción Nacional (PAN), para que la titular de la Secretaría de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, sea separada del cargo mientras se realiza la investigación sobre presuntas irregularidades en el manejo de los recursos.
Indicó “hay cientos, miles de millones de pesos que han pasado por sus manos en este tema y, recordemos que ya llevan 5 años en la gestión, y hay sospechas en el manejo de los recursos. Tengo entendido que ya se ha solicitado por parte de un diputado federal de Morena, una investigación a través de la Auditoría Superior de la Federación”.
“Es un asunto de la mayor trascendencia, el Gobernador del Estado debe tomarlo con absoluta responsabilidad y seriedad porque de lo contrario estaría cubriendo irregularidades”, dijo.
“Hay también señalamientos muy puntuales donde se especifica sobre presuntas licitaciones a modo para favorecer a tal o cual proveedor; por ello, debe a mi juicio, tomarse decisiones a la mayor brevedad en este tema.
El diputado del Verde, Edgardo Hernández Contreras en otro boletín pidió que la titular de la Secretaría de Salud del Estado, Mónica Liliana Rangel Martínez sea separada del cargo mientras se realizan las investigaciones para deslindar cualquier responsabilidad de presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos.
“Hoy, la Auditoria Superior del Estado (ASE), tiene la encomienda de revisar a detalle los ejercicios fiscales de los años 2018, 2019 y lo que va del 2020 de la Secretaría de Salud, por los señalamientos que existen en contra de la Secretaría. Ojalá que también se realice a la brevedad un seguimiento técnico digital de la Unidad de Inteligencia Financiera del Sistema de Administración Tributaria (SAT), para saber qué está pasando con las denuncias que han presentado diferentes organizaciones sobre el manejo de los recursos”, abundó.
Hernández Contreras exigió la separación inmediata de Mónica Liliana Rangel del cargo, porque no puede continuar como representante de salud por los señalamientos que hay en su contra e indicó que es lamentable que “el actual gobierno este terminando con problemas serios de inseguridad y ahora con señalamientos de corrupción”.
El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Juan Francisco Aguilar Hernández, dijo que es preocupante que la Secretaría de Salud haya otorgado en 2018 dos contratos que sumaban 22.5 millones de pesos a dos empresas involucradas en el escándalo de “La Estafa Maestra, aunado esto a otras acusaciones; “la funcionaria debe separarse de su cargo para que se investigue a fondo y esté tema sea transparentado”, indicó.
“Es lamentable que en medio de la pandemia por Covid-19, salga a relucir malos manejos de los recursos públicos de la Secretaría de Salud, pero sobretodo, el silencio que se ha hecho en torno a los hechos que han trascendido a través de medios de comunicación y grupos de ciudadanos organizados”; enfatizó.
Urgió al gobernador, Juan Manuel Carreras López, a establecer postura en torno a lo que ha venido ocurriendo con los recursos públicos del estado; “por un lado el Ejecutivo busca endeudar más al Estado y reestructurar una deuda pública, bajo pretexto de que hacen falta recursos para atender la crisis de salud y económica, pero no hay transparencia en el manejo del recursos por parte de las dependencias del Estado”; enfatizó.
Dijo que si el gobierno del Estado pretende llevar a adelante sus pretensiones sobre endeudamiento y reestructuración de deuda, puede iniciar con transparentar los recursos públicos que ejercen las secretarías; “así se podría tener confianza en que los recursos que se pretenden serán aplicados con transparencia y beneficiaran a las y los potosinos”, concluyó.
- Esta es la publicación de la columna Las Nueve Equinas de Juan José Rodríguez:
Dos empresas fantasmales que están bajo investigación de la Fiscalía General del Estado de Baja California, acusadas de haber celebrado cuatro contratos fraudulentos por 94 millones 520 mil 309 pesos con la administración del exgobernador Francisco Kiko Vega, entre 2017 y 2019, fueron traídas a San Luis Potosí en esa misma época por los Servicios de Salud del Estado que encabeza la doctora Mónica Liliana Rangel Martínez, para adjudicarles en forma directa dos contratos “de asesoría” por un total de 22 millones 502 mil 840 pesos.
El 19 de noviembre pasado, el licenciado Amador Rodríguez Lozano, secretario general de Gobierno de la nueva administración encabezada por Jaime Bonilla Valdez, que inició su mandato el primer día de ese mismo mes, denunció ante la Fiscalía General estatal lo que llamó “La Estafa Maestra de Baja California”. Se trata de un complejo entramado de 91 empresas que en conjunto recibieron de las arcas estatales, a lo largo de tres años, mil 224 millones 562 mil pesos “por concepto de asesorías, consultorías y otro tipo de servicios no comprobados”.
Consecuencia de esa denuncia (número 0202-2019-42685), el pasado 8 de mayo elementos de la Fiscalía y de diversas corporaciones policíacas catearon la residencia del exgobernador Vega en Tijuana. Hay también imputaciones contra su esposa Brenda Ruacho.
Entre ese conglomerado de empresas acusadas de cobrar servicios que no prestaron, dos de las más beneficiadas son “Kazpher Proyectos, Insumos y Mantenimiento Universal, S.A. de C.V.” y “Servicios Empresariales Aplicados Glutivec, S.A. de C.V.”. La primera recibió, entre 2018 y 2019 dos contratos por un total de 42 millones 646 mil 183 pesos, y la segunda, entre 2017 y 2018, otros dos que suman 51 millones 874 mil 126 pesos. El gran total es de 94 millones 520 mil 309 pesos.
De acuerdo a lo manifestado en su momento por Rodríguez Lozano, (Semanario Zeta de Tijuana 26/11/19) ninguna de esas empresas figura en el padrón oficial de proveedores de Baja California, algunas no están inscritas en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio nacional ni estatal, y las que sí lo están se crearon en los últimos tres años”.
De acuerdo con su Registro Federal de Contribuyentes, Kazpher se constituyó en agosto del 2016 y Glutivec en febrero de 2017. Muy pronto comenzaron a recibir jugosos contratos.
Una búsqueda en internet arroja que Kazpher tiene domicilio en “Plaza Buenavista 411, en Tultitlán Estado de México”. Tal domicilio no existe. En el Padrón de Proveedores y Contratistas del Edomex aparece inscrita como empresa “Comercializadora”, representada por Verónica Ruth Casas Ortega, quien no registró ningún teléfono o correo electrónico ni domicilio particular. Los Servicios de Salud potosinos contrataron esta firma para elaborar la “Guía de Dotación de Equipo Médico” para el Hospital Central.
Por lo que se refiere a Glutivec, aparece en el mismo padrón con domicilio en el número 42 de la calle Julio Ruelas, colonia San José Insurgentes, “municipio de Tultitlán, Edomex”. La colonia San José Insurgentes existe en la Ciudad de México, alcaldía Benito Juárez, pero no en Tultitlán. En el 42 de la calle Julio Ruelas se ubica una modesta vivienda familiar, sin ningún rótulo o identificación empresarial. De esta empresa hay registro de dos supuestos socios, Gustavo Melchor Méndez y Viviana Solís Ortega, quienes en el padrón mexiquense ya mencionado tampoco anotaron ningún teléfono, correo o domicilio particular. Glutivec se describe como una compañía dedicada a “compraventa, arrendamiento, producción, fabricación, importación, exportación, consignación, almacenaje y distribución de todo tipo de bienes afectos al comercio”. Fue contratada por la dependencia a cargo de Mónica Liliana Rangel Martínez para “actualizar una evaluación socioeconómica” relacionada también con el Hospital Central.
LA TRAMA POTOSINA
El 20 de diciembre de 2018 a las 14:00 horas se inició una “Reunión Ordinaria del H. Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de San Luis Potosí”, en sus oficinas de la prolongación de la Calzada de Guadalupe. El motivo de la misma fue desahogar una solicitud hecha por la Subdirección Operativa (de la Dirección de Administración), mediante el memorándum 32208 de fecha 18 del mismo mes y año (o sea, tan solo dos días antes), para “La contratación de asesoría profesional para determinar la Guía de Dotación de Equipo Médico y actualización de la Evaluación Socioeconómica requeridos para gestión de recursos federales del presupuesto de equipamiento del nuevo Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto”.
Previamente, la dependencia que jefatura la doctora Rangel Martínez había solicitado la autorización de la Contraloría General del Estado a fin de expedir, para esas contrataciones, la “Licitación Pública Nacional SSSLP-LP-N181-2018”, correspondiente al rubro de “Otras Asesorías para la Operación de Programas”. Con fecha 12 de diciembre y mediante el oficio CGE-DT-DGLIP-DJCP-1463-2018, la Contraloría estatal le respondió diciendo que esa licitación no era procedente, en virtud de que la Ley de Adquisiciones del Estado no contempla el concepto “Otras Asesorías para las Operación de Programas”, y que si aún así se procedía a adjudicar el contrato sería “bajo la responsabilidad del H. Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud”.
Conocida la postura de la CGE, el H. (sic) Comité se desentendió de cualquier proceso de licitación por convocatoria pública y procedió a hacer la adjudicación directa de los contratos. Si existieron otras propuestas, no hay constancia de ello en el acta de la reunión del 20 de diciembre del 2018, documento de 5 hojas mecanografiadas a renglón cerrado, que incluye las firmas autógrafas de sus nueve integrantes más la titular del Órgano Interno de Control que asiste en calidad de asesora. Una copia obra en poder de esta columna.
Por unanimidad, los miembros del Comité procedieron a adjudicar de manera directa el contrato para elaborar la “Guía de Dotación de Equipo Médico”, con un importe de 16 millones 763 mil 160 pesos a “Kazpher Proyectos, Insumos y Mantenimiento Universal, S.A. de C.V.”. La “Actualización de Evaluación Socioeconómica” se contrató con “Servicios Empresariales Aplicados Glutivec, S.A. de C.V.”, en 5 millones 739 mil 680 pesos. En total, 22 millones 502 mil pesos.
No olvidemos que Kaspher y Glutivec se registraron en el padrón de proveedores del gobierno del Estado de México como “Comercializadoras”. Tampoco hay que olvidar que vinieron a sacarse la lotería en San Luis Potosí simultáneamente con sus venturosos y jugosos negocios en Baja California.
El acta de la multicitada reunión dedica un par de hojas a una farragosa y muy mal redactada descripción de lo que se estaba contratando. En esencia, la “Guía de Dotación de Equipo Médico” para el Hospital Central es un extenso catálogo de aparatos, instrumentos, dispositivos y otros materiales para la adecuada atención médica de los pacientes. Por su parte, la “Actualización de Evaluación Socioeconómica” se refiere a poner al día un trabajo hecho un año antes para justificar ante la Secretaría de Hacienda la inversión en las nuevas instalaciones del Hospital Central.
Consultado el tema con varios expertos, la opinión fue coincidente: se trata de trabajos que perfectamente hubiera podido hacer un equipo multidisciplinario con personal del propio Hospital, de distintas escuelas e institutos de la UASLP y del IPCYT, probablemente a un costo equivalente al 15 o 20 por ciento de lo que se contrató con Kazpher y Glutivec. Por cierto, nadie entre los directivos del “Morones Prieto” tuvo nunca noticia, ni antes ni después, de lo que se contrató. Supongo que los mantuvieron en la ignorancia -no obstante ser los principales interesados- para que no fueran a echar a perder el negocio.
Teóricamente, a estas alturas del calendario ambas empresas fantasmagóricas deben haber entregado desde hace meses sus trabajos. No sabemos si lo hicieron, pero ya lo indagaremos.
Dada la especial circunstancia que impone la pandemia y conocido el sello de la casa, es segurísimo que el gobernador Juan Manuel Carreras no imponga ningún correctivo a esta clase de oscuras maniobras. Pero si lo que más importa es no incomodar ni tantito a doña Mónica Liliana Rangel Martínez, hay una manera sencilla y eficaz para prevenir repeticiones. Que le nombre tres nuevos colaboradores a la doctora: un director administrativo, que al actual Salvador Javier Cerda Ramos; al director jurídico, Juan Manuel Barbosa Martínez, y la contralora interna (cuyo nombramiento hace el Contralor General del Estado), Yolanda Elizabeth Andrade Contreras. Con esas tres áreas que se sustraigan al férreo control de la doctora, se queda sin margen de maniobra (la asesoría es gratuita).
Los integrantes del H. Comité que firmaron la adjudicación en beneficio de Kazpher y Glutivec fueron su presidente ejecutivo y director de Administración Antonio Alberto Hernández Hernández, quien falleció por males respiratorios el pasado 23 de enero; el subdirector jurídico Francisco Aarón Acuña Moreno, quien desde principios de año despacha como secretario particular de la doctora Mónica, ya que su antecesor murió en un accidente automovilístico la noche del 24 de diciembre del 2019. Firmó también el titular de la COEPRIS, Carlos Alberto Aguilar Acosta; el enviado de la Dirección de Planeación, Luis Daniel Meraz Rosales; el director de Atención Médica, Juan Jesús Martínez López; el director de Salud Pública, Marco Aurelio Gamba Aguilera; el director del Laboratorio Estatal de Salud Pública, Raúl Cárdenas Flores; la subdirectora Operativa, Sandra Pulido Valencia y el jefe del Departamento de Adquisiciones, Emilio Vázquez Almendárez. Solo como asesora, la contralora interna Yolanda Elizabeth Andrade Contreras (sin que conste ninguna objeción suya al procedimiento atestiguado).
Ya sin espacio para Comprimidos, unos pocos comentarios breves sobre la misma temática: muy sorprendente y desconcertante que de súbito la doctora Rangel Martínez haya decidido comenzar a hacer chapuza con las cifras y datos del Covid-19. Eso y no otra cosa fue el presentar láminas de la capital como si fueran de todo el Estado. La explicación que luego dio no fue en absoluto creíble… Un primer cruce de nombres y razones sociales no arrojó conexiones entre la trama aquí descrita y la del fraudulento Gabriel Gabo Alan Salazar, pero hay que seguir investigando… La propia doctora tiene una extraña fascinación por traerse a colaborar con ella a funcionarios que han sido removidos de sus cargos en otras entidades por comportamientos inaceptables. Esta es otra historia.
Hasta el próximo jueves.
