** San Luis Potosí, S.L.P. / Com. Soc. / Julio 6 de 2022.- Con un fuerte operativo policial, digno de la captura de un narcotraficante de alto nivel, el Gobierno del Estado criminaliza e intimida una manifestación del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado, para acallar la libre manifestación pacífica, donde hubo familias, adultos mayores, niños y discapacitados, informó el Comité Ejecutivo del SITTGE a través de un comunicado de prensa.
El Comité Ejecutivo lamentó profundamente que el Poder Ejecutivo del Estado evada su responsabilidad para con las demandas laborales de los empleados y considera lastimosas las declaraciones del secretario general de gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez cuando achaca al Sindicato la presunta comisión de presuntos delitos y hasta la sola intención de llevarlos a cabo, sin que tenga elementos que fundamenten sus acusaciones.
“Más allá, fuera de toda razón, el uso de tanquetas “artilladas” y decenas de policías antimotines evidencia la intención de reprimir a los manifestantes, que quieran o no, son parte del pueblo potosino, porque somos sus trabajadores, nunca sus enemigos”, comentó.
En el boletín mencionan que en ningún momento hubo el intento de dialogar por parte del funcionario para que escuchara las demandas y carencias de los trabajadores, causadas por el mismo Gobierno del Estado, cuando violó sus derechos humanos y laborales desde el inicio de la actual administración.
Tampoco hubo interés para atender la instrucción que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona les dio el 22 de febrero para resolver los asuntos laborales del SITTGE, ni tampoco para cumplir la minuta firmada por la autoridad estatal el 8 de abril, así, tan sólo se trató de un acto de prepotencia y abuso de poder en contra de los más débiles, abunda el documento
Criticaron que Torres Sánchez alega que respeta la libertad de expresión, cuando ha sido el mismo gobierno estatal que él representa, quien a través de la prensa, difundió la presunta existencia de una demanda penal contra integrantes del comité tras una protesta, siendo así una real amenaza para encarcelarlos por defender los derechos, pues a la fecha no se ha notificado oficialmente tal querella al sindicato, desconociendo quién la interpuso, ni bajo qué delitos, vulnerando con amagos el derecho a expresar las demandas, mediante la libre asociación, organización y manifestación.
Lo peor de todo, menciona el sindicato, es que el encargado de la política del gobierno estatal evade su responsabilidad en la atención a las demandas laborales de sus empleados, al conminarlos a que acudan ante los tribunales laborales para dirimir tales asuntos, eliminando él mismo su obligada participación en ello, e ignorando maliciosamente que existe la referida minuta por escrito, en donde el poder ejecutivo estatal se compromete a cumplir todos sus puntos, así como evitando la previa orden que le dio el mandatario estatal para resolver las demandas del sindicato, e incluso, desconociendo las mesas de trabajo que se realizan entre parte sindical y parte patronal.
Es necesario precisarle al secretario general de gobierno, cita el documento, que los tribunales administrativos y laborales están bajo el poder del propio Poder Ejecutivo del estado, aunque legalmente debieran ser autónomos, que inclusive una hermana suya, Silvia Torres Sánchez fue designada magistrada del Supremo Tribunal de Justicia, y que pese a ello, las y los más de 150 trabajadores afectados por violaciones del gobierno estatal a sus derechos laborales, ya han presentado las denuncias correspondientes, sin que a la fecha haya iniciado acción alguna referente a éstas, por lo que, difícilmente podrán prosperar a favor de los demandantes.
