La auditora Rocío Cervantes y el presidente de la organización ciudadanos Observando, Guadalupe González, descalificaron el perdón a los involucrados en la denominada “fiesta fantasma” de la Auditoría Superior del Estado a través de un pago económico.
Tanto el presidente de la organización como la auditora revelaron que analizan la posibilidad de impugnar la decisión de la jueza. El caso data del año 2017, cuando el ex titular de la ASE, José de Jesús Martínez Loredo y los ex funcionarios Abraham Payán y Fernando Barrera Guillén, además del presunto proveedor, Benjamín Lozano Canseco, simularon un evento navideño para desviar 600 mil pesos, tres años después una jueza ordenó que devuelvan ese dinero más intereses. Guadalupe González consideró que el castigo sea penal, para mandar una señal de que no se va a tolerar la corrupción.
“Aquí nosotros proponemos que debería de haber castigos y sanciones para que se mande un mensaje de no permitir la corrupción, como yo estoy también dentro del proceso de quien puso la primera denuncia penal, estoy analizando con un grupo de abogados para poderlo impugnar y no otorgarles el perdón”, adelantó el presidente de la organización.
Por su parte, la titular de la Auditoría Superior del Estado dijo que “la jueza determinó que para ella sí era suficiente el castigo y por eso se ordenó que se tuviera que reparar el daño con la medida económica sobre el daño que se hizo más las actualizaciones, de hecho ayer se depositó la primera cantidad que se había acordado ante la juez”.
La auditora afirmó que tampoco estuvo de acuerdo con la reparación del daño a través del pago del dinero, ya que correspondía que la demanda penal procediera. “Manifestamos algunas situaciones de objeción por la medida que se presentó, porque sentíamos que no estaba reuniendo ciertos requisitos, pero aún así, la jueza decidió que sí se estaban reuniendo los requisitos que marca la ley, al final de cuentas es un derecho al que se puede acoger cualquier persona que esté vinculado a un proceso, aunque no estemos de acuerdo”.
Cabe recordar que los mismos cuatro ex trabajadores, entre ellos el ex titular José de Jesús Martínez Loredo, están involucrados también en el caso de la nómina secreta y desvío de recursos por 35 millones de pesos en el pago de pensiones. Ambos procesos siguen bajo investigación en la Fiscalía General del Estado.
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