- ** Estados Unidos va por políticos mexicanos, Sheinbaum responde que no protegerán a nadie que haya cometido delitos, pero que se necesitan pruebas contundentes e irrefutables.
- ** Nueve de los acusados enfrentarían una pena mínima obligatoria de 40 años en prisión, la máxima sería cadena perpetua: entre ellos están el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza Cazarez; y el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios.
- ** Sinaloa es el epicentro geográfico del narcotráfico mundial: Estados Unidos.
San Luis Potosí, S.L.P. / Abril 30 de 2026.- Sin pruebas claras, el objetivo del Departamento de Justicia de Estados Unidos es político, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum tras las acusaciones por narcotráfico contra 10 funcionarios mexicanos y la solicitud de detención provisional con fines de extradición.
Luego de que el Departamento de Justicia del Distrito Sur de Nueva York hiciera públicas acusaciones contra 10 funcionarios mexicanos, tres en activo y siete retirados, por presuntamente asociarse con el Cártel de Sinaloa para distribuir narcóticos a Estados Unidos y por delitos relacionados con armas, la presidenta de México reiteró que si la FGR recibe pruebas contundentes deberá proceder conforme a derecho bajo la jurisdicción del país.
Entre los acusados están el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya; el senador morenista por Sinaloa y ex secretario general de Sinaloa, Enrique Inzunza Cazarez; y el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil. “Conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para importar narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos”, detalló el comunicado de Estados Unidos. Las penas mínimas serían 40 años en prisión.
Las Acusaciones son contra la Cuarta Transformación: Rocha Moya
Rocha Moya publicó en sus redes el rechazo a las acusaciones de Estados Unidos, aseguró que el ataque no es solo contra él, sino contra el movimiento de la Cuarta Transformación, sus dirigentes emblemáticos y las mujeres y hombres mexicanos que representan esa causa. Detalló que es una estrategia perversa para violar el orden constitucional y la soberanía nacional, refiriéndose al Artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“No le temo a nada, porque soy una persona limpia, al pueblo de Sinaloa le digo que, con el valor y la dignidad que nos caracterizan, demostraremos la falta de fundamento de esta calumnia”, dijo el gobernador de Sinaloa.
Durante la mañanera de este jueves Sheinbaum reiteró que, desde que asumió la presidencia de México, juró hacer respetar la Constitución y las leyes, “asumí el compromiso de velar por el bienestar del pueblo y la defensa de la soberanía nacional. Verdad, justicia y defensa de la soberanía”.
Preocupante Solicitar Extradición sin Ninguna Prueba: Morena
El Comité Ejecutivo Nacional de Morena emitió un comunicado, externó su preocupación ante la solicitud de extradición de Estados Unidos, vulnera los principios básicos del debido proceso y del Estado de derecho. Además, la forma en la que comunicaron las acusaciones, “viola la confidencialidad establecida en los tratados internacionales”
La Secretaría de Relaciones Exteriores recibió la noche del 28 de abril 10 documentos donde solicitó la detención provisional con fines de extradición de los 10 funcionarios, activos y retirados, y fue turnado a la FGR.
La FGR informó que la legislación mexicana señala que para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión, requieren presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona cometió un delito, y que las solicitudes recibidas carecen de elementos probatorios suficientes.
Sin embargo, abrirán una investigación y Sheinbaum afirmó que, no cubrirán a nadie que haya cometido delitos, sin embargo, “si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”.
El Gobernador de Sinaloa, el Senador Morenista y el Alcalde de Culiacán Acusados de Narcotráfico
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador mexicano y ex secretario general de Sinaloa, Enrique Inzunza Cazarez; el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil; y el Fiscal General Adjunto de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, Damaso Castro Zaavedra, fueron acusados de tres cargos: conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
Las sanciones mínimas que podrían enfrentar son pena mínima obligatoria de 40 años en prisión y la máxima sería cadena perpetua, la sentencias serán determinadas por la jueza federal Katherine Polk Failla.
El gobernador de Sinaloa tiene 76 años, el senador tiene 53 y el alcalde de Culiacán 41.
Los otros siete funcionarios gubernamentales o policiales enfrentan los mismos cargos, son: el ex secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega;
los ex jefes de la Policía de Investigación de la FGE de Sinaloa, Marco Antonio Almanza Aviles y Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”; el ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez; el ex subdirector de la Policía del Estado de Sinaloa, José Dionisio Hipólito, alias “Tornado”
Además, el ex comandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Milán, alias “Juanito”, de 35 años de edad está acusado de los mismos tres cargos más, secuestro con resultado de muerte y conspiración para cometer secuestro con resultado de muerte, su sentencia sería obligatoriamente cadena perpetua.
Los cargos por secuestro son por presunta participación en contra una fuente de la DEA y de un familiar, que resultaron en sus muertes.
Sinaloa el Epicentro Geográfico del Narcotráfico Mundial
El comunicado del Departamento de Justicia señala que el Cártel de Sinaloa es una de las organizaciones criminales más violentas del mundo y convirtió a Sinaloa en el epicentro geográfico del narcotráfico mundial.
Desde el estado mexicano del norte, el Cárter colabora con elementos criminales de todo el mundo, productores y distribuidores de cocaína en Colombia y Venezuela, narcotraficantes y políticos corruptos en Centroamérica y Sudamérica, y fabricantes de precursores químicos en China, para distribuir grandes cantidades de narcóticos en Estados Unidos y causar graves daños a las comunidades de todo el país.
La organización criminal perpetró actos de violencia desenfrenada, incluyendo miles de asesinatos, en México y otras partes del mundo, incluyendo Estados Unidos.
Para proteger y expandir este imperio del narcotráfico, presuntamente se alió con políticos y funcionarios policiales corruptos, incluidos los acusados, quienes abusaron de su autoridad en apoyo del Cártel, expuesto a las víctimas a amenazas y violencia, y vendido sus cargos a cambio de sobornos cuantiosos. De hecho, ciertos agentes de policía en México, incluidos, según las acusaciones, algunos de los acusados, han participado directamente en la violencia y las represalias del Cártel, incluyendo el asesinato de enemigos del Cártel y el secuestro de personas en México sospechosas de cooperar con las autoridades estadounidenses en esta investigación.
