Por presunto desvío de recursos públicos, la Fiscalía General de la República (FGR) reactivó una investigación en contra del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona y miembros cercanos de su familia, así lo dio a conocer esta mañana el periodista Juan José Rodríguez en su columna Las Nueve Esquinas, publicada en el Periódico Pulso.
El ”Tigre” asegura que la Fiscalía General de la República reactivó la carpeta de investigación número FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, abierta en el año 2020 a raíz de una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda que involucra a 19 individuos, encabezados por el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, su papá, su mamá, dos hermanas, un tío y varios asociados más, así como a 20 empresas, la mayoría de ellas, propiedad de la familia Gallardo. El dinero objeto de operaciones sospechosas asciende a 724 millones 608 mil 296 pesos.
Cita la existencia de una solicitud de información girado por un agente del Ministerio Púbico Federal, del 24 de julio de 2024, dirigido a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, para que en un plazo de 10 días hábiles informe si en los archivos y bases de datos a su cargo “existen inmuebles o vehículos registrados a nombre de las 19 personas y 20 empresas referidas. Otras dependencias oficiales recibieron escritos similares.
El texto incluye un párrafo en el que se lee: “No resulta óbice establecer que el artículo 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales impone a los servidores públicos la obligación de proporcionar la información que les requieran para la investigación de un hecho delictivo”.
Menciona el columnista otro oficio dirigido al titular de la Policía Federal Ministerial, firmado por cuatro funcionarios: el titular de una “célula” de investigación, otro funcionario que revisó; uno más que supervisó y al final la titular de una fiscalía especializada que da el visto bueno.
El documento es del 9 de agosto pasado, y dice: “por medio del presente, solicito sirva girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que con carácter de urgente, se designen elementos bajo su mando y lleven a cabo los siguientes actos de investigación: Identificar el modus vivendi de las siguientes personas (sigue la lista que encabezan José Ricardo Gallardo Cardona y Ricardo Gallardo Juárez). Enlistados los 19 nombres, se añade: “deberán identificar domicilios donde habitan, actividades comerciales y laborales, así como vínculos personales y familiares, si tienen antecedentes penales, registro de propiedades y vehículos a su nombre.
También solicita “identificar el modo de operaciones de las morales (se agregan los datos de las 20 empresas), e instruye: “deberá identificar el o los domicilios donde se encuentran operando, así como las sucursales que tuvieren, debiendo realizar una inspección en los mismos a fin de corroborar si las citadas morales cuentan con personal e infraestructura para operar, de igual manera deberá identificar el giro de las empresas, relaciones comerciales y/o cualquier otro elemento que evidencien la existencia de las citadas morales”.
El 9 de septiembre, asegura la publicación de este jueves, la corporación policiaca rindió un “Informe de Investigación Criminal” de carácter preliminar. Son 32 páginas con información básica, fotografías incluidas, parte de la cual se puede obtener en fuentes abiertas. Advierte el informe que son “resultados obtenidos hasta la fecha”.
En otros dos oficios, del 29 de agosto 2024, dirigidos con carácter de urgente y confidencial a la en ese momento alcaldesa de Soledad de Graciano Sánchez y al alcalde de la Capital. A ambos funcionarios se les requiere para que informen si cuentan con registros contables de que entre 2012 y 2019 sus respectivos ayuntamientos hayan celebrado contratos con las empresas Clínica de Especialidades Wong, S.A. de C.V.; Grupo Axioma Kusuri, S.A. de C.V., e Investigaciones Médicas del Potosí. En caso de ser positiva la respuesta, se les solicita hagan llegar a la autoridad ministerial federal los respectivos expedientes.
Por último, como antecedente, Rodríguez Medina señala que con fecha 14 de agosto del 2020, el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, presentó ante la Fiscalía General de la República una “denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delito”.
Puntualiza que son 66 páginas en las que se describe cómo Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona operaron una red de socios y empresas para disponer de casi 725 millones de pesos procedentes de los presupuestos de los ayuntamientos de Soledad y la Capital, durante los años en que ambos fueron alcaldes (2009 a 2018).
Las Nueve Esquinas, aquí.
https://pulsoslp.com.mx/opinion/y-eso/1868661
