A ser mediador y colocar al Poder Legislativo como “un espacio para privilegiar la palabra y el diálogo con el Gobierno del Estado de San Luis Potosí que aún tiene una objeción infundada”, se comprometió el diputado federal por Morena, Manuel Alejandro Robles Gómez, para que termine tal represión en el Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado (SITTGE).
Robles Gómez consideró que los abusos laborales en que incurre el gobernado José Ricardo Gallardo Cardona, lamentablemente es una constante nacional, inclusive en gobiernos emanados de la Cuarta Transformación, porque no aceptan la nueva cultura laboral democrática de López Obrador y quieren que siga el corporativismo sindical del pasado, pugnando que el legislativo sea el puente en esa transición, a una nueva era en el país, para terminar con las resistencias de funcionarios con el apoyo del grupo parlamentario de Morena.
Llamó al mandatario potosino a respetar la nueva legislación laboral que impulsó el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, para que sea realmente un mandatario de la Cuarta Transformación, porque “tiene que abrazar los principios obradoristas y eso es hasta sus últimas consecuencias” para respetar los derechos de las y los trabajadores, y no sea “gatopardismo”, pues no puede actuar como lo hacían los gobernadores del viejo régimen.
En conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, la secretaria de tesorería del Sindicato, Francisca Reséndiz Lara, solicitó al legislador subir un punto de acuerdo para que los diputados citen al mandatario potosino a comparecer y para que lo conminen a resolver la violación de derechos humanos y laborales, que él mismo generó”.
Y dijo que el SITTGE ha sido el único sindicato mexicano que ha interpuesto tres denuncias por abusos laborales en la sede de la Organización Internacional del Trabajo, por violar los convenios internacionales 87, 98, 111 y 190 al impedir, coartar y reprimir la libertad sindical, y lamentó que a pesar de mantener mesas de trabajo con la administración estatal, sigue hostigando a los miembros del sindicato con despidos ilegales, afectando a trabajadores discapacitados de seguridad y reteniendo recursos sindicales.
