El colectivo de búsqueda de personas Voz y Dignidad por Los Nuestros AC denunció públicamente que en los últimos meses han sido víctimas de intimidaciones y amenazas de grupos delictivos durante las actividades de búsqueda y volanteo para localizar a sus seres queridos.
Particularmente señalaron que estas acciones de violencia se han hecho presentes en sus diligencias en las zonas Huasteca y Media del Estado e informaron que estas situaciones de inseguridad ponen en peligro no solo a las familias integrantes de esta asociación civil, sino también al personal que conforma la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP).
«Estas situaciones de peligro también se han extendido al personal de la Comisión Estatal de Búsqueda y no solo es lamentable y preocupa que omite el gobierno estatal el deber para tomar acciones para detener la violencia, sobre todo en las zonas de la Huasteca y la Zona Media».
Exhortaron a las autoridades gubernamentales a tomar acciones para detener estos actos de violencia que vulneran su derecho humano a la verdad y la justicia, entorno de las desapariciones de sus familiares.
Así como se dispuso en el Informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU en su visita a México de 2022, que determinó que es obligación del Estado asegurar de forma prioritaria la realización de análisis de riesgos de colectivos y familiares involucrados en procesos de búsqueda, investigación y acompañamiento a las víctimas de desaparición, así como otorgar una respuesta rápida y efectiva a los incidentes de seguridad.
«Les recordamos que la búsqueda de personas desaparecidas es un tema crucial en cualquier sociedad. En San Luis Potosí, México, la importancia de esta búsqueda se hace aún más evidente debido a la situación actual en la que se han reportado numerosos casos de personas desaparecidas», explicaron integrantes.
Lamentaron que además de este contexto de vulnerabilidad que enfrentan cómo buscadores, el Gobierno Estatal haya cancelado la búsqueda de personas desaparecidas en el municipio de Rioverde por segunda ocasión, situación que consideraron un hecho violatorio al derecho humano de las personas a ser buscadas, como lo indican las leyes federales en México que establecen la obligación de llevar a cabo una búsqueda exhaustiva y eficaz.
«La búsqueda de personas desaparecidas requiere de recursos económicos y humanos adecuados para ser efectiva. Es por ello que resulta fundamental destinar presupuesto suficiente para llevar a cabo las búsquedas necesarias, así como garantizar condiciones de seguridad para el personal de búsqueda y los familiares de personas desaparecidas; y que las autoridades cuenten con la formación y capacitación necesarias para llevar a cabo una búsqueda eficaz», dijeron.
Reiteraron que la búsqueda de personas desaparecidas es un derecho humano reconocido por tratados internacionales de los que México es parte, como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que establece que todas las personas tienen derecho a ser buscadas y a recibir información sobre el paradero de sus seres queridos.
«En México, el derecho a ser buscado está contemplado en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda. Esta ley establece que las autoridades deben llevar a cabo una búsqueda exhaustiva y eficaz de personas desaparecidas y establece los mecanismos necesarios para garantizar el derecho a ser buscado de las víctimas y sus familiares», concluyeron.
