- ** Por estar “mal asesorado” el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona quita a la burocracia estatal los servicios del IMSS, dejándolos sin atención médica especializada, ni tratamientos a largo plazo de cáncer y enfermedades crónico degenerativas que no atiende el servicio médico privado: SITTGE.
- ** Reveló que el Gobernador, a través de la Fiscalía General del Estado, ha emitido una posible orden de aprehensión contra el dirigente de la CMAP, Miguel Ángel Wong Soto por apoyar la lucha del SITTGE.
San Luis Potosí, S.L.P. / Com Soc / Enero 21 de 2023.- Por estar “mal asesorado”, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona viola el derecho a la salud de los trabajadores estatales, pues de forma unilateral les quita los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), denunció la secretaria de tesorería del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado (SITTGE), Francisca Reséndiz Lara.
Pues explicó que los deja en la total desprotección, sin atención médica especializada, ni tratamientos a largo plazo a quienes padecen cáncer, o enfermedades crónico degenerativas, que no atiende el servicio médico privado, y los perjudica en las pensiones y afores, porque hay jubilados y jubiladas que reciben su pensión por parte del IMSS, y es una institución que certifica y autoriza a quienes recibirán tal prestación.
Y denunció que Gallardo Cardona, a través de la Fiscalía General del Estado, ha emitido una posible orden de aprehensión en contra del dirigente de la Coordinadora del Movimiento Amplio Popular (CMAP), Miguel Ángel Wong Soto, en represalia por apoyar al sindicato, lo que consideró preocupante, porque en lugar de resolver las demandas laborales del SITTGE, utiliza la represión institucional en su contra.
Expuso que tal postura autoritaria no abona a resolver la problemática, sino la agrava y que el único que puede cumplir la minuta del 8 de abril del 2022 es el Gobernador, pero que ante la cerrazón mostrada para que conceda audiencia, acuden al respaldo de organizaciones mundiales para solicitarla, mediante el “Foro Internacional de Solidaridad con el SITTGE” que se realizará el lunes 23 de enero.
Consideró que el mandatario estatal recibe información distorsionada de sus asesores, por lo que teniendo datos reales, confió en que modificará su conducta y dará marcha atrás a las decisiones que violan los derechos humanos y laborales de los burócratas estatales, al respetarles el acceso a la salud, y resolver la problemática laboral que él mismo generó contra quienes integran el Sindicato.
SITTGE se inconformará por violación al derecho a la salud de trabajadores estatales
Reséndiz Lara adelantó que ante la pasividad del sindicato mayoritario y la aceptación de la ilegalidad de quitarles el IMSS a la burocracia, el SITTGE se inconformará, porque explicó que existe una jurisprudencia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual señala que sí la representación sindical mayor, decide algo que daña a los trabajadores, el sindicato minoritario puede solicitar su derogación.
“Probablemente al Gobernador lo mal informan, y haga este tipo de comentarios y acciones, que en primer lugar nunca se nos ha mandado ni por escrito, ni en forma oficial, nada más ha sido de palabra, sí fuera cierto que van a quitar el servicio médico del IMSS sería un gran agravio para los compañeros trabajadores, porque es algo que está marcado por ley”, señaló.
Explicó que el servicio médico privado tiene un tope económico, que por un padecimiento o intervención quirúrgica puede superarse, ante lo cual el IMSS prestaba la atención especializada necesaria subsecuente en Monterrey, o en la Ciudad de México, sin costo para el trabajador, pero sin tal prestación, ahora el costo saldrá del bolsillo de la empleada o empleado, quien no tiene capacidad financiera para cubrirlo.
Ejemplificó que cuando al paciente en su operación o tratamiento médico, se le acaba el recurso que ampara el servicio privado, el hospital, o clínica particular les cobran de 15 a 100 mil pesos para que sigan recibiendo la atención médica, por lo que en estas situaciones, los empleados optan por acudir al IMSS, en donde continúan con las atenciones a su salud sin costo, por ser una prestación laboral.
Dijo que también la ventaja del Seguro Social es que en las consultas, les proporcionaba el medicamento en forma gratuita, porque refirió que en el servicio médico del gobierno estatal, sólo se les subsidia el 25% del costo de las medicinas, y el o la trabajadora tienen que pagar el 75% restante, pero eso sí, tienen que entregar la factura por el 100%, con lo que el estado se allega ilegalmente de fondos al cobrarse el total.
Indicó que también hay jubilados que reciben pensión del IMSS y al quitarles la prestación, quedan en la nada, porque dijo que la Dirección de Pensiones del Gobierno del Estado se niega a pensionar o jubilar a quienes cumplieron su ciclo laboral, pues la instrucción es que renuncien, o terminen su vida laboral, sin recibir pensión alguna.
Y añadió que por mucho que el Gobierno del Estado quiera igualar el servicio que ofrece el IMSS, al anunciar presuntamente la instalación de consultorios estatales, no podrá, porque las instalaciones del Seguro Social tienen medicina de tercer nivel, además negó que el Poder Ejecutivo del Estado haya realizado consulta entre la burocracia para quitar tal servicio, y tampoco ha notificado oficialmente.
