- ** Quien tendría que poner el ejemplo es Citlalli Hernández Mora, quien funge simultáneamente como Senadora de la República y Secretaría General del partido, en flagrante violación a las reglas estatutarias, señalan
Ciudad de México / Com Soc / Octubre 9 de 2022.- Como resultado de las denuncias y las impugnaciones presentadas por la Convención Nacional Morenista, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena finalmente se ha visto obligada a reconocer lo evidente.
Tal y como señala el artículo 8 del Estatuto vigente de Morena, ninguna autoridad estatal, funcionario público o legislador, de los tres niveles de gobierno, puede ocupar cargo ejecutivo alguno en Morena.
Esto se refiere no solamente a los Comités Ejecutivos, nacionales y estatales, sino también a las «Coordinaciones Distritales» que incluye todos y cada uno de los congresistas nacionales «electos» en las Asambleas Distritales del pasado 30 y 31 de julio.
Es decir, los más de 2,000 funcionarios públicos y legisladores que hoy fungen como Congresistas Nacionales de Morena tendrían que haber renunciado a sus cargos en el partido (o en su caso realizado la separación de sus cargos gubernamentales) antes de la realización del III Congreso Nacional Ordinario el pasado 17 de septiembre.
Al no haberlo hecho, ese Congreso queda nulo de pleno derecho, como lo habían denunciado desde la Convención Nacional Morenista, y por lo tanto todos los nombramientos y reformas ahí realizados no tienen vigencia jurídica alguna.
Inconformes con el proceso, esperan que esta resolución reciente de la CNHJ de Morena no sea puro humo para intentar distraer a las bases y que realmente se cumpla en tiempo y forma.
Quien primero tendría que poner el ejemplo, por ejemplo, es Citlalli Hernández Mora, quien funge simultáneamente como Senadora de la República y Secretaría General del partido, en flagrante violación a las reglas estatutarias.
Los otros 2 mil congresistas en situaciones similares también tendrían que decidir entre sus cargos gubernamentales y sus cargos partidistas.
En el caso de que decidan mantenerse en sus puestos gubernamentales tendrían que poner sus cargos partidistas a disposición de la militancia, para que otros candidatos que hayan participado en las asambleas del 30 y 31 de julio ocupen sus lugares o, en su caso, se realicen nuevas asambleas distritales extraordinarias.
Esta resolución es, sin duda, una gran victoria de los combativos convencionistas, quienes a lo largo y ancho de la nación han defendido sus derechos partidistas y demandado que se cumpla con la legalidad de nuestro partido-movimiento.
