El columnista del Universal, Mario Maldonado, publicó este día que Ricardo Gallardo otra vez está en el “ojo del huracán”, porque identificaron un lucrativo negocio familiar “que replicaron en sus administraciones municipales padre e hijo”.
La publicación menciona que el delito de lavado de dinero que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) podrían reactivarla y judicializarse pronto en la Fiscalía General de la República (FGR) aún cuando lleva 130 días en el Gobierno del Estado, con fuero y todavía sin turnar al Congreso un proceso de declaración de procedencia.
Narra que la denuncia del 14 de agosto del 2020, presentada en la FGR, por hechos posiblemente constitutivos de de delito contra 20 personas morales y 19 físicas están encabezadas por Ricardo Gallardo Cardona y su padre Ricardo Gallardo Juárez, y que el 9 de septiembre, la misma información contra el hoy mandatario, sus familiares y sus empresas, se presentó mediante oficio No. 110/305/2020 ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, porque la FGR “no mostraba indicios de movimiento”.
Sobre la forma de operar, el columnista del universal escribe textualmente lo siguiente:
Las denuncias de la UIF describen detalladamente un esquema por el que se desviaron 724.6 millones de pesos de recursos públicos provenientes de los municipios de Soledad Graciano Sánchez y San Luis Potosí, los cuales fueron gobernados en diversos periodos, entre 2012 y 2019, por José Ricardo Gallardo Cardona y su padre Ricardo Gallardo Juárez, respectivamente.
Los recursos fueron enviados a tres personas morales, identificadas con los nombres de Clínica de Especialidades Wong, SA de CV; Grupo Axioma Kusuri SA de CV, e Investigaciones Médicas El Potosí, las cuales, a su vez, realizaron diversas transacciones financieras con la finalidad de hacer llegar esos recursos a otras compañías cuyos accionistas se identifican como miembros de la familia Gallardo Cardona.
Entre las firmas identificadas como propiedad de los Gallardo se encuentran Distribuidora Gallardo SA de CV; Gallardo Continental SA de CV; Inversión Creativa Desarrollos Inmobiliarios SA de CV; Tangamanga Continental SA de CV, e Inmobiliaria Joriga SA de CV. Los accionistas identificados de estas empresas, además del propio gobernador potosino, son María del Pilar Cardona Reyna (madre) y Kimberly Guadalupe Gallardo Cardona (hermana).
En total, se identificó un lucrativo negocio familiar que replicaron en sus respectivas administraciones municipales padre e hijo, y que con el paso del tiempo se iba realizando cada vez con menor cuidado, al grado de justificar las millonarias transacciones con contratos entregados a empresas que no contaban con el personal o con los insumos necesarios para prestar los servicios; se trataba de entidades empresariales identificadas como fantasma por el SAT. Precisamente en la coyuntura actual, que apunta a una menor recaudación fiscal y menores ingresos presupuestarios, es que se buscan reactivar los expedientes contra Gallardo y su familia.
Con toda esta evidencia en la mano, la Fiscalía General de la República y su brazo especializado en anticorrupción ahora sí buscarían actuar tras haber permitido que Gallardo participara en las elecciones de 2021, y que tomara posesión como gobernador.
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