Una queja contra la sentencia del juez del juzgado Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México que permite al gobernador electo de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona “El Pollo”, acceder a la averiguación previa SEIDO/UEIORPIFAM/292/2014, bajo el argumento de que la investigación “sigue activa”, presentó la FGR el 5 de julio en el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México.
Tras un año de litigios, el juzgado determinó conceder a Gallardo Cardona acceder al expediente, pero precisó que se deben testar (borrar) datos personales de personas que estén incluidas en la investigación, publicó MILENIO este fin de semana.
“Este órgano de control constitucional, estima que si en su caso, en los acuerdos ministeriales (propuesta y autorización) de donde se solicitó copia certificada, se encontraran elementos que vinculan a personas extrañas a la parte quejosa, de modo que al expedirse copia certificada de los mismos pudiera violentarse la secrecía respecto de las demás personas; entonces, indefectiblemente, la autoridad responsable al entregar las copias certificadas de la propuesta y autorización de No Ejercicio De La Acción Penal, deberá adoptar las medidas correspondientes, entre otras, por ejemplo, testar los datos que correspondan a diversa persona de la parte quejosa, a menos de que sea indispensable o necesaria para que José Ricardo Gallardo Cardona cuente con los elementos que impliquen su adecuada defensa, específicamente, que los datos de las diversas personas estén relacionados directamente con éste”.
MILENIO puntualizó que ha dado seguimiento a las investigaciones que el gobierno federal ha iniciado contra José Ricardo Gallardo Cardona y como ejemplo cita la publicación del 17 de junio pasado, cuando informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) prepara denuncias por delitos electorales en contra de tres candidatos a la gubernatura de San Luis Potosí, incluido el gobernador electo, Ricardo Gallardo, del Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, tras detectar aparente financiamiento ilícito en sus campañas.
En la publicación de este domingo, se menciona que el recurso de la FGR fue presentado el 5 de julio en el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México y que la carpeta fue iniciada en octubre de 2014, a partir de una denuncia que presentó Rodrigo González Bolaños, representante de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 209 millones de pesos.
El dinero, según la carpeta de investigación SEIDO/UEIORPIFAM/292/2014, fue desviado de las arcas municipales de Soledad Graciano Sánchez (octubre de 2012 y septiembre de 2014) cuando Gallardo Cardona fue alcalde, a través de cuatro empresas. En tres de ellas, el actual gobernador electo de San Luis Potosí, junto con su madre y hermana, eran o son socios mayoritarios.
Documentos judiciales consultados por MILENIO detallan que José Ricardo Gallardo Cardona fue detenido en diciembre de 2014 y dejado en libertad el 7 de diciembre de 2015, por falta de elementos para procesar, originados porque el Ministerio Público integró mal el expediente.
“Efectivamente el quejoso José Ricardo Gallardo Cardona, en su carácter de Presidente del Municipio de Soledad, del estado de San Luis Potosí, distrajo de su objeto para usos propios recursos económicos pertenecientes al estado, no obstante haberlos recibido en administración, conducta que bien pudiera actualizar algún otro ilícito, por los motivos y razonamiento acabados de exponer, tal valoración resulta incorrecta a fin de tener por acreditado el elemento del cuerpo del delito de que se trata”, menciona la resolución de un Tribunal Unitario en Sonora que ordenó su libertad.
El fallo nunca fue impugnado por el Ministerio Público de la extinta Procuraduría General de la República, sin embargo, dejó abierta la investigación.
El 8 de junio, dos días después de la elección, el titular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que estaba trabajando en los primeros siete casos de candidatos en los que se detectaron anomalías en el sistema financiero durante el periodo de campañas de candidatos a gobernador, diputados federales y alcaldías en al Ciudad de México.
En el caso de Ricardo Gallardo, sumaría investigaciones tanto en la UIF como en el CNI que lo vinculan con grupos delictivos. En el caso de la UIF, se detectó un aparente financiamiento a su campaña con dinero ilícito, además de que Gallardo tiene ya una denuncia por parte de la UIF desde julio de 2020 por presunto lavado de dinero, de la cual aseguró que consultó a la UIF para corroborar que no tenía ni cuentas bloqueadas, ni investigaciones en su contra, pero la investigación existe y ya está en manos de las autoridades correspondientes, cuyos hallazgos eran información confidencial que no podían entregarle.
Nota completa de MILENIO
https://www.milenio.com/policia/fgr-pide-revision-acceso-ricardo-gallardo-averiguacion
