Aunque reconoció que no hay un registro oficial como militante panista, fueron aportaciones económicas y tener vínculos partidistas con Acción Nacional, lo que llevó al Tribunal Estatal Electoral a quitarle la posibilidad de reelección a la alcaldía de la capital a Xavier Nava Palacios con el partido Morena, según explicó la presidenta del Tribunal Denisse Adriana Porras Guerrero.
«Hay una premisa constitucional para la reelección que él está buscando que dice que puede ser postulado por los mismos partidos que lo postularon, sí existe una salvedad que dice que también se puede dar en caso de que haya perdido la militancia o haya renunciado previo a la mitad del mandato, pero nosotros consideramos que existían suficientes pruebas para evidenciar este vínculo partidista, es decir, no basta con que de forma literal haya una credencial que diga militante cuando hay otra serie de pruebas hasta como aportaciones de cantidades», detalló la magistrada.
Denisse Porras recordó que fue por una serie de impugnaciones por parte de varios partidos políticos que el Tribunal analizó el caso y definió que no era procedente la candidatura. Agregó que «lo primero que hay que tener claro es que el Tribunal no actúa de oficio, es decir, se interpusieron impugnaciones por parte de varios partidos políticos y nosotros nos dimos a la tarea como es nuestra obligación de estudiar esos agravios que ellos estaban esgrimiendo, y a nuestro parecer y apegados a la constitución sus agravios fueron fundados y suficientes para revocar el dictamen de registro de la procedencia de Xavier Nava».
Sobre el anuncio de iniciar un juicio en contra de los tres magistrados por parte de Nava Palacios, Denisse Adriana Porras dijo respetar su decisión, pero subrayó que los actores políticos están obligados a respetar las reglas, la ley y las instituciones. «Estamos convencidos de su constitucionalidad y legalidad de lo que hicimos, nosotros no nos vamos a confrontar con nadie, siempre habrá una parte que se sienta afectada y que sienta que se le favoreció a la otra parte”.
Porras Guerrero negó finalmente que los tres magistrados del Tribunal hayan actuado con dolo o con tintes políticos y puntualizó por último que acatarán la resolución final que brinde el Tribunal Regional con sede en Monterrey.
