Todos hemos escuchado esa consigna que reza: “Órgano que no se usa se atrofia”, misma que se aplica a cuestiones fisiológicas del ser humano; pero también puede utilizarse metafóricamente hacia los Órganos del Estado; a las Instituciones y figuras que en ocasiones son rebasadas por la dinámica social, la tecnología, la desaparición de las causas para las que fueron creadas o bien por el surgimiento de un órgano superior que absorbe sus funciones. El Juez Auxiliar es una figura que el Poder Judicial de nuestra entidad ha venido olvidando quizá por ignorancia, soberbia o flojera de funcionarios que lo relegan y ubican solamente como una “tradición” a la que no le conceden utilidad alguna, pese a que nuestro materialismo rampante podría aplaudirlo pues prácticamente es ¡gratuito! Y es que en efecto quienes ocupan las titularidades y suplencias -que también son importantes- de un Juzgado Auxiliar, lo hacen honoríficamente y no cobran un centavo por atender a sus vecinos en quejas, consultas, hechos de violencia, delitos, invasión de tierras y hasta certificación de testimonios que pueden resultar vitales como medios probatorios en múltiples asuntos de orden agrario, civil, familiar, electoral y penal.
Ya desde el medievo se tienen registros de esta figura y también en diferentes momentos del intento de eliminarla como órgano de autoridad moral que deviene de la costumbre y el conocimiento de los designados a juicio de una Asamblea General de cada comunidad. Mucho tiempo se quiso pasar por alto esta figura tratando de reemplazarla por Jueces letrados que además estuviesen asalariados. Sin duda una abusiva medida que entronizó pequeños y destructivos cacicazgos que abonaron al incordio colectivo, a la inconformidad social; sobre todo en los municipios más indígenas donde incluso se regían por Cabildos de Indias que reconocían en gran parte las costumbres de los pueblos. Los Oficiales de Jurisdicción Real complicaron mucho las cosas y así las Jefaturas Políticas o Prefecturas vinieron durante todo el siglo XIX a atentar contra la conciliación, impartición de justicia y Gobierno que significan en una medida inicial muy saludable, los Juzgados Auxiliares. Pero ¿Cómo es entonces que los Jueces Auxiliares siguen existiendo? Además de la costumbre y tradición de Buen Gobierno que con gran raigambre y modalidades especiales en cada región de nuestro país, el Juzgado Auxiliar siempre ligado al municipio por obvia jurisdicción territorial, pero también por la cuestiones de Gobernanza elemental dicho esto sin sentido peyorativo, los Jueces Auxiliares vienen a ser la representación más legítima de la voluntad de un Pueblo para solucionar in situ sus propios problemas y acudir solo en casos inevitables frente a la autoridad superior. Los Juzgados Auxiliares que deben y suelen descansar en personas no letradas pero con suficiente calidad moral y sentido común, que gozando del respeto de su comunidad pueden conciliar, decidir, amonestar e imponer su autoridad para que los problemas comunitarios no crezcan o incluso se resuelvan, acercando la Justicia a las comunidades no solo indígenas sino de las áreas suburbanas de nuestra misma capital del Estado. Han sido Los Juzgados Auxiliares, en múltiples casos, colaboradores para la resolución de controversias vecinales, electorales, familiares y Agrarias. En San Luis Potosí los reconoce la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial como parte de su estructura con funciones más o menos enumeradas. A pesar del poco apoyo en reglamentación específica, los Juzgados han seguido funcionando y la gente de las comunidades y barriadas municipales conoce perfectamente al Juez, su domicilio, su familia, sus tareas particulares y sobre todo lo que le corresponde hacer. Son generalmente respetados, pero hoy esa autoridad que se desprende de su figura moral y legal quiere ser aprovechada por malos munícipes que los consideran una elemental forma de control político de las comunidades; también aquellos interesados en cometer fechorías como despojos, invasiones etc. Estos servidores públicos, los municipales, sí deben estar ligados y apoyar a los Jueces Auxiliares para cualquier emergencia o necesidad comunal; su naturaleza es muy convergente con el gobierno que ya se ha dicho ejercen a querer o no sobre cada grupo los Jueces, que se constituyen en aterrizadores de programas, realizadores de acciones y políticas públicas y hasta legitimadores de las acciones de administración pública municipal. Pero esa convergencia y trabajo juntos no debe ser de subordinación y el Consejo de la Judicatura ha olvidado hacerse cargo de las asambleas, las convocatorias, la supervisión y la capacitación que hace años no se lleva a cabo. En el Estado de Nuevo León se han dejado en manos de los municipios pero eso no resuelve. Qué mejor que haya un equilibrio y contrapeso como debería darse aquí, entre municipio y Poder Judicial. Pero no puedes dejar al lobo cuidando las gallinas, pues se imponen caciquillos abusivos que facilitan a los malos Gobiernos Municipales la hechura de fechorías como el despojo y apoderamiento de tierras. El Consejo tiene la palabra.
PEDRO OLVERA / Retruécanos / San Luis Potosí, S.L.P. / Julio 31 de 2020.
