Por Alejandro Zapata Perogordo/ Ideas/ San Luis Potosí, S.L.P.
De los pendientes en México aún se encuentra el superar nuestro proceso de transición. La cuestión en comento implica la transformación de instituciones y reglas que otorguen certidumbre en la convivencia social, económica y política.
Bajo esa tesitura, el regreso del PRI a los Pinos encarnaba la suspicacia de volver a un esquema autoritario -que aún persiste-, sobre todo porque en los años previos, fueron los gobernadores de ese partido, quienes enarbolaron en los estados -y lo siguen haciendo-, un sistema dictatorial, con prácticas virreinales, degradando todos los avances democráticos existentes, en consecuencia, la desconfianza que prevalece tiene un sustento ganado a pulso. La distancia entre los hechos y el derecho, entre lo escrito y la realidad, continua siendo amplia y divergente, razón fundamental para encontrar una ruta de recomposición.
La reciente aprobación de la reforma política en las Cámaras del Congreso de la Unión, lleva esa tendencia, quienes opinan que se corre un riesgo con ella, tienen razón. Cualquier cambio, entraña la posibilidad de fracasar, sin embargo, la cuerda desde hace algunos años se ha ido estirando, bajo la disyuntiva de que se rompa y, bajo esa perspectiva lo conveniente era bajar la presión y abrir cauces de equilibrios, de entendimiento y de búsqueda de alternativas.
Tampoco es una aventura incierta, se trata de una reforma amplia y calculada, con temas que se han discutido durante décadas, como el caso de la reelección de legisladores y alcaldes o bien, la autonomía de la Procuraduría General de la República.
La segunda vuelta electoral no tuvo eco, se quedó sin consenso, en su lugar se optó por la figura de gobiernos de coalición, con la intención de conformar mayorías parlamentarias a través de un cogobierno, que permite compartir agenda y gobernabilidad, evitando los recurrentes sobresaltos e inestabilidad que con frecuencia tenemos.
La parte medular y también la medida más controvertida se localizan en la transformación del Instituto Federal Electoral en un Instituto Nacional Electoral. Este apartado se ha visto muy polemizado al considerar al inicio de la discusión la desaparición de los organismos electorales locales, circunstancia que no ocurrió, aunque se les retira la autonomía de la que estaban investidos y se les dan facultades expresas, retirándoles algunas importantes que ahora las toma el INE, así como se determina el número de integrantes, que serán nombrados por el instituto nacional.
Además implica que se homologan todos los procedimientos electorales en un solo cuerpo normativo, evitando que existan 32 códigos locales, así mismo se creará una Ley de Partidos a nivel nacional, para regular a estos ya sean Partidos Políticos nacionales o estatales, junto con ello también se ordena realizar una legislación específica para los delitos electorales que tenga cobertura en todo el país.
Con lo anterior se intenta evitar que los gobernadores metan indebidamente las manos en los procesos electorales, unificar los criterios en todo el país y establecer reglas claras para la competencia electoral.
El diseño puede ser perfectible, como todas las leyes. Aunque la cuestión de fondo se ha centrado en la parte federalista, en realidad quienes conocen a profundidad la materia, les preocupan otras particularidades, tanto que deben aterrizar en la ley secundaria como la forma de abordar la amplitud del reto.
La reforma política y electoral en México, se encuentra en la etapa de nacimiento, ahora le toca el turno a los Congresos Locales, es precisamente ahí donde tendremos la oportunidad de observar la altura de miras de los legisladores estatales, su autonomía, su independencia, la riqueza de sus ideas y argumentos, la aportación al país o, también su disciplina ante el ejecutivo local, su ignorancia, la carencia de intelecto o simplemente surja por ahí algún tonto con iniciativa.
Pues bien, es momento de definiciones, quien no lo haga, puede ser señalado como traidor por todos.
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