Festín legislativo

Por Jesús Juárez Portillo / Comentarios / San Luis Potosí, S.L.P.
Con motivo de la reforma a diversos artículos de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de julio del 2008, en dónde se decreta el cambio del actual sistema penal “garantista” y se instaura el sistema penal acusatorio. Esto trajo como consecuencia que todas las entidades federativas, adecuarán sus Constituciones, así como sus Códigos Penal y Procesal penal. Fijándose como fecha límite el 8 de junio del 2016 para la entrada en vigor.
En nuestro estado como ha venido siendo costumbre a la cuestión jurídica, se le da poca importancia y en el asunto que nos ocupa no fue la excepción. Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial han dejado conocer el tiempo para jugar al “dejar hacer…dejar pasar”, es decir, no intervenir.
Sin embargo, para poder recibir los recursos que aparta la Federación, el Ejecutivo envió al Congreso del Estado una iniciativa de la creación de los nuevos Códigos Penal y de Procedimientos Penal es y publicados el 16 de octubre del 2012, estableciéndose que entrarían en vigor el primero de marzo del presente año.
Sabedores de los poderes, “o no poderes”, diría el clásico: no existió la capacitación y profesionalización de los funcionarios que la pondrán en marcha; no se construyeron las salas donde se instalarían las autoridades judiciales para desarrollar la pomposa Reforma Penal, con los anclados juicios orales.
Afirmamos que no existe capacitación y profesionalización, con la falta de peritajes relativos a las causas de la tragedia en la Mina de Charcas, en donde murieron cinco trabajadores y que la Procuraduría ha dejado correr el tiempo, encubriendo a los responsables del fatal accidente. Vemos igualmente que los policías municipales se ven inmiscuidos en diversos delitos, cuando ellos al igual que los peritos serán los principales actores en los procedimientos penales que mandata la actual Constitución sobre todo en lo referente a la garantía del respeto a los derechos humanos así como el debido proceso.
Otra notoriedad ha sido la falta de transparencia y rendición de cuentas ahora tan señalada por Peña Nieto, sobre los más de 70 millones de pesos del fracasado proyecto de la implementación del proceso penal acusatorio.
Ahora de la chistera, el Congreso y el Ejecutivo se sacan la gran idea de dejar al azar el Código Procesal ya que el Congreso de la Unión decretó del código procesal penal, único en todo el país; y en lo referente al Código Penal se pospone la entrada en vigor al día 30 de septiembre de este año no debemos perder de vista que ambos códigos deben ser concordantes para evitar problemas de orden jurídico, por cierto a las 22 horas del día 28 de febrero no se había publicado por parte del ejecutivo la derogación de la votación de los decretos 1153 y 1156.
Por todo lo anterior en un caso insólito nuestro Estado estuvo sin legislación penal vigente. Qué grandes autoridades tenemos no cabe duda.