Abusivos y Homicidas

Por Adriana Ochoa/ La Cábala/ San Luis Potosí, S.L.P.

Lo que faltaba: además de torturadores y homicidas, las filas de las policías en San Luis Potosí cuentan con violadores de mujeres, según expediente de queja investigado y armado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el DQ-800/2013.

Le toca ahora al procurador aclarar la denuncia de una joven a quien detuvieron como culpable por el asesinato de su novio. El asunto es importante para la sociedad, aunque probablemente no para el procurador, acostumbrado ya a pasarse con soda críticas por casos como el de Karla Pontigo, muerta hace un año en un antro, y el de civiles a quienes se exhibe como asaltantes, se les mata a golpes en los separos y luego un juez señala detención injusta e ilegal.

Por el lado de la Policía Estatal, a cargo del secretario Joel Melgar Arredondo, cosas aún más horribles. La cuenta de homicidios policiacos este año comenzó el 8 de enero con un menor de edad acribillado a tiros en la parte posterior de un taller, en Ciudad Valles. La delación de vecinos reveló que Daniel Zamorano Rocha, un adolescente, fue asesinado por agentes estatales.

Escandaloso aún más que después de matar a un detenido a golpes, se divulgue que el joven fue al baño, se cayó de su propia altura porque el piso estaba mojado y murió minutos después de las terribles lesiones sufridas.

Y el gobernador ha salido lo mismo a explicar que el detenido “se murió cayendo o cayendo se murió”, y a subrayar el carácter de inamovibles de los titulares de la Procuraduría General de Justicia, Miguel Ángel García Covarrubias, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Joel Melgar.

Ya con la retahíla de escándalos por muertes de detenidos, el último de ellos en las celdas municipales a donde lo entregaron golpeado, el director de la Policía Estatal, José Luis Urban Ocampo, tuvo a bien emitir una circular o comunicado interno en el que señala la prohibición de golpear a un arrestado. Se vale, sigue, aplicar la fuerza necesaria, pero si se resiste, su seguridad es responsabilidad de quien lo detiene.

A esa prohibición de golpear personas arrestadas, le sigue la de detener vehículos de procedencia extranjera, a menos que estén involucrados en un delito. El señalamiento, reseñado por un perfil de Facebook elaborado por policías estatales, es muy claro el porqué de evitar sanciones sobre estos vehículos: la extorsión frecuente de agentes que marcan alto a los conductores no porque se trate de cumplir las leyes comerciales y de importación de carros, sino porque los agentes suelen obtener un beneficio ilícito.

Por último, les pide también no detener migrantes no molestarlos si no hay delito qué perseguir.

El gobernador anuncia muy complacido que toda su plantilla policiaca estará “certificada” para fines de año y San Luis no necesitará plazo extra. ¿Certificada en qué, con esos antecedentes recientes? Si la certificación es como esos sistemas de calidad donde no hay tontos, incompetentes, deshonestos ni irresponsables, sólo “oportunidades de mejora”, valiente sello de garantía.

Para mayor desesperanza si el gobernador le apuesta por completo a los exámenes de certificación antes que a la aplicación ejemplar de la ley a los malos agentes, a los abusivos. Melgar, hábil para escurrirse, evita los temas.

De todos los homicidios a manos de policías no se sabe más y el castigo a los responsables no se ve. Se asumen con fastidio las observaciones sobre estos casos, como algo menor para tragar y olvidar. Esos asuntos son cosa menor en comparación con el inigualable servicio que dispensan los jefes policiacos de disponer varios elementos, una Suburban, una pick up y un sedán poderoso para que sigan por las mañanas a un joven deportista hasta por las veredas del parque Tangamanga. A veces es Urban mismo el que encabeza muy temprano el despliegue, cuando aún no amanece. Un montaje así de condescendiente no tiene precio.

Como tampoco tiene precio contar con un piquete de hombres con armas largas en las manos, alrededor de una señora con carrito de compras por los pasillos del Costco. Se entiende la necesidad de seguridad por el tipo de figuras, pero no se conoce a empresario o directivo alguno en San Luis, ni en México, que lleve en forma así de chocante y aparatosa a sus escoltas. Por incomodidad, o por temor a una bala accidental, hay gente que se aleja de los pasillos por donde circulan estos personajes.

No, seguramente no hay nada que reprocharles a las cabezas del gabinete de seguridad. Algún detenido tenía que morirse o ser abusado algún día por la propia policía, pero se trata de una estadística mínima, aislada y olvidable.

Paletadas de tierra

Luego de que el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Distrito echó abajo la asignación del contrato por 390 millones de pesos para equipar y conectar a la red WiMAX HDT más de mil aulas de nivel básico, quien asignó el negocio, el Comité de Adquisiciones del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT), notificó al proveedor que los trabajos se suspendían para cumplir la sentencia.

Hasta donde se sabe, el proveedor, Servicio Chileno Mexicano, ya casi daba por cerrado su compromiso, así que no faltarán muchas laptops por entregar y escuelas por conectar a la red. Este nivel de avance pone en aprietos el cumplimiento real de la sentencia, pues los magistrados invalidaron la asignación de raíz, lo que significa echar atrás todo y reponer.

No obstante que recibiría más de 18 millones de pesos de Gobierno del Estado como contraprestación para realizar la licitación, el IPICYT y su Comité de Adquisiciones no licitaron el complicado y voluminoso contratote. Lo asignaron y eso lo hizo invalidable, como ya ocurrió. IPICYT entonces no cumplió y el Gobierno debería recuperar el dinero comprometido como paga.

En todo esto, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, encargada de que los contratos se cumplieran, según se establece en el convenio de Gobierno con IPICYT, ha mantenido una actitud de desprendimiento total de responsabilidades. Se entiende que el anterior titular, un hombre meticuloso y decente, haya tenido el tino de no hacer la licitación, pero parece que escogió a un licitador inadecuado, sobre todo uno que llevaba tiempo asignando contratos “a dedo” al mismo proveedor, según se aprecia en registros del IFAI.

Hay nuevo titular en SEGE, pero la actitud de “a mí ni me volteen a ver” no cambió. Es un negocio de 390 millones de pesos el que tumbó el Segundo Colegiado de Distrito, no un cajón callejero con cucuruchos de nueces. ¿O van a simular que cumplen la sentencia sin reponer el proceso de origen?

Y sobre todo, ¿quién es el proveedor de equipos y servicios de conexión inalámbrica que se llevó el contrato y no es capaz de tener un sitio web o una referencia empresarial en internet?

Rarito, muy rarito.

Rollos Sueltos

EL MILAGRITO. Algo mejor a esperar que Diosito lo arregle todo tendrán que ir haciendo las autoridades locales y estatales con el asunto del cierre del depósito de desechos de Peñasco y la creación de un nuevo espacio. Esta semana, la justicia federal falló en contra del promovente un juicio de amparo contra la continuada operación del tiradero de Peñasco, ya agotado, y porque no se le cancela la concesión a Vigue-Red Recolector, quien lo opera.

EL ATORÓN. La creación de otro sitio de disposición de residuos se empantanó desde hace ya casi tres años, tras la muerte de un joven en la comunidad de El Jaralito, en una incursión de la Policía Estatal para tratar de controlar una protesta de los habitantes de la comunidad contra la instalación de un nuevo confinamiento de basura doméstica en predios cercanos.

SERÁ PARA NUNCA. Después de esa muerte, a manos de un policía, es impensable que Vigue pueda regresar a esa localidad con su proyecto. Sería, de insistir, un retorno muy conflictuado y riesgoso, pese a haber conseguido las autorizaciones técnicas y comprado el predio.

PARCHES. Lo que ha hecho la concesionaria es comprar predios cercanos a Peñasco para abrir y operar celdas emergentes, pero el tiempo pasa y su compromiso de un nuevo depósito no puede realizarse. Esta fue la razón para que un particular buscar la vía legal para invalidar la concesión a la empresa.

VAYA PLEITOS. La demanda fue admitida, pero los abogados de la empresa presentaron un recurso de queja alegando falta de interés jurídico del promovente y ganaron. Sin embargo, se cree que haya otros intereses que podrían moverse, en especial cuando el negocio de la basura ha dado para pleitos y zancadillazos de empresas que disputan las concesiones en las ciudades del país.

DE NUEVO VERDE. La jefa de la bancada priista Rosa María Huerta cuenta a Marianela Villanueva como “priista” en todos sus planes de aritmética legislativa, pero el jueves, en el evento de conmemoración del 60 aniversario del voto femenino en el país (las potosinas lo obtuvieron treinta años antes), la diputada dio el discurso de las mujeres a nombre del Verde.

VANIDAD DELATA. Y todo porque Huerta no podía perderse hablar ella a nombre de las priistas, pues faltaba más.

OFERTOTA. Que para recuperar a la dupla del Panal a favor de la tenencia, ahora sí el Gobierno prometer que depositarán todo lo que le deben al magisterio de aportaciones descontadas pero no realizadas a diversos fondos y a Pensiones.

CREDIBILIDAD. El problema es que lo que les deben es una suma mucho mayor a la recaudación esperada de la odiada tenencia y como que no se ven muy convincentes.

NO PARA SIEMPRE. Que para el primer trimestre de 2014, descabezadero en delegaciones federales de todo el país. Con indicadores en mano, para que no se quejen los gobernadores.