Al menos en la designación de los ganadores de las últimas dos preseas y de una magistratura en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, a punto de terminar la sexagésima tercera Legislatura, el Congreso del Estado de San Luis Potosí cerró con broche de oro con decisiones que lo caracterizaron: Atendiendo a las élites, dejando pasar conflicto de intereses e incluso violando la Constitución.
En los dos primeros casos estuvieron involucradas las y los integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, que preside la panalista María Claudia Tristán Alvarado cuyos dictámenes luego fueron avalados por la mayoría del Congreso en Pleno.
Sin demeritar la trayectoria de los galardonados, en el caso de la Presea al Mérito “Plano de San Luis” en su edición 2024 que le fue otorgada post mórtem a Teófilo Torres Corzo, galardón que recibió una de sus hijas. Desde hace algunos años el galardón ha perdido su esencia cívica y se ha convertido en una especie de cachondeo político en beneficio de los gobernantes en turno. Nadie niega la trayectoria de Teófilo Torres Corzo, pero la misma se circunscribe al ámbito de la política partidista. Recuerdo cuando dejó el interinato en la gubernatura y me citó a en su búnker de la calle Carlo Magno para pedirme me sumara al ejército de directivos, columnistas, articulistas, reporteros y demás comunicadores que estaba reclutando para ayudarle a construir la candidatura por el PRI y ganar el Gobierno del Estado por la vía constitucional, sueño que pese al despliegue de su estrategia mediática nunca pudo cumplir.
En la Presea a la Trayectoria Periodística “Francisco Zarco” 2024 las y los integrantes de la Comisión de marras tuvo ante sí cuatro propuestas para tal galardón que será entregado el 6 de septiembre, una semana antes de que se vayan las y los diputados: José Ángel Martínez Limón, quien por 30 años dirigió el periódico El Sol de San Luis, perteneciente a la Organización Editorial Mexicana (OEM), como “soldado del sistema” como diría el “tigre” Emilio Azcárraga, la propuesta la hicieron periodistas de viejo cuño que tuvieron su fama durante el prianato, así como por Ricardo Ortega Camberos, el director del diario al que perteneció hasta su retiro; el locutor de radio Alfredo Cisneros Parga quien fue propuesto por dos reporteros locales; el reportero gráfico Francisco Miguel Álvarez Méndez quien fue respaldado por al menos medio centenar de firmas de reporteros y reporteros gráficos; y la cuarta propuesta fue José Esquivel Juárez, uno de los fundadores del periódico Pulso y periodista en retiro, que el año pasado ya fue galardonado por el régimen gallardista con el Premio Estatal de Periodismo al Mérito Periodístico.
La presidenta de la Comisión, así como la diputada de Morena, Lidia Nallely Vargas Hernández; el diputado del PVEM y presidente de la Directiva, Roberto Ulices Mendoza Padrón y el emecista-cetemista Héctor Mauricio Ramírez Konishi, se decantaron por Esquivel Juárez. Hasta ahí todo bien, únicamente que al conocerse quién proponía al galardonado resultó que fue la diputada del PVEM, Cecilia Senllace Ochoa Limón, hija del finado todopoderoso en el sexenio del priista Fernando Toranzo Fernández, Cándido Ochoa Rojas. Pero además, la diputada gallardista es presidenta de la Comisión Especial de Atención a Periodistas, en un ofensivo y burdo conflicto de intereses. Incluso, se menciona que la propuesta del galardonado provino originalmente del dirigente del PVEM, también diputado local y ex presidente de la Comisión Especial, Eloy Franklin Sarabia, quien le pidió a su diputada que la presentara. Si en ambos legisladores verdes no hubo dignidad en no participar en el proceso donde los otros tres integrantes fueron respaldados por el gremio periodístico, las y los diputados de la Comisión de Educación debieron ponderar esa situación y privilegiar lo propuesto por las y los periodistas, pero lamentablemente no fue así.
Y para cerrar con broche de oro, de entre ocho propuestas que cumplieron los requisitos de elegibilidad, el Pleno del Congreso del Estado, por mayoría del PVEM y sus aliados designaron al abogado Rafael Aguiñaga Calderón como magistrado integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado durante los próximos cinco años. Sin embargo, antes de la votación, el ex priista ahora galindista, Edmundo Azael Torrescano Medina, advirtió que de no elegirse a una mujer el Poder Legislativo estaría violando el mandato constitucional de la paridad de género, ya que actualmente el Pleno der la Judicatura lo integran tres hombres y únicamente una mujer, disparidad de género que continuará gracias a la aplanadora verde y aliados. Todo parece indicar que ya sea alguna de las tres mujeres que compitieron o juntas o tal vez colectivas feministas, promuevan una impugnación para obligar a las y los 18 diputados y diputadas que votaron por un masculino, enmiendan la plana y decidan con perspectiva de género.
PEPE ALEMÁN / Holoverso / San Luis Potosí, S.L.P. / Agosto 28 de 2024.
